Autor: Redacción/Pamela Vásquez
Los detalles de la formalización del ex intendente Francisco Sánchez por estafa reiterada
Se investiga el lapso entre 2014 y 2018, en el que es acusado de abultar los contratos de proveedores, esto para beneficio de él y sus cercanos. Incluso esto habría ocurrido cuando era intendente de la región.
Lex subgerente gerente de Atacama Kozan quien llegó a ser intendente de Atacama, Francisco Sánchez, ayer fue formalizado por los delitos de estafa en carácter de reiterado, en el que es acusado de generar en la empresa una máquina para defraudar, aprovechándose de la confianza de los dueños. Tal fue la magnitud, que hubo pagos de alimentación, asesora de hogar y hasta el jardinero, lo que habría logrado concretar gracias al silencio de los proveedores.
En enero de 2019, un sobre cerrado y anónimo llegó a la oficina de Francisco Errázuriz Ovalle, director de la empresa Atacama Kozan, donde habían escrituras públicas de sociedades donde había un nexo con Francisco Sánchez.
El empresario en 2010 comenzó a ocupar el cargo de Subgerente general y junto a otro funcionario Rodrigo Albornoz que ocupaba un cargo similar, entre los años 2011 y 2018, ambos generaron relaciones de confianza con los representantes y ejecutivos de la compañía, a partir de lo cual actuaron -de acuerdo al Ministerio Públicode manera fraudulenta con objetivos e intereses propios. Fue así como según la Fiscalía idearon distintos procedimientos, y cuatro delos hechos ocurridos entre 2014 y 2018 fueron objetos de la Formalización en contra de Sánchez. Uno de ellos dice relación con la desaparecida empresa de comunicaciones Atacama Viva, de propiedad de Francisco Sánchez, la cual se dedicada a la publicidad, elaboración de producciones audiovisuales.
Una vez que creó en 2010 la sociedad junto con un socio que aún no está imputado en la causa, Sánchez contrató a su pareja sentimental de ese entonces como gerenta de AtacaMa Viva, de manera simultánea a su labor en Atacama Kozan.
Cuando ya estaban en estos cargos, solicitaron a los representantes de la empresa Delpero y Eklipse que contrataran servicios de Atacama Viva, a cambio serían seleccionados para desarrollar trabajos en Atacama Kozan y continuar con los que ya tenían adjudicados, lo que fue aceptado por las dos empresas.
Además habrían aprovechadosu privilegio en Atacama Kozan y también se interesaron en los servicios de su empresa Atacama Viva, con lo que bajo la modalidad de órdenes de compra directa, sin respaldo, adquirieron servicios inexistentes a sobreprecios entre 2014 y 2018. Los que fueron pagados por la subgerencia de finanzasa cargo de Rodrigo Albornoz, otro de los indagados en la causa. La empresa afectada pagó un monto superior a los 10 millones de pesos. Estos depósitos se hicieron en cuentas contaBles que serían falsas utilizadas para disfrazar el valor de los contratos y evitar además la trazabilidad por parte de auditores y dueños de la empresa minera. Luego se adulteraron los estados financieros de la sociedad para ocultar las pérdidas de las adjudicaciones acordadas. El segundo hecho, reveló que en 2009 Atacama Kozan contrató los servicios de la empresa Eklipse, para los servicios de alimentación, aseo y mantenciones menores. Fue así Sánchez y Albornoz, según la indagatoria, efectuaron actos conducentes a lograr un aumento en el valor del contrato con clara desventaja para Atacama Kozan, pero que favorecían a los investigados.
Sánchez habría coordinado con la empresa contratada, para que, tanto en su periodo de subgerente como de intendente regional, incorporara gastos personales como costos de operaciones de “Eklipse”. 303 millones de pesos es la suma de la defraudación que habría entre 2014 y 2018.
Se apunta a Sánchez y a proveedores. 2018 fue un año que según los datos, empresas contratistas de Atacama Kozan pagaron gastos personales a Francisco Sánchez, gracias a el abultamiento de los contratos a Atacama Kozan. “Sin la complicidad de muchos proveedores, este fraude no se podría haber llevado a cabo.
Su responsabilidad también esta siendo indagada en la causa criminal, más allá que se podría atenuar en caso que colaboren con la investigación” Mauricio Daza Abogado querellante Este mecanismo se efectuó entre enero a julio de 2018 y luego desde agosto a diciembre del mismo año cuando ya era intendente. En ese periodo la empresa Eklipse presentó estados de pagos falsos, genéricos, sin detalle a Atacama Kozan incorporando un ítem servicios especiales adicionales, de acuerdo la indagatoria.
Se trataba de gastos de servicios de jardinería, gastos comunes de departamentos, gastos arquitectónicos y obras civiles para su casa en el sector de Chamonate en Copiapó y compra de mercadería, cuyo monto superó los 270 millones de pesos. La suma fue imputada a cuentas contables falsas, las que fueron usadas para disfrazar el valor de los contratos. El tercero hecho tiene relación con la empresa Transportes Oviedo, a Albornoz aumentaron el valor del contrato de servicios de transportes a personal faena. Fue así como se coordinaron con los representantes para que en 2018 se incorporaran gastos personales como operacionales. En este ámbito serían cerca de 11 millones. Incluso, uno de los testigos de la causa da cuenta que en esta empresa se hablaba de maltrato de Sánchez y traslado de la asesora del hogar particular a su casa y a sus familiares. Cuando viajaba a Ovalle, el vehículo lo iba a dejar, debía llenar el estanque y el chofer debía volver en un bus a Copiapó. Otro chofer, recordó que debía comprar cosas para la familia de Sánchez. Habían viajes a Chamonate, a Valparaíso. Luego al llamado de Sánchez debía volver a Ovalle, esto luego se facturaba a Atacama Kozan. En el cuarto hecho, la empresa Delpero suscribió un contrato de prestación de servicio de aseo y servicios menores y en 2018 habrían aumentado el monto del contrato. Se coordinaron con la empresa para que ese año se imputaran gastos personales de Sánchez como operacionales. Esto correspondía al pago de remuneraciones de personal doméstico y de jardinería. De acuerdo a la investigación y alos antecedentes reunidos, el monto de la defraudación ala empresa denunciante fue fijado en 303 millones 270 mil 800 pesos.
El Juzgado de Garantía de Copiapó fijó en siete meses el plazo de investigación en contