¿Quiénes controlan el negocio del “Hidrógeno Verde” en Chile?

Organizaciones comunitarias y sociales han estado denunciando durante años a lo largo de Chile los graves impactos causados en sus territorios por centenares de proyectos, presentados como fuentes de energía “verde”, “limpia” o “renovable” para una supuesta transición energética justa que no toma en cuenta los derechos, necesidades e intereses de la mayoría de la población.

Por Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA, septiembre de 2022

Lejos de escuchar las voces de las comunidades afectadas, se siguen impulsando estos proyectos en la denominada estrategia del “Hidrógeno Verde” (H2V), un plan para atraer inversiones, con la subvención del estado chileno a través del otorgamiento de tierras, agua, infraestructura, financiamiento, además de otras facilidades legales, tributarias, administrativas y promoción publicitaria.

La Estrategia Nacional de H2V, que se publicitó para “exportar energía renovable al mundo en forma de hidrógeno verde y sus derivados; amoniaco verde, metanol y combustibles sintéticos” durante el gobierno de Sebastián Piñera y que continúa apoyando la actual administración, fue elaborada con la asesoría de la agencia estadounidense McKinsey & Company, que ha sido condenada por varios casos de corrupción y denunciada por lavado de imagen de corporaciones contaminantes y regímenes autoritarios ( revisar más antecedentes de esta agencia acá ).

Desde la oposición de la ciudadanía en 2010 al emplazamiento de medio centenar de torres eólicas en las costas de Chiloé -lo cual fue denunciado por amenazar la naturaleza, los medios de vida y el patrimonio cultural de la isla-, el número de conflictos socioambientales por situaciones similares ha aumentado a consecuencia del incremento de proyectos energéticos, existiendo alertas de científicos por los severos impactos ambientales que implican las masivas instalaciones de aerogeneradores.

El Servicio de Evaluación Ambiental ( SEA ) registraba a comienzos de este año 457 proyectos de energía calificada como renovable: 316 parques solares; 65 parques eólicos, 74 hidroeléctricas y 2 termoeléctricas de biomasa. Esto sin contar los proyectos anexos para ampliaciones, líneas de alta tensión o subestaciones elevadoras que conectan con las redes nacionales de electricidad.

A los conflictos socioambientales causados por proyectos de energía térmica se han ido añadiendo los ocasionados por instalaciones de energía renovable -varias veces de las mismas empresas-, como lo han constatado el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) y organizaciones afines.

La mayoría de empresas que operan proyectos de energía eléctrica forman parte de agrupaciones nacionales tales como Asociación Chilena del Hidrógeno ( H2Chile ) -espacio que reúne a compañías y representantes de instituciones privadas y públicas para "acelerar la transición energética" donde conviven desde transnacionales mineras hasta industrias de maquinaria pesada-, Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento ( ACERA ), Asociación de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas ( APEMEC ), y Generadoras de Chile o la internacional Ammonia Energy Association ( AEA ).

Una docena de integrantes de H2Chile y/o de Generadoras de Chile, que ya registran eventos de conflictos con comunidades, operan ahora proyectos de “energía limpia” para el H2V: AES Corporation, Andes Mining Energy (AME), Anglo American, Colbún, EDF, Enel, Engie, Guacolda Energía, Empresas Copec, Innergex, Israel Corporation y Statkraft. Algunos ejemplos:

La empresa estadounidense AES Corporation suma a lo causado por sus termoeléctricas a carbón y su central hidroeléctrica Alto Maipo, nuevos conflictos provocados en la región del Biobío por sus planes de parques eólicos “Mesamávida”, “Campo Lindo”, “Don álvaro”, “San Matías” y “Los Olmos”. El proyecto Los Olmos es parte de un convenio de AES Corporation con Google para su gran centro de almacenamiento de datos en la región Metropolitana, que ha generado rechazo por sus impactos.

EDF (Electricité de France), asociada a AME en el manejo de cuatro termoeléctricas, son protagonistas del conflicto de la central termoeléctrica a gas de frackin g El Campesino, localizada en Bulnes. En conjunto con Highly Innovative Fuels ( HIF ) operan un proyecto para enviar combustible generado con H2V a Alemania con la participación de Siemens y Volkswagen con su filial Porsche.

