Lavanguardia (Chile)
09-10-2020
La No Violencia y la Desobediencia Civil
El objetivo fundacional de la Organización de las Naciones Unidas es alcanzar la paz y la buena convivencia en el mundo a través de diversas medidas como la de promover la reflexión, de ahí el sentido de los “días internacionales”. Así el 2 de octubre está consagrado a “La No Violencia” recordando en esta fecha el natalicio de Mohandas Karamchand Gandhi (1869-1948), líder del Movimiento de Independencia de la India, y reconocido por sus compatriotas como el Mahatma (“alma grande”) y BÄpu (“padre”). Gandhi pertenecía a una acomodada familia india que lo envió a estudiar leyes a Londres donde por primera vez se enfrentó con la discriminación racial; y volvió a vivirla, años después, durante su estadía en Sudáfrica, iniciando un movimiento en defensa de su gente y la población negra.
Una vez que regresó a la India organizó el Movimiento para la independencia de su país utilizando la resistencia pacífica, es decir, la no cooperación con la autoridad en asuntos que reñían con la conciencia social.
Aunque esta acción tiene larga data en la historia de la humanidad, recién en el siglo XIX, David Thoreau, basado en su negativa a pagar impuestos pues esta recaudación sería utilizada para financiar la guerra de EE.UU. contra México, lo planteará explícitamente en su obra “Sobre la desobediencia civil” (1849). La desobediencia civil tiene como objetivo evidenciar las injusticias vividas por una parte de la población, y para ello se recurre a actividades públicas como las marchas callejeras, un ejemplo de ellas es la Marcha sobre Washington liderada por Martin Luther King en 1963.
Si bien el uso de este método limita derechos adquiridos por la sociedad, como lo es el libre tránsito, y aunque se le puede considerar ilegal, las minorías no siempre cuentan con medios de participación política y jurídica que los represente, lo cual provoca que esta acción adquiera validez democrática. Ahora bien, en el marco jurisdiccional no siempre estas actividades están reguladas, por lo que sus participantes arriesgan ser reprimidos y apresados, consecuencias que asumen.
Aunque la desobediencia civil es un acto violento en sí mismo pues enfrenta y rompe el orden establecido, no es agresiva, ya que no busca la destrucción ni provocar daño a la comunidad; de ahí que se habla de la “No Violencia Activa”. En Chile también tenemos muchos ejemplos de este tipo de acciones, como el movimiento estudiantil que se inicia en el año 2001 con el “Mochilazo”, y continuará con la “Revolución Pingüina” en el 2006, donde podíamos ver a jóvenes realizando intervenciones callejeras artísticas. ¿Se acuerdan de las batucadas, coreografías musicales, fiestas de disfraces, entre otras demostraciones, en plena vía pública? También los escolares organizaron conversatorios y charlas a través de todo Chile, en colegios y universidades, haciendo gala, sobre todo los institutanos del Nacional, de su gran capacidad de oratoria y debate. Esos fueron actos de “desobediencia civil” pues interrumpieron las jornadas de clases y las actividades programas por el propio Ministerio de Educación. Sus demandas eran por el pase escolar y el derecho a la educación de calidad. A estas acciones se irán sumando los universitarios, y entre 2011 y 2012, conjuntamente con otras organizaciones sociales, la movilización estudiantil adquirirá dimensiones históricas. Aún con toda esta fuerza social, el Estado y todas las fuerzas políticas institucionalizadas no han sabido responder.
Luego vivimos un 2018 con acciones cada vez más violentas, las que culminan con la revuelta social del 18 de octubre de 2019, a partir de la evasión del pasaje del metro que inician los escolares en Santiago.
La Organización de las Naciones Unidas llama a los Estados miembros a «difundir el mensaje de la no violencia, incluso a través de la educación y la conciencia pública», para esto se debe garantizar el derecho de manifestación y de expresión, abriendo espacios para la discusión política y la atención real a las demandas presentadas.
