Solo dos causas por agresiones a periodistas lograron ser formalizadas en más de dos años de investigaciones

Hasta ahora el INDH sólo interpuso sesenta querellas y al menos una de ellas fue cerrada por el Ministerio Público sin resultados. Muchos de los ataques o actos de censura a la prensa permanecen sin denunciar, coinciden en señalar el Observatorio por el Derecho a la Comunicación y el Colegio de Periodistas. Por Pamela Vásquez, Jessica Acuña y Marcel Gaete. A 25 meses del estallido social, sólo dos causas por agresiones a periodistas lograron formalizar a los agentes del Estado responsables de las mismas, permaneciendo decenas de ellas sin avances y con la posibilidad de ser cerradas, como ya ocurrió en al menos una de las sesenta querellas interpuestas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en este ámbito. Uno de los casos emblemáticos es el de la agresión a dos [JAN1] mujeres periodistas en Arica, quienes fueron obligadas a desnudarse en un recinto policial. En este caso, el 15 de septiembre 2021 se realizó la formalización de cargos contra la carabinera Francisca Benavides Vera, imputada del delito de abuso contra particulares, en el caso de detención injustificada, cometidos el 23 de octubre del 2019. En una declaración pública sobre el caso, el Colegio de Periodistas destacó que, a más de un año de la denuncia, las dos colegas que fueron obligadas a desnudarse y víctimas de actos vejatorios contra su dignidad e integridad personal, fueron citadas para la constatación de lesiones. “De acuerdo con la normativa chilena, en el caso de transitar en horario de toque de queda en un estado de excepción constitucional, no procede la detención y traslado a una comisaría, sino que una multa por dicha falta”, ahondó el colectivo profesional. Pero para estos tres colegas la situación fue muy distinta. La periodista Estefani Carrasco, acompañaba a su amiga Patricia Torres a un caceroleo, y luego en su retorno a su hogar, al filo del toque de queda, una patrulla de carabineros les hizo un control de identidad, y pese a mostrar las credenciales de periodistas, las llevó detenidas, junto a Angelo, un colega de ellas. En la comisaría, a las dos periodistas las apartaron y obligaron a desnudarse, para ser revisadas, un acto ilegal según la propia norma de Carabineros. Al cabo de un par de horas, les dejaron en libertad. “Me quedé varios días sin saber qué hacer, y no realicé la denuncia de manera inmediata, y luego me armé de ánimo y decidimos hacerla junto a mi colega, para que no volviera a pasarle a otras personas o periodistas”, recuerda Estefani, redactora entonces del diario La Estrella de Arica. “Yo -prosigue la periodista- tuve un cambio en mis hábitos, y si bien seguí trabajando por un tiempo, no era lo mismo. De hecho, tuve que acudir a ayuda psicológica y hace algunos meses, estoy moviéndome en viajes por países cercanos”. Estos hechos, a juicio de las querellantes, constituye tortura, según los cánones de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar este tipo de delitos. “Se está frente a un acto de tortura cuando el maltrato cumple con los siguientes requisitos: i) es intencional; ii) causa severos sufrimientos físicos o mentales, y iii) se comete con determinado fin o propósito”, señala ese texto. El Protocolo de Estambul, manual elaborado por Naciones Unidas para guiar la investigación y documentación efectivas de la tortura, y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, señala que “la tortura sexual empieza por la desnudez forzada, que en muchos países es un factor constante en las situaciones de tortura”. “La persona -detalla este manual- nunca es tan vulnerable como cuando se encuentra desnuda y desvalida. La desnudez aumenta el terror sicológico de todos los aspectos de la tortura pues abre siempre la posibilidad de malos tratos, violación o sodomía. Además, las amenazas verbales, los insultos y las burlas sexuales forman parte de la tortura sexual pues incrementan la humillación y sus aspectos degradantes, todo lo cual forma parte del procedimiento”. Otro elemento que arguye la querella es la discriminación de género, tratándose de mujeres. Es decir, el Estado tiene legalmente una obligación reforzada en orden a condenar a los responsables de la violencia y evitar así la repetición de los hechos. 