La compañía italiana ENEL, co-financiada junto a HIF por el Estado chileno por US$16.896 .848 para el mismo plan de H2V, mantiene centrales térmicas a gas y petróleo y está involucrada a la par de Colbún, del Grupo Matte, en una zona de sacrificio ambiental y social en el puerto de Coronel por sus termoeléctricas a carbón.

Situaciones de desastre socioambiental de igual gravedad, debido a sus centrales a carbón, han causado en el norte del país Guacolda y la francesa Engie, a la cual Chile adjudicó US$9.533.668 y 2.347 hectáreas de terreno para producir H2V, que la empresa chilena Enaex del Grupo Sigdo Kopper usará en la generación de “amoníaco verde” para los explosivos necesarios en las tronaduras de proyectos mineros. Engie está en conflicto desde 2014 con la comunidad de La Aguada por la contaminación del agua con su hidroeléctrica "de paso" en el río Laja.

Empresas Copec, del Grupo Angelini, con sus instalaciones de líneas de alta tensión y aerogeneradores en territorios de comunidades mapuche en Arauco, provocó recientemente rechazo y protestas que han sido reprimidas con violencia. Este evento se suma al largo historial de conflictos socioambientales de las compañías asociadas en este conglomerado, en las áreas de energía (petróleo, gas y termoeléctricas), forestal (plantas de celulosa y extensas plantaciones industriales de árboles) y pesquera.

Israel Corporation, a través de su empresa derivada Kenon Holdings, maneja un proyecto de parque solar y tres termoeléctricas a gas/petróleo diésel con sus subsidiarias Inkia Energy e IC Power. Con su proyecto de central termoeléctrica a gas “ Los Rulos ”, IC Power provocó un conflicto con la ciudadanía en Limache que se mantiene por más de ocho años.

Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), el 37% de los 129 conflictos socioambientales contemplados en su campo de acción corresponde a proyectos de energía. La mayor parte de estos casos son de energía renovable y se ubican en territorios del centro y sur del país. A estos eventos, el INDH añade las hidroeléctricas de la empresa estatal noruega Statkraft en el río Pilmaiquén y “Maqueo”, de SN Power (firma integrada por Statkraft y NordFund, también de Noruega).

Cabe recordar que en 2008 Statkraft firmó un contrato a largo plazo con la empresa sueca de fundición

Boliden, que envió a Chile en los 80s más de 20 mil toneladas de residuos mineros, con arsénico, mercurio y plomo, que se depositaron en la periferia de Arica. Esa basura tóxica causó numerosos casos de cáncer en la población y muchos bebés nacieron con enfermedades congénitas. En 2018 la Corte del distrito de Skellefteå falló a favor de Boliden una demanda de las familias afectadas por el desastre. Boliden fue creada y tiene parte de sus operaciones en Skellefteå, donde Statkraft opera su hidroeléctrica Kvistforsen. En 2021 Statkraft renovó y amplió su contrato con Boliden.

Otros casos similares son los de la canadiense Innergex Renewable Energy y su filial Energía Llaima, que tras cuestionados proyectos hidroeléctricos insiste en instalar una central eléctrica en el río Bio Bio. Situación que amplía otro conflicto ambiental generado en Rucalhu e por la empresa china Three Gorges Corporation. Innergex es integrante de la agrupación APEMEC, de la cual son socios otros protagonistas de conflictos tales como Andes Power (Río Carén), Atiaia Energia (Rucalhue) y RP Global (Ríos Panqui y Tranquil). Esta última fue acusada por su posible vinculación en el asesinato de la ambientalista Macarena Valdés, opositora a la hidroeléctrica en el río Tranquil.

Por otro lado, la corporación minera australiana Fortescue, que inició este año gestiones para proyectos de energía renovable en Chile con su filial Fortescue Future Industries (FFI), tiene negocios de H2V en Chile con las transnacionales mineras BHP Billiton y Anglo American, causantes de varios conflictos socioambientales en el país. Fortescue es señalada entre los mayores emisores de dióxido de carbono de Australia junto a BHP y Rio Tinto.

Muchos de estos proyectos se encuentran en el llamado “portafolio de proyectos de hidrógeno verde”, el cual es manejado por el Ministerio de Energía y recopila información elaborada y facilitada al Estado chileno por las mismas empresas que lo integran. Sin embargo, la información es general y no profundiza necesariamente en los procesos que se llevaron a cabo en su elaboración técnica, como tampoco los impactos socioambientales que arrastrarían ( ver el portafolio acá ).

