?La urgencia de protocolos efectivos en la educación inclusiva

Más que buscar culpables, debemos preguntarnos si nuestras instituciones educativas están realmente preparadas para garantizar tanto la inclusión como la seguridad de toda la comunidad escolar.

En Chile, la Ley de Autismo N°21.545, señala que los establecimientos deben ofrecer las condiciones necesarias para la educación de estudiantes con autismo, garantizando su acceso y participación plena. Sin embargo, la implementación de esta normativa ha evidenciado deficiencias en la capacitación de los docentes, la disponibilidad de profesionales de apoyo y la falta de herramientas concretas para manejar situaciones de desregulación emocional y conductas disruptivas. La violencia en las aulas no puede justificarse ni minimizarse, pero tampoco debe ser abordada sin un análisis profundo de las causas y medidas preventivas necesarias.

Por otro lado, la Ley de Violencia Escolar exige que los establecimientos educacionales adopten medidas que aseguren un ambiente seguro para estudiantes y docentes. Sin embargo, en muchos casos, los reglamentos de convivencia escolar no incluyen acciones específicas preventivas para abordar episodios de crisis en alumnos con necesidades educativas especiales. Esto deja a profesores y equipos de gestión sin protocolos claros, aumentando el riesgo de respuestas inadecuadas que pueden llevar a situaciones lamentables como el ocurrido en Ñuble.

Es crucial que las escuelas realicen ajustes a los dispositivos de gestión a partir de la circular N°586, incorporando planes de acompañamiento emocional y conductual (PAEC) para minimizar elementos del entorno que puedan generar desregulaciones emocionales y conductuales desde un trabajo colaborativo de todos los miembros de la comunidad educativa. Estos deben incluir la capacitación obligatoria de directivos, docentes, asistentes de la educación y familias, en estrategias de apoyo especializado, la disponibilidad de equipos de soporte y la aplicación de planes de acompañamiento individualizados para estudiantes con diagnóstico de autismo u otras condiciones neurodivergentes. La inclusión no puede quedarse en un principio teórico; necesita de acciones concretas que resguarden tanto la educación de los estudiantes como la seguridad de los profesores.

Este caso nos alerta sobre la necesidad de fortalecer la capacitación y los protocolos dentro del sistema educativo. La solución no pasa por excluir a los estudiantes autistas ni por criminalizar conductas que pueden ser prevenidas con intervención oportuna. Se trata de reconocer que una escuela inclusiva debe ser también una que esté preparada y donde la formación, prevención y contención sean pilares fundamentales para una convivencia escolar armoniosa.

Jeimy Vargas,

Académica Escuela de Educación Diferencial

Universidad de Las Américas