Encuesta: 93% de las universidades tienen hoy protocolos antiacoso sexual

Estudio del Mineduc da cuenta de que desde 2017 hubo un cambio en materia de género y violencia en los planteles. La mayoría de las instituciones posee un sistema de sanciones para agresores y de atención a víctimas. “Equidad de Género en la Educación Superior”. Así se denomina la encuesta realizada por los ministerios de Educación y De la Mujer, y ONU Mujeres, que busca conocer las políticas adoptadas por las instituciones en esta materia. Y una de sus principales conclusiones es que nueve de cada 10 universidades cuenta hoy con un protocolo frente al acoso sexual o violencia de género. El sondeo, efectuado en marzo pasado, fue respondido por 44 universidades y 47 centros de formación técnica e institutos profesionales, que representan el 85% de la matrícula de educación superior. Se les consultó por ámbitos relacionados con el género y protocolos frente al acoso. Y se observó un claro avance respecto de 2017: hace tres años apenas seis universidades tenían protocolos. Hoy, en cambio, hay 41. Es decir, 93% de las universidades y 64% de centros e institutos los poseen. A nivel general, el 78% de las instituciones tiene protocolos frente al acoso y violencia de género. En esa línea, la mayor parte de las instituciones declara tener medidas sancionatorias ante estos casos, como la suspensión temporal o la no renovación de matrícula a los agresores. La encuesta también abordó la inclusión de la mujer en los recintos. Así, por ejemplo, el 40% de los docentes permanentes en las universidades son mujeres y el 39% en otras instituciones. El subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, explica que con estos protocolos “la comunidad completa se fortalece, para así tener una política de tolerancia cero que asegure que todos los integrantes de la comunidad educativa, tanto estudiantes y funcionarios como académicos, puedan desarrollarse en un ambiente con mayores estándares de convivencia y prevención de abusos o discriminación”. Vargas agrega que es relevante que estos protocolos establezcan claramente cómo se realizarán las investigaciones, que sean conocidos por la comunidad y “que haya un sistema de sanciones que permita que este tipo de acciones se erradiquen de las instituciones”. Carmen Andrade, directora de Igualdad de Género de la U. de Chile, afirma que desde 2017 esta casa de estudios implementó una política de prevención y un protocolo de actuación -el primero a nivel nacional-, que fueron diseñados por representantes de los estudiantes y trabajadores. “Esto incluye acciones de prevención y sensibilización, y cursos de formación general para alumnos de pregrado sobre género, violencia y derechos humanos, el cual se dicta todos los semestres”, detalla. Añade que también existe una oficina de atención sociojurídica para personas afectadas, una unidad de salud mental para las víctimas y estudiantes que han cometido agresiones, y una fiscalía a cargo de investigar. En el caso de la U. Católica, Silvana Zanlungo, su directora de Equidad de Género, plantea que el plantel tiene protocolos implementados y una unidad de apoyo y prevención de la violencia sexual. “A nivel mundial hay un movimiento feminista que visibiliza el aporte de las mujeres y que también muestra que, lamentablemente, son las más expuestas al acoso y violencia. En ese sentido, la universidad reacciona frente a su entorno con medidas concretas”, dice. Y destaca que se han implementado políticas de igualdad de oportunidades y de promoción de la integración de la mujer. Lorena Castro, directora de la Dirección de Género de la Universidad de Talca, cuenta que en 2017 se aprobó un protocolo frente a acciones constitutivas de violencia de género o discriminación y un año más tarde comenzó a funcionar una dirección a cargo del área, con el fin de eliminar toda discriminación o violencia. También explica que el protocolo se basa en los principios de respeto, confidencialidad, resguardo de quienes denuncian y presunción de inocencia. Karin Baeza, directora de Género de la U. de Santiago, sostiene que en 2017 se implementó el primer protocolo, que fue actualizado en 2019, para enfrentar estos casos, que implica sanciones para los responsables y reparación a las víctimas. Además, hay una comisión integrada por diferentes estamentos para evaluar de forma permanente estos temas.

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