Historiadores y académicos denuncian nueva ofensiva racista y discriminadora contra el pueblo mapuche

En su sexta declaración pública en apoyo al pueblo mapuche, ahora en el contexto de los hechos de violencia del sábado 1 de agosto en varias localidades del Wallmapu, historiadores e historiadoras de diversas universidades chilenas pidieron al Gobierno a “ser coherente con su propio llamado al diálogo en vez de seguir reprimiendo niños, hombres y mujeres mapuche que desde hace 140 años vienen reclamando por sus derechos, restitución de sus tierras y su reconocimiento como pueblo y nación”.   A su vez, la comunidad triestamental del Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos (CECLA) de la Universidad de Chile también manifestó su solidaridad con el pueblo mapuche y a quienes “han sido y que son parte de esta comunidad académica: estudiantes y profesores invitados. Ustedes nos han enseñado que la lucha por la transformación social nos desafía a incorporar todos los horizontes históricos y eso incluye la erradicación de todas las formas de racismo”.   A continuación el texto íntegro de los comunicados. Sexta declaración pública de historiadores e historiadoras en apoyo al pueblo mapuche Los abajo firmantes, historiadores e historiadoras chilenos/as que desde hace mucho tiempo hemos venido alertando a la opinión pública acerca de los atropellos, expoliación, usurpación de tierras, violación de Derechos Humanos, explotación, opresión y conculcación de derechos esenciales del pueblo mapuche por parte del Estado de Chile y de poderosos grupos de interés económico, levantamos una vez más nuestras voces para denunciar la nueva ofensiva racista y discriminadora contra este pueblo originario. Los anuncios del nuevo ministro del Interior, Víctor Pérez, y su reciente visita a la Región de la Araucanía agravaron aún más el problema. Se negó a conversar con los alcaldes, cuyas municipalidades se encontraban tomadas, y abrió las puertas para que civiles de extrema derecha intervinieran en sus desalojos. Las agresiones contra mapuches que solidarizaban con los presos políticos de su pueblo nación, perpetradas por civiles de extrema derecha con la complicidad abierta de fuerzas policiales la noche del sábado 1 de agosto en Curacautín, Victoria y otras localidades, no solo implicaron violencia física sobre personas y destrucción de los edificios municipales, simbólica (incluyendo la quema de un   rehue ) y verbal (consignas y gritos racistas), a la vista y presencia de los cuerpos policiales presentes que dejaron hacer sin detener a los agresores, como debería haber ocurrido de acuerdo con las normas que establece el toque de queda impuesto por las autoridades en el contexto de la pandemia del Covid-19. El Gobierno tiene la responsabilidad de ser coherente con su propio llamado al diálogo en vez de seguir reprimiendo niños, hombres y mujeres mapuche que desde hace 140 años vienen reclamando por sus derechos, restitución de sus tierras y su reconocimiento como pueblo y nación en un Estado que debería valorar la diversidad y reconocer su condición de plurinacional. La grave crisis de La Araucanía -y más allá de los límites administrativos del Estado de Chile, de todo el   Wallmapu – no se solucionará mediante recursos esencialmente judiciales y policiales, recurriendo a la represión y violencia del Estado y de grupos paramilitares. Hacemos un enérgico llamado a la sociedad chilena, a las organizaciones sociales populares y a la ciudadanía democrática para que ejerza la máxima presión posible sobre el gobierno y las instituciones del Estado a fin de que estos abandonen su política represiva contra el pueblo mapuche en el contexto actual de las movilizaciones a favor de los presos políticos mapuche y, particularmente, por la situación que afecta al machi Celestino Córdova. COMITÉ DE INICIATIVA Jorge Pinto Rodríguez, Premio Nacional de Historia 2012, académico de la Universidad Católica de Temuco. Sergio Grez Toso, académico de la Universidad de Chile. Igor Goicovic Donoso, académico de la Universidad de Santiago. Julio Pinto Vallejos, Premio Nacional de Historia 2016, académico de la Universidad de Santiago de Chile. Claudia Zapata Silva, académica de la Universidad de Chile. Pablo Aravena Núñez, académico