Las estrategias que debiera usar la autoridad política es la formación de un aparato policial que vele por la seguridad de manifestantes y población en general, para lo cual han de desarrollar en su personal la capacidad de no responder a las agresiones que puedan enfrentar durante una movilización y, al mismo tiempo, evitar que se produzcan actos vandálicos, aislando a quienes los realicen.
Las policías existen para asegurar el bienestar de toda la población, no sólo de quienes aceptan el sistema imperante, de lo contario se establece un ambiente de “amigos y enemigos” polarizando ficticia e innecesariamente a la sociedad. ¡Cuán distinto sería si los grupos que se oponen a las AFP, las ISAPRES o a cualquier forma de discriminación se les escoltara como a los partidarios del gobierno! El derecho de manifestación es de todos, no privilegio de algunos.
Otra acción que el Estado debe realizar es la difusión de formas no violentas de expresión, a través de la publicidad intencionada en medios de difusión nacional, como radios, televisión y prensa en general; y en estos mismos medios obligar al uso de un lenguaje inclusivo en todos los actores involucrados, vale decir, programas emitidos, opiniones expresadas, información compartida, etc. Y desde las políticas públicas, reforzar la inclusión en todas las esferas posibles, por ejemplo, en la salud y la educación, áreas sensibles y de proyección cultural transversal en la comunidad.
Por ejemplo, aumentar las horas de clases en áreas de expresión artísticas, musicales, deportivas y recreativas donde se requiere de la participación grupal; lo mismo de asignaturas como Filosofía e Historia, donde se enseña justamente la reflexión y el sentido de comunidad. Finalmente, promover la organización social en la conformación misma de los centros de alumnos desde los primeros años escolares. En todas estas instancias no podemos minimizar el dolor de quienes han sufrido algún tipo de discriminación o persecución, y menos negar el origen y los causantes de este. La violencia parte por validar a los agresores, cualquiera sea el daño que ellos hallan causado.
En Chile llevamos años condenando a los que evaden impuestos, especulan con la vivienda, los remedios, el alimento, el transporte, las vías y medios de comunicación; los que negocian con los narcotraficantes, aquellos que abusan de su autoridad y poder; los que contaminan y se apropian de nuestros recursos naturales, es decir, todos aquellos que rompen la ley y no tienen castigo o no en proporción al delito cometido. ¿Dónde están las soluciones? Al contrario, el Estado sigue aplicando la antigua fórmula del “divide y gobierna”, enfrentando a compatriotas por sus ideas políticas, por su origen social, por sus ingresos económicos y se utiliza a las fuerzas policiales y armadas para controlar y someter, resultando en el descrédito de estas instituciones y la confrontación callejera. ¿Cómo podemos revertir la situación? ¿ Siquiera es posible? No solamente se puede, sino que se debe, pues el desorden social solo beneficia a quienes lucran con la delincuencia y el temor de la población.
Es el Estado quien debe tomar la iniciativa promoviendo el respeto a todos, siendo lo más justo posible al condenar y perseguir de modo implacable a quienes desafían la autoridad, y no me refiero solo a los que generan los disturbios sino a quienes motivan los mismos. Condenemos la violencia venga de donde venga, porque nadie quiere piedras, barricadas, calles a oscuras o semáforos e infraestructura pública vandalizadas. Todos queremos vivir en una sociedad donde reine la paz y la seguridad, pero estas solo son posibles en el respeto a la dignidad de todos quienes vivimos en este país. En Chile llevamos años de desobediencia civil no escuchada, ¿qué se está esperando? No olvidemos las enseñanzas de la Historia: la revolución francesa es un gran ejemplo de inflexibilidad y ceguera estatal. Por Nidia Araya M. Profesora de Estado en Historia y Geografía. Licenciada en Educación en Historia y Geografía Universidad de Santiago de Chile. Magíster en Administración y Gestión Educacional Universidad Mayor (*) Las opiniones vertidas en esta columna no reflejan necesariamente la línea editorial de «La Vanguardia Chile»
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