60 CAUSAS Por cierto, la causa de Arica es una de las sesenta querellas que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, interpuso en todo el país contra quienes resulten responsables de agresiones a la prensa, ya sea periodistas, comunicadores sociales, fotógrafos y comunicadores audiovisuales, en el marco de las movilizaciones ocurridas desde octubre de 2019. Durante el estallido, funcionarios del INDH se dieron la tarea de recorrer hospitales y comisarías, recoger denuncias, al mismo tiempo que observaron las manifestaciones con especial atención a las violaciones a derechos humanos que ocurrían contra quienes protestaban. Posteriormente, entabló 3.110 querellas por el actuar de agentes del Estado. En el caso de la prensa, el INDH no hizo una distinción al recoger las denuncias, pero al comenzar el análisis para realizar las acciones legales sí empezaron a identificarlas y agruparlas en lo que categorizaron como grupo de afiliación. Una situación similar ocurre en la Fiscalía, donde no hay una cifra conocida de causas respecto a comunicadores agredidos. Respondiendo la solicitud por Ley de Transparencia que interpusimos, informó que esta información no está desagregada. Respecto a las querellas del INDH por los periodistas “no se encuentra disponible o desagregada en el Sistema de Apoyo a Fiscales (SAF), que es el principal repositorio de información del Ministerio Público”. Además, la Fiscalía señaló que en los boletines estadísticos están los informes trimestrales, semestrales y anuales; y cuyos antecedentes provienen del Sistema de Apoyo a los Fiscales (SAF). Sin embargo, en esos reportes tampoco se da cuenta de información cuantificada de las agresiones a periodistas durante el estallido social. En ese marco, el Observatorio por el Derecho a la Comunicación, en base a denuncias de comunicadores, elaboró un informe en el que estableció que entre octubre de 2019 y marzo de 2020 un total de ciento treinta y tres integrantes de la prensa fueron agredidos por agentes estatales. Además, otros noventa y seis sufrieron detenciones arbitrarias. Pero en esta entidad saben que este es un subregistro. Que las agresiones a la prensa fueron muchas más. “Esta situación se debe principalmente a dos razones: porque la violencia policial contra comunicadores/as independientes, comunitarios/as y alternativos/as ya se encuentra de cierta manera naturalizada por parte de las víctimas, así como también por la generalizada desconfianza por parte de los y las comunicadoras independientes hacia instituciones tales como el Poder Judicial, el Ministerio Público, las Fuerzas de Orden y Seguridad y el Gobierno”, según el Informe 2020 de la Libertad de Expresión en Chile elaborado por el Observatorio del Derecho a la Comunicación, la Fundación Datos Protegidos y el Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. NATURALIZACIÓN Paola Dragnic es corresponsal de Telesur. Su trabajo tuvo especial difusión en redes sociales durante los meses del estallido, mostrando en vivo las protestas como también las agresiones a manifestantes. Durante los primeros días, luego de un breve descanso para alimentarse, mientras se dirigían al lugar de las manifestaciones “siento un impacto en una parte de mi cara, traté de seguir en el lugar y muchos de los jóvenes me decían, señorita tiene feo el ojo, o tiene que curarse con algo, y después de varios minutos accedí a que lo hicieran la gente de las brigadas, mi cámara seguía grabando afortunadamente, pero no quise ir a la posta u hospital, además que podía perder mucho tiempo y quería seguir trabajando”. Así, como el testimonio de Paola, hay muchos entre los comunicadores y periodistas, que no llegaron a concretar la denuncia o querella. La reportera no tuvo pérdida de visión, pero sí se redujo levemente el tamaño de la retina en uno de sus ojos. “Los periodistas y comunicadores naturalizaron prácticas que vulneraban la libertad de expresión y acceso a la información. Pudimos ver el uso indiscriminado de gas pimienta, el lanzamiento de agua del guanaco de manera directa a los camarógrafos”, sopesa al respecto el presidente del Colegio de Periodistas, Danilo Ahumada. El tema tampoco es parte de los debates permanentes en los informes anuales del INDH, institución que tiene como obligación legal monitorear la situación nacional de derechos humanos en el país, elaborando recomendaciones al Estado. De hecho, sólo el reporte de 2012 ahondó en la materia, señalando que “existe una directa relación entre democracia, derechos humanos y medios de comunicación social”, citando estándares internacionales. Esta situación es visible también en los enfoques jurídicos que sostienen las propias querellas del INDH, relativas a agresiones a la prensa. En su gran mayoría, según la revisión efectuada, éstas se centran en relatar los hechos y luego argumentar jurídicamente los diferentes tipos de agresiones sufridas por periodistas y comunicadores, los que van desde fracturas expuestas, golpes, disparos con armas de fuego, desnudamientos, ataques con carros lanza agua y gases