Elreporterodeiquique (Chile)
28-02-2021
CARTA: Se nos acaba el tiempo
Señor Director: Junto con saludar, adjuntamos carta enviada por el Comité Ejecutivo de SOFOFA a la Presidenta del Senado, al Presidente de la Cámara de Diputados, al Ministro del Interior y presidentes de partidos con representación parlamentaria, en relación a la situación de violencia que afecta a nuestro país. «Es motivo de nuestra más profunda preocupación observar cómo la violencia ”“ física, verbal y digital”“ continúa apoderándose de espacios y territorios en nuestro país.
Lo que está ocurriendo en la macro zona sur, donde claramente operan grupos radicales y terroristas, en Plaza Italia cada viernes, en numerosos barrios capturados por delincuentes organizados e, incluso, en el espacio de las redes sociales, es de la mayor gravedad y merece como chilenos nuestro más categórico, absoluto y transversal rechazo.
Lamentablemente, las respuestas más recurrentes desde la esfera política ”“ejecutivo y legislativo, oficialismo y oposición”“ han demostrado su ineficacia, transitando entre la irresponsabilidad de quienes abiertamente validan, relativizan o contextualizan la violencia; y el reduccionismo de quienes creen tener claridad absoluta de sus responsables y de las soluciones. En el medio están los que simplemente condenan, constatan, denuncian o emplazan, pero que -con sus acciones, decisiones u omisiones- también terminan debilitando la capacidad del Estado para enfrentarla.
Nos referimos, por ejemplo, a quienes transforman cada caso particular de fallas, abusos o incluso excesos que devengan en delitos, en una crítica general a tal o cual institución y a prejuzgar antes de que la justicia haga su tarea. Y el ritual se repite una vez tras otra, mientras las víctimas son cada vez más y el manto de impunidad protege sólo a los victimarios. Estas últimas semanas hemos sido testigos de múltiples y gravísimos hechos en la macro zona sur. Vemos una incipiente repetición del referido ritual, que lejos de generar tranquilidad, creemos profundiza el dolor de la gran mayoría de chilenas y chilenos que queremos vivir en paz.
En efecto, el Gobierno hace un llamado a un Acuerdo Nacional para darle urgencia a los proyectos de ley relacionados con el orden público como si careciera de los instrumentos para al menos enmendar el rumbo, y la oposición repite su respuesta: la evasiva lógica de la secuencialidad.
En el caso particular de la Araucanía esgrimen que se requeriría primero un diálogo político para avanzar en el reconocimiento de la plurinacionalidad y, en términos más generales, una refundación de Carabineros, relegando las acciones y propuesta para controlar el orden público y preservar la seguridad de las personas. De lo contrario, argumentan, se criminaliza la causa mapuche o bien las manifestaciones sociales, lo que sólo incrementaría la conflictividad además de arriesgar vulneraciones a los derechos fundamentales de las personas.
Es decir, parecen sostener o validar, por acción u omisión, que primero corresponde la refundación (para algunos) o reformas (para otros) y sólo luego el resguardo de las fronteras y capacidades de nuestro Estado de Derecho para enfrentar el flagelo de la violencia. ¿Acaso el Gobierno, el actual y sus antecesores, no disponen del instrumental jurídico y de la capacidad de acción articulada para enmendar el rumbo? Cada día que pasa, es un metro retrocedido. ¿Acaso no hay una oposición capaz de dejar de instrumentalizar el conflicto mapuche o la manifestación social y separarlos de la cuestión del orden público? Cada día que pasa, son más las víctimas. De la misma forma, no colaboran los sectores que vuelven a reducir la complejidad del problema a unos pocos responsables y a una o dos balas de plata para resolverlo.
Aquellos que no sopesan los vasos comunicantes entre, por un lado (i) la exclusión que vive un número no menor de compatriotas, especialmente en los territorios capturados por la violencia, (ii) la insuficiente consideración de la historia y cultura de los pueblos originarios, (iii) la crisis de legitimidad de nuestro sistema político y de nuestro marco institucional, y, por el otro lado, (iv) la complicidad de un porcentaje no menor de la población hacia la expresión violenta como método para lograr transformaciones. Quienes suscribimos esta carta manifestamos nuestra disposición para colaborar a romper estas inercias que traemos, y abocarnos a enfrentar 4 desafíos fundamentales que deben desarrollarse en paralelo y no secuencialmente. El primero es ineludible e imperativo hoy, no mañana. No nos referimos a esa generalidad, a estas alturas vacía, de condenar la violencia. Lo que se requiere, lo que las personas se merecen, es mucho más preciso y concreto que eso.
Se requiere de un compromiso explícito de los sectores políticos, del oficialismo y la oposición, que están por la vía republicana para apoyar, validar y legitimar el rol de ejercen las Fuerzas de Orden y Seguridad en toda democracia. Es por ello que se les otorga el monopolio del uso de la fuerza, con los debidos protocolos y regulaciones.
Más precisamente, nos referimos al necesario respaldo a las funciones que recaen en Carabineros, Policía de Investigaciones y las Fuerzas Armadas en general, cuando les corresponda a estas últimas ejercer algún rol durante estados de excepción constitucional. Es imperativo dotar de más legitimidad al ejercicio de sus funciones hoy, no mañana.
