US$1.600 millones de la discordia: Hijos de Jonás Gómez Gallo agudizan quiebre por separación de patrimonio minero e inmobiliario

El 31 de diciembre de 2020, Jonás Gómez Pacheco (67) -junto a su hijos Jonás (33) y Pablo Gómez Alonso (35)- presentó una demanda ante el 9º Juzgado Civil de Santiago en contra de sus hermanas Magdalena (71), Teresa (61) y su hermano Segundo (69). Esta vez el empresario -accionista minoritario y director de la Clínica Las Condes- acusa a sus hermanos de incumplir el acuerdo del 20 de noviembre del año 2016 para la distribución de utilidades de Comercial e Inmobiliaria Nacional Limitada (INASA). Frente a la nueva arremetida, en los próximos días Teresa, Magdalena y Segundo pasarían a la ofensiva ejerciendo distintas acciones por los incumplimientos al acuerdo. Una verdadera guerra en tribunales con demandas cruzadas es la que están iniciando los hijos del ex diputado y senador del Partido Radical, Jonás Gómez Gallo. A los 96 años -el 24 de junio de 2019- falleció el empresario minero que logró amasar una fortuna superior a los US$1.600 millones por la que actualmente sus herederos están en un conflicto que solo va en escalada. Poco antes de la muerte del patriarca de la familia, los hermanos Gómez Pacheco acordaron la división de su patrimonio, que está formado por unos 600 inmuebles distribuidos en Chile, España y Rumania, y cuyo activo más importante es la Compañía Minera Carola, cuyo avalúo ronda los US$1.500 millones. El 31 de diciembre de 2020, Jonás Gómez Pacheco (67) -junto a su hijos Jonás (33) y Pablo Gómez Alonso (35)- presentó una demanda ante el 9º Juzgado Civil de Santiago en contra de sus hermanas Magdalena (71), Teresa (61) y Segundo (69). Esta vez el empresario -accionista minoritario y director de la Clínica Las Condes- los acusa de incumplir el acuerdo del 20 de noviembre del año 2016 que fijaba la distribución de utilidades de Comercial e Inmobiliaria Nacional Limitada (INASA). En la acción, Jonás también demandó a sus sobrinos. Natalia (35) y Segundo Gómez Sarué (32) y María Paz Gómez Velasco (42). También a Mariabelén (35) y Macarena Muñoz Gómez (38) y Andrés (34) y Boris Marinkovic Gómez (35). Todos ellos figuran como accionistas de INASA. El acuerdo consistía en que INASA distribuiría $29.500 millones en utilidades acumuladas a cada socio. Sin embargo, ahora Jonas Gómez reclama haber recibido un monto menor al que le correspondía debido a su participación accionaria. “Nuestros representados, titulares de más de 11% de la participación social cada uno, percibieron sólo un 5,085% del monto de dinero distribuido y, en cambio, otros socios tales como la señora Teresa Gómez Pacheco, titular de un 5,56% de los derechos sociales, percibió más de un 13% del monto repartido. En idéntica situación quedaron Mariabelén Muñoz Gómez y Macarena Muñoz Gómez”, advirtió el escrito presentado por los abogados Jorge Bofill y José Coz. Jonás Gómez Pacheco solicitó al tribunal que “todos aquellos socios de INASA que percibieron utilidades con posterioridad a noviembre de 2016 y que no tenían contractualmente derecho a ello, deberán restituirlas a la caja social”. Séptima acción judicial Se trata de la séptima acción judicial en dos años presentada por el empresario que se ha lanzado con todo en contra de sus hermanos, cuestionando prácticas y supuestos incumplimientos de acuerdos alcanzados previamente a la muerte de su padre. Frente a la nueva arremetida, en los próximos días Teresa, Magdalena y Segundo pasarían a la ofensiva ejerciendo distintas acciones por los incumplimientos al acuerdo. Para las hermanas, Jonas está desconociendo los acuerdo adoptados en el marco de la familia. De hecho, en el trasfondo del conflicto no solo se cuentan asuntos monetarios y económicos, sino que también afectivos que hacen poco probable que logren un acuerdo en el corto plazo. De hecho, conocedores del caso la relación entre los hermanos y Jonás está muy deteriorada. En el proceso, la defensa de Jonás Gómez presentó el 15 de junio de 2020 una recusación en contra del árbitro Herman Chadwick que estuvo a cargo de proceso de separación patrimonial. En la acción que se ventila en el 13º Juzgado Civil de Santiago el tribunal decretó la suspensión de Chadwick hasta que se resuelva el caso. Pero no es la primera vez que el empresario cuestiona un arbitraje en tribunales. En 2019, Jonás Gómez y sus abogados presentó una querella en contra del árbitro Jaime Ríos Gómez-Lobo, que vino a ser el antecesor de Chadwick. Sin embargo, en mayo de ese mismo año, Ríos aceptó dejar el arbitraje y Gómez bajó la acción penal. Incompetencia y arriendo de Gasco En el 26º Juzgado Civil de Santiago, Jonás Gómez presentó una demanda a fin de declarar nula la Fusión de las sociedades Inversiones La Portada S.A. con Eurogemin Import-Export S.A. Según él, la operación gestada por sus hermanos que actuaron con dolo genera un perjuicio económico a sus intereses. Sin embargo, el 30 de diciembre de 2020, el tribunal se declaró incompetente para conocer la causa, acogiendo lo señalado por la defensa de Teresa, Magdalena y Segundo Gómez Pachecho, representados por los abogados Enrique Urrutia y Felipe Bulnes, ex ministro del primer gobierno de Sebastián Piñera. “La fusión entre La Portada S.A. y Eurogeomín Import-Export S.A. corresponde a un acto de la separación patrimonial regulado en el acuerdo del año 2018, es dable señalar que éste habría sido incorporado al acuerdo del año 2019, máxime teniendo en cuenta que dicho arbitro ya ha dictado a la fecha más de 20 sentencias relativas al proceso de separación patrimonial”, señaló la resolución. Por otro lado, Comercial e Inmobiliaria Nacional Limitada (INASA) presentó el 15 de octubre de 2020 una medida prejudicial en la que busca obligar a Gasco Luz SpA, la presentación de una serie de documentos relativos al arriendo que realiza esta última de un predio ubicado en sector Nantoco, comuna de Tierra Amarilla en la provincia de Copiapó. Según el escrito, presentado por los abogados de Jonás Gómez “resulta imprescindible conocer el contrato de comodato y el contrato de prestación de servicios y generación y venta de energía fotovoltaica celebrados por Gasco Luz SpA, así como también todos los antecedentes que den cuenta de los pagos realizados y del proyecto de planta fotovoltaica que se pretende desarrollar en los inmuebles de propiedad de INASA”. El 13 de noviembre del año pasado, la magistrada del 18º Juzgado Civil de Santiago, Claudia Donoso accedió a la petición y el pasado 22 de diciembre Gasco -representada por la abogada Paulina Toro del estudio Aylwin & Cía- presentó los documentos solicitados.

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