químicos. Casi todas tienen un elemento común: la presencia de tortura por parte de funcionarios públicos. Pero sólo en un caso se argumenta que las agresiones a la prensa constituyen siempre violaciones a los derechos humanos, como consigna el derecho penal internacional. Se trata de la querella interpuesta el 27 de febrero de 2020 por el INDH en el Juzgado de Garantía de Puerto Montt, por el delito de violencia innecesaria con resultado de lesiones graves en perjuicio de Adolfo Vidal, corresponsal de RTV Noticias, un medio local de Puerto Montt. El escrito, citando el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, recuerda que el Estado debe facilitar la labor de los periodistas, para lo cual tiene la obligación de “protegerlos cuando son objeto de amenazas para evitar los atentados a su vida e integridad”, lo que implica “abstenerse de imponer obstáculos que dificulten la realización de su labor”. Hasta ahora, sólo dos de estas investigaciones fueron formalizadas. Una de ellas corresponde a la causa que agrupa las torturas sufridas por Jonathan, un ciudadano que grababa con su celular el actuar de Carabineros en Coquimbo y Leonardo Silva Vargas, comunicador de Mi radio. Ambos denunciaron tratos vejatorios dados por el Capitán de la Segunda Comisaría de Carabineros de Coquimbo, Ricardo Luengo, quien permanece en prisión preventiva desde enero del 2020. En el caso de Leonardo Silva, el centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales presentó un Amicus curiae -una argumentación jurídica de apoyo de un organismo imparcial especializado en la materia- en el que resaltó el atentado a la libertad de expresión que implicó este hecho. “En este caso, los golpes y el disparo efectuados por Carabineros hacia la víctima, quien filmaba en ese momento la manifestación que se desarrollaba, funciona bajo la lógica de castigar la protesta social y evitar la divulgación de información sobre lo que ocurre en las manifestaciones”, aseveró la entidad. ATAQUE A FOTÓGRAFO Un caso en que no ha habido avances en los tribunales es el de Jorge Atala, agredido en sus ojos el 10 de enero de 2020, cuando fotografiaba las manifestaciones en Plaza Italia. En torno a las 18 horas de ese día, caminó hacia la esquina de Avenida Libertador Bernardo O´Higgins con calle Ramón Corvalán. Allí, los carros lanzaguas de Carabineros comenzaron a dispersar a la gente, arrojando un líquido de un amarillo intenso, según su relato. Jorge Atala se parapetó detrás de una palmera, pero fue inútil. El chorro lo impactó en impactó en su rostro y en sus piernas. Su casco cayó a la calle y se golpeó en la cabeza, quedó desorientado. Un amigo lo rescató y lo llevó a otra calle donde fue atendido por los voluntarios de salud, quienes le rociaron su cuerpo con leche de magnesio, examinaron sus ojos y le dijeron que debía ir a un recinto asistencial. Días después, el 13 de enero, Jorge asistió a la Unidad de Trauma Ocular (UTO) del Hospital del Salvador, donde le informaron que tenía una abrasión ocular en su ojo derecho. Dos días después asistió al Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico de Chile, donde le efectuaron una evaluación. [JAN1] Son dos mujeres periodistas y un hombre periodista

Resumen

A 25 meses del estallido social, sólo dos causas por agresiones a periodistas lograron formalizar a los agentes del Estado responsables de las mismas, permaneciendo decenas de ellas sin avances y con la posibilidad de ser cerradas, como ya ocurrió en al menos una de las sesenta querellas interpuestas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en este ámbito., 60 CAUSAS Por cierto, la causa de Arica es una de las sesenta querellas que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, interpuso en todo el país contra quienes resulten responsables de agresiones a la prensa, ya sea periodistas, comunicadores sociales, fotógrafos y comunicadores audiovisuales, en el marco de las movilizaciones ocurridas desde octubre de 2019., “Esta situación se debe principalmente a dos razones: porque la violencia policial contra comunicadores/as independientes, comunitarios/as y alternativos/as ya se encuentra de cierta manera naturalizada por parte de las víctimas, así como también por la generalizada desconfianza por parte de los y las comunicadoras independientes hacia instituciones tales como el Poder Judicial, el Ministerio Público, las Fuerzas de Orden y Seguridad y el Gobierno”?, según el Informe 2020 de la Libertad de Expresión en Chile elaborado por el Observatorio del Derecho a la Comunicación, la Fundación Datos Protegidos y el Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile.

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