de la Universidad de Valparaíso. Fernando Venegas Espinoza, académico de la Universidad de Concepción. Adriana Palomera Valenzuela, académica de la Universidad de Santiago de Chile. Pedro Rosas Aravena, académico de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Robinson Silva Hidalgo, académico de la Universidad Austral (Valdivia). Pablo Artaza Barrios, académico de la Universidad de Chile. Karen Alfaro Monsalve, académica de la Universidad Austral (Valdivia). Patrick Puigmal, académico de la  Universidad de Los Lagos (Osorno). Alberto Díaz Araya, académico de la Universidad de Tarapacá (Arica). Claudio Pérez Silva, académico de la Universidad de Valparaíso. Declaración pública en apoyo al pueblo mapuche del Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos La noche del 1 de agosto, los comuneros mapuche que ocupaban los municipios de Curacautín, Victoria, Ercilla y Traiguén en apoyo a los miembros de su pueblo que llevan 90 días en huelga de hambre, fueron atacados por grupos de civiles organizados y luego desalojados y detenidos por fuerzas especiales de Carabineros. El ataque estuvo acompañado de violencia física y verbal de claros tintes racistas. Frente a estos graves hechos, la comunidad triestamental del Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos (CECLA) de la Universidad de Chile declara lo siguiente: Que el ataque a los comuneros mapuche y las ofensas racistas, incluida la quema de un rewe en la ciudad de Victoria, muestran la vigencia de un conflicto centenario que el Estado de Chile no ha sabido resolver por la vía política. Este conflicto se ha agudizado durante los últimos 46 años debido al apoyo deliberado que los gobiernos de turno han entregado a los poderes económicos que operan de manera avasalladora con las comunidades mapuche en la Región de la Araucanía. La toma de los edificios municipales tuvo como propósito apoyar a los comuneros que se encuentran en huelga de hambre desde hace 90 días, a quienes no se ha concedido el arresto domiciliario que ha beneficiado a otras personas en el contexto de la crisis sanitaria. La negación de este beneficio para comuneros que se encuentran en prisión preventiva, mientras se indulta a reos de Punta Peuco condenados por crímenes de lesa humanidad, sólo aumenta la indignación frente a la desigualdad con que opera el Gobierno en los casos de personas mapuche movilizadas por sus derechos. Los hechos ocurridos el 1 de agosto revisten especial gravedad, porque se ha llegado a un punto en que la política estatal favorece el enfrentamiento entre civiles, dando espacio a sectores racistas que operan con impunidad en la Región de la Araucanía. Las imágenes y audios que circulan en las redes sociales muestran que hubo complicidad policial, pues los atacantes actuaron de manera orquestada durante el toque de queda, sin respetar las normas de distanciamiento físico que exige la crisis sanitaria y a vista de los contingentes policiales. También es decidor que sólo los comuneros hayan sido detenidos. Nos parece alarmante que estos hechos coincidan con la visita del recientemente nombrado ministro del Interior Víctor Pérez, lo que parece ser una señal inequívoca del endurecimiento de la política represiva para abordar un conflicto que es histórico y político. Por este motivo, demandamos al Congreso que exija una investigación sobre estos hechos y la participación tanto de Carabineros como de personeros del gobierno, incluido el Ministro del Interior. Concluimos esta declaración pública expresando nuestra solidaridad con los integrantes del Pueblo Mapuche que han sido y que son parte de esta comunidad académica: estudiantes y profesores invitados. Ustedes nos han enseñado que la lucha por la transformación social nos desafía a incorporar todos los horizontes históricos y eso incluye la erradicación de todas las formas de racismo. Nos indigna y nos duele la violencia que han vivido, también nos preocupan las consecuencias políticas que estas expresiones de odio puedan tener en este momento decisivo para la historia del país. Por eso repudiamos el actuar de un gobierno represivo e indolente, al cual exigimos que transite, de una vez por todas, el camino de la política.

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