Congreso aprueba proyecto que desde 2026 regula y prohíbe los celulares en las salas de clases y se despacha a ley

La propuesta establece excepciones específicas para el uso de los dispositivos móviles, como situaciones de salud, emergencias o catástrofes, además de actividades pedagógicas donde el celular sea útil.

La Cámara de Diputados aprobó este martes el proyecto de ley, iniciado en mociones refundidas, que prohíbe y regula el uso de dispositivos digitales en establecimientos educacionales.

La iniciativa, que se hará efectiva a partir de 2026, tiene el objetivo de mejorar la convivencia escolar y el rendimiento escolar de los estudiantes, disminuyendo así las distracciones en la sala de clases.

Así, la Cámara realizó seis votaciones a favor relativas a las modificaciones y enmiendas propuestas por el Senado, ratificando el proyecto de ley, el cual quedó en condiciones de ser remitido al Ejecutivo para su pronta promulgación, con lo que a partir del próximo año todos los establecimientos parvularios, básicos y medios del país deberán prohibir el uso de celulares durante las actividades curriculares.

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, destacó positivamente el hecho. “Viene a dar un paso muy significativo en algo que consideramos tremendamente relevante por el efecto pernicioso que está hoy día generando en nuestros niños y niñas en nuestra juventud”, dijo.

El uso de celulares en las salas de clases, señaló, “es un flagelo que no tiene control y que hoy día se constituye una de las principales pandemias que afectan a nuestros niños y niñas y jóvenes, no solamente en Chile, a nivel mundial”.

El proyecto establece excepciones específicas para el uso de los dispositivos móviles, como situaciones de salud, emergencias o catástrofes, además de actividades pedagógicas donde el celular sea útil y solicitudes fundadas de apoderados por razones de seguridad.

En la enseñanza media, en tanto, los colegios podrán definir horarios o espacios donde el uso esté permitido, considerando la autonomía progresiva de los estudiantes.

Ahora, tras la aprobación de esta ley, los establecimiento educacionales deberán actualizar sus reglamentos internos antes del 30 de junio de 2026 y, en 2030 el Ministerio de Educación deberá presentar una evaluación nacional sobre convivencia, rendimiento, bienestar socioemocional y acceso digital.

Durante la discusión de las modificaciones realizadas por la Cámara Alta, se destacó la importancia de esta iniciativa y lo que significará para los estudiantes, aunque también hubo algunas voces disidentes.

El diputado Cristóbal Urruticoechea (PNL) manifestó que si bien votaría a favor de las modificaciones del Senado al proyecto, tenía reparos, ya que el manejo indiscriminado de dispositivos móviles de parte de los niños y adolescentes “es algo de las familias” y la educación que le deben dar los padres al estudiante, y no le corresponde al establecimiento educacional, por lo que con la prohibición de estos dispositivos en el aula “trastocamos límites” que no se deben trastocar.

Mientras, el diputado RN Diego Schalper, autor de unas de las mociones que se refundieron para dar paso a este proyecto, también celebró la aprobación, señalando que “el uso indiscriminado de celulares en menores de edad les hace mucho daño a nuestros niños”.

Los beneficios de esta iniciativa también los destacó el diputado Héctor Barría (DC), quien apuntó que erradicar de las salas de clases el celular le parecía “una idea acertada”.

“Hoy día hay una dependencia que no se ha sabido tratar de la mejor manera posible”, señaló. “ Podría ser un aliado, es verdad, pero cuando tú preguntas muchas veces a algunos estudiantes buscar información en el teléfono, no conocen esa destreza, pero sí editar videos, y el ciberacoso y el ciberbullying, que son situaciones nefastas”.

Los expertos también valoran la medida. Y hacen sus proyecciones. Por ejemplo, Andrea Figueroa, decana de la Facultad de Educación de la U. Central, señala que la restricción “podría incidir en la atención y concentración de los estudiantes y, por tanto, eventualmente, afianzar aprendizajes que, por distintos factores exógenos, no son posibles de integrar y consolidar en el estudiantado”. Advierte, eso sí, que estas medidas “evidentemente” restrictivas tienen que articularse con procesos de formación y uso responsable de la tecnología, “pero particularmente desde la perspectiva de la integración de estos procesos didácticos que se llevan a cabo en el sistema escolar”.

Mientras, Genevy Moreno, académica de la Facultad de Educación UAH, proyecta que una ley por sí sola “no cambia una cultura”, por lo que ahora hay que poner los esfuerzos en una formación sistemática que hay que trabajar curricular y formativamente, “de modo que podamos ayudar a nuestros jóvenes y niños a construir criterios y límites internos de cómo, cuándo y para qué usar estos dispositivos”. Y cierra: “Me preocupa que una prohibición rígida pueda empujar un poco a usos ”clandestinos", sin supervisión ni reflexión, en vez de promover una autorregulación guiada".

En tal sentido, Francisco Silva, académico del Departamento de Educación de la U. Autónoma, contextualiza que la ley se construye desde la prohibición. “Eso sitúa el debate en el teléfono como objeto ‘perjudicial para el estudiante y desde ese paradigma creo que estamos dando una señal equivocada a la ciudadanía”. Y justifica: “Si bien comparto la necesidad de regular el uso de dispositivos móviles, pienso que el foco debiese estar en los propósitos fundamentales de la educación: cómo respondemos a las necesidades de una sociedad que ya es digital”. Prohibir, añade, “puede aliviar una tensión inmediata, pero es como intentar tapar el sol con un dedo”.

Por su parte, Verónica Pantoja, directora del Magíster en Neurociencias de la Educación de la U. Mayor, asegura que la restricción puede ayudar a mejorar la atención en clases y a disminuir la cantidad de distractores que compiten con el docente. Aun así, cree, esta medida también tiene un lado social y emocional, ya que algunos estudiantes pueden sentirse molestos, frustrados o menos conectados con sus pares o entorno, porque el teléfono para ellos también funciona como un puente de pertenencia. “Esto puede generar resistencia si no se gestiona adecuadamente por parte de los establecimientos educaciones como de los apoderados o padres y madres”, concluye.

Del mismo modo, Francisca Romo, académica de la Facultad de Educación UDP, dice valorar la medida. “Esto se levanta como una necesidad, dado que el uso indiscriminado del celular tiene muchos efectos para la convivencia y el aprendizaje, porque quita mucha atención de lo que está pasando en el aula. También le quita mucho tiempo a los docentes al tener que estar fiscalizando este uso”. El tema, advierte, es que “queda muy a discreción de los establecimientos para implementar la medida y eso puede ser complejo”, junto a otras situaciones, como la necesidad de los padres de estar conectados a sus hijos.

Fernanda Orrego, directora de la Escuela de Psicología de la U. Gabriela Mistral, cree que lo ocurrido en la Cámara “es un paso necesario para marcar un límite saludable, donde protege al aula como un espacio de aprendizaje de calidad, de vínculos de calidad, donde el lazo y la interacción es con el compañero, el docente y no con el algoritmo que nos está enviando notificaciones”. Esto, se aventura, “aportará a la salud mental y al desarrollo de una educación de calidad”.

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Autor: Daniela Silva, Francisco Corvalán

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