El segundo desafío es acordar las reformas necesarias en las capacidades del Estado, para que pueda cumplir con eficacia su rol de guardián del orden público y del derecho de las personas a vivir en paz.
Respecto de las fuerzas de orden y seguridad, ello implica mejorar su gobernanza, formación, tecnología y equipamiento, y protocolos de operación para que desempeñen con más eficacia sus funciones, resguardando los derechos humanos de las personas.
Respecto del Estado, pasa por modernizar su capacidad de inteligencia y por ampliar los instrumentos jurídicos para que pueda resguardar el orden público y desarticular eficazmente las actividades ilícitas que hoy florecen en la clandestinidad y la informalidad. El tercer desafío es re-priorizar una agenda de políticas públicas y de iniciativas público privadas que integren al desarrollo a las personas y territorios con mayores niveles de exclusión. Nos referimos a esas personas que tienen que recurrir a una informalidad precaria para ganarse la vida, o los inactivos que ni siquiera pueden acceder a las oportunidades que brinda un trabajo digno.
Ello demanda de una recuperación económica vigorosa que genere las oportunidades y, al mismo tiempo, políticas públicas para que esas oportunidades puedan ser tomadas por los jóvenes, mujeres y adultos mayores que presentan los mayores niveles de exclusión y marginalidad, especialmente en los territorios en los que el Estado de derecho cede espacios a ilícitos como el narcotráfico, o el robo de madera, de cables y peces, entre otros.
Finalmente, el cuarto desafío es el proceso constitucional entendido como una oportunidad para “resetear” al Estado y la política, sus instituciones y regulaciones, para que al unísono recuperen la esquiva legitimidad ciudadana y la urgente eficacia en su actuar, poniéndose al servicio de las personas y mejorando su trato. Sólo así podrá disminuir la empatía tácita que un porcentaje de chilenos sigue dando a las manifestaciones violentas como manera de impulsar cambios en democracia.
El proceso constitucional será también el espacio para dialogar sobre cómo la Constitución expresa el necesario reconocimiento, entre otros, de la historia, cultura y lengua de los pueblos originarios, así como la generación de más espacios de participación y representación en la esfera pública.
En definitiva, le pedimos respetuosamente que utilice su rol institucional y liderazgo político, para (i) colaborar con sus acciones y señales a validar y legitimar la función de las actuales fuerzas de orden y seguridad como guardianes de perímetro de nuestra democracia frente al cáncer de la violencia, de la seguridad de la sociedad civil y del orden público, y, en paralelo (ii) acordar las reformas y modernizaciones necesarias para que el Estado cumpla con más eficacia su rol en estas dimensiones básicas para la vida en sociedad.
El resguardo del orden público requiere de legitimidad política y social en cada hora del día y en cada metro cuadrado del territorio nacional, tanto como modernizaciones en las instituciones responsables de garantizarlo y mejores marcos jurídicos.
Es fundamental cambiar el rumbo y la intensidad de las políticas y acciones para enfrentar el flagelo de la violencia, y debe ser un cambio ni marginal ni incrementalista, sino que de magnitud en términos de dirección, tiempo, energía, innovación y capacidad política.
El camino, creemos, en el caso particular del llamado conflicto mapuche pero también en los otros espacios donde la violencia se expresa, luego de décadas de múltiples comisiones, planes, iniciativas legislativas y acuerdos nacionales, no será otra instancia más que sólo se traduce en un documento que llena los estantes de instituciones públicas.
Los poderes del Estado ”“Ejecutivo, Legislativo y Judicial- deben actuar hoy con mucho más decisión, echando mano a todo el capital de legitimidad, político, humano, tecnológico y jurídico del que dispongan; para en paralelo discutir y resolver las reformas en las 4 dimensiones mencionadas, antes que sea demasiado tarde. Este desafío de gran trascendencia es tarea de todos, no solo del Gobierno, de la oposición, de las fuerzas policiales o de los expertos en seguridad pública.
Desde el mundo empresarial, no sólo buscamos colaborar con propuestas en las 4 dimensiones referidas, sino también nos comprometemos a profundizar la empatía, el acercamiento y el apoyo a los emprendedores y empresarios que han sido víctimas de la violencia en la Araucanía y en otros territorios, así como aquellos de la etnia mapuche que no han tenido las mismas oportunidades para emprender o emplearse. Estamos a su disposición para participar en los espacios de diálogo que se generen, para identificar los cursos de acción a través de los que podamos colaborar para enfrentar estos desafíos.
Se despiden atentamente, Bernardo Larraín Presidente de SOFOFA Firman también esta carta, los integrantes del Comité Ejecutivo de SOFOFA: Susana Jiménez, Primera Vicepresidenta; Matías Claro, Segundo Vicepresidente de SOFOFA; Rafael Palacios, Secretario General; Catalina Mertz, Consejera gremial; Daniel Llorente, Consejero gremial; Javier Álvarez, Consejero gremial; Juan Andrés Errázuriz, Consejero electivo; Matías Concha, Consejero electivo; Paz Ovalle, Consejera electiva; Victoria Vásquez, Consejera electiva; Aurora Olave, Directora ejecutiva». Share this... Facebook Twitter email Publicado en Cartas
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