¿Traerá el plebiscito y una nueva Constitución la paz social?

La violencia se desbordó el domingo, con un muerto, 580 detenidos, 107 eventos graves y ataques a cuarteles y a infraestructura pública y privada. Una de las preguntas que asoman con fuerza, a horas del referéndum, apunta a si el proceso de una eventual nueva Carta Fundamental logrará aquietar las aguas de cara a la etapa que se inicia. Dado lo que ocurrió el domingo en la zona de Plaza Italia y en distintos lugares tanto de Santiago como del resto del país, parece evidente que solo el plebiscito y una eventual nueva Constitución no logrará terminar ni con el conflicto ni la violencia. De partida, es necesario reconocer que existe un debate abierto sobre la causalidad entre ambos factores: el estallido de 2019 y la petición de una nueva Carta Fundamental. Ciertas voces han señalado en la discusión pública que la violencia tiene motivaciones que no guardan ninguna relación con la Constitución. Es también lo que cuentan desde las zonas difíciles de la sociedad: que existe una tremenda desconfianza ante la salida ofrecida por la clase política para codificar la energía de las revueltas. Desde la otra vereda, sin embargo, explican que se trata de una apuesta. Porque quienes defienden la necesidad de un nuevo texto recuerdan los casos de Colombia, Sudáfrica y España para graficar que un proceso constituyente bien llevado podría llegar a sanar las fracturas de sociedades como la chilena, que se han hecho evidentes en el último año. Para ir configurando una posible respuesta, un primer dato relevante será el que tendremos el domingo al conocer los niveles de participación, en un plebiscito marcado por la pandemia. Si la concurrencia a las urnas resulta incluso inferior a las últimas elecciones -36% en la municipal 2016 y menos del 50% en las presidenciales 2017-, sería una señal de la desafección de la ciudadanía con la salida institucional a la crisis de octubre. Sobre todo de los jóvenes, que no han estado votando de manera masiva en las últimas elecciones y que, por el contrario, son los que han salido en mayor medida a las calles. La última encuesta CEP mostraba precisamente el asunto generacional que se configuraba en el marco de las revueltas del 18-0: las respuestas de los jóvenes de 18 a 34 eran de mayor radicalidad con respecto a la violencia, la participación en protestas, la desconfianza en la democracia y las maneras de informarse y formar opinión sobre asuntos públicos. Es, por tanto, una nueva incógnita: si la movilización de los jóvenes el domingo logrará reemplazar la posible baja de participación de los mayores de 50 por la pandemia, que justamente corresponden a los electores más frecuentes y disciplinados en Chile. El proceso que se abrió en noviembre pasado en el Congreso con la firma del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución tiene la dificultad propia de una propuesta que se da, sin embargo, en un marco de profunda desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones democráticas. Resulta evidente que ninguna fuerza política con representación en el Parlamento ”“tampoco el PC ni el Frente Amplio”“ tienen algún poder sobre la calle y quedó demostrado nuevamente el domingo con los insultos al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en la misma zona cero de las protestas. Esta distancia entre política y sociedad no resta importancia, sin embargo, a la necesidad de que los partidos democráticos y los dirigentes muestren públicamente su posición ante la violencia. De ganar el "Apruebo" el domingo, la campaña para elegir a los constituyentes el 11 de abril próximo no debería detener ni la actividad del Parlamento ni del propio Gobierno, que han sido elegidos para dirigir los destinos del país hasta marzo de 2022. Aunque ambas son instituciones débiles que no cuentan con la confianza de la ciudadanía, al igual que los partidos políticos, no se deberían detener discusiones sustanciales como las pensiones y la reforma a Carabineros, cuya crisis ha dificultado el control de desorden público desde el 18 de octubre de 2019. Mientras, existen algunas buenas noticias. Desde el mundo académico se juntan fuerzas desde diferentes universidades para comprender el fenómeno desde distintos ángulos. La Red de Estudios Sobre Violencias, por ejemplo, se fundó con el convencimiento de que "los esfuerzos individuales o de grupos institucionales separados impedirán abordar una de las principales problemáticas que enfrenta Chile: las violencias como forma de interacción social". Por lo tanto, se reunieron diversos grupos de investigación de áreas vinculadas para un trabajo colaborativo de interpretación con propuestas de política pública. Entre determinados expertos existe el convencimiento de que la violencia no se detendrá solo por el plebiscito ni el proceso constituyente. Que resultaría ilusorio pensar que desde el domingo habrá un cambio de aire total en Chile, casi automático, aunque debería ayudar a descomprimir. Para analistas como Lucía Dammert, de la Universidad de Santiago, "el conflicto posiblemente va continuar -entendiéndolo como la posibilidad de manifestación en las calles, propio de una democracia-, aunque no todos los conflictos deberían terminar en enfrentamientos violentos". En este sentido, la decisión que tomen los partidos desde el lunes de ganar el "Apruebo", con respecto a sus candidatos a una posible constituyente, resulta fundamental: en este órgano deberían estar presentes los independientes y otras fuerzas que -en teoría- podrían eventualmente empujar a la autorregulación de la calle. Lo contrario sería una provocación. Los intentos de caminar a la paz social se dificultan si se replican las lógicas de siempre.

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