Aun así, esta carpeta de proyectos deja en evidencia la imprescindible necesidad de agua pura que se ocuparía en cada caso, lo cual implica mayores tensiones para un ambiente en crisis hídrica. En más de la mitad de las presentaciones se indica el uso de agua desalinizada, cuyo procesamiento conlleva consecuencias tales como la contaminación por residuos dañinos.

Un detalle no menor del referido portafolio es que más de un tercio de sus proyectos utiliza electricidad de las redes públicas, que incluyen fuentes de energía no renovables, de modo que el hidrógeno y el amoniaco así generados no serían por definición realmente “verdes”.

¿ Con quiénes se enfrentan las comunidades afectadas por los proyectos de energía?

Generalmente tras las amenazas, peligros y daños de estos proyectos, la acción comunitaria se encuentra con firmas que son representantes, consultoras, subsidiarias o asociadas de empresas matrices que dependen a su vez, para su gestión financiera, de otras entidades: las administradoras de fondos de inversión.

Los activos de más de una veintena de las principales empresas del negocio del H2V chileno son manejados por grandes gestoras de inversiones, tales como las estadounidenses BlackRock, Capital Group (Capital Research & Management Co) y The Vanguard Group, la noruega Norges Bank Investment Management (NBIM) y el Royal Bank of Canada (RBC). Estas administradoras de inversiones forman parte de los mayores poseedores regulares de las acciones de varias de dichas empresas o financian algunos de sus negocios y por tanto sus decisiones son claves en la instalación y desarrollo de los relacionados proyectos de energía.

Resumen

Por Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA, septiembre de 2022

Lejos de escuchar las voces de las comunidades afectadas, se siguen impulsando estos proyectos en la denominada estrategia del “Hidrógeno Verde” (H2V), un plan para atraer inversiones, con la subvención del estado chileno a través del otorgamiento de tierras, agua, infraestructura, financiamiento, además de otras facilidades legales, tributarias, administrativas y promoción publicitaria.

La Estrategia Nacional de H2V, que se publicitó para “exportar energía renovable al mundo en forma de hidrógeno verde y sus derivados; amoniaco verde, metanol y combustibles sintéticos” durante el gobierno de Sebastián Piñera y que continúa apoyando la actual administración, fue elaborada con la asesoría de la agencia estadounidense McKinsey & Company, que ha sido condenada por varios casos de corrupción y denunciada por lavado de imagen de corporaciones contaminantes y regímenes autoritarios ( revisar más antecedentes de esta agencia acá ).

A los conflictos socioambientales causados por proyectos de energía térmica se han ido añadiendo los ocasionados por instalaciones de energía renovable -varias veces de las mismas empresas-, como lo han constatado el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) y organizaciones afines.

La mayoría de empresas que operan proyectos de energía eléctrica forman parte de agrupaciones nacionales tales como Asociación Chilena del Hidrógeno ( H2Chile ) -espacio que reúne a compañías y representantes de instituciones privadas y públicas para 'acelerar la transición energética' donde conviven desde transnacionales mineras hasta industrias de maquinaria pesada-, Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento ( ACERA ), Asociación de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas ( APEMEC ), y Generadoras de Chile o la internacional Ammonia Energy Association ( AEA ).

Un detalle no menor del referido portafolio es que más de un tercio de sus proyectos utiliza electricidad de las redes públicas, que incluyen fuentes de energía no renovables, de modo que el hidrógeno y el amoniaco así generados no serían por definición realmente “verdes”.

¿Con quiénes se enfrentan las comunidades afectadas por los proyectos de energía?

Generalmente tras las amenazas, peligros y daños de estos proyectos, la acción comunitaria se encuentra con firmas que son representantes, consultoras, subsidiarias o asociadas de empresas matrices que dependen a su vez, para su gestión financiera, de otras entidades: las administradoras de fondos de inversión.

Los activos de más de una veintena de las principales empresas del negocio del H2V chileno son manejados por grandes gestoras de inversiones, tales como las estadounidenses BlackRock, Capital Group (Capital Research & Management Co) y The Vanguard Group, la noruega Norges Bank Investment Management (NBIM) y el Royal Bank of Canada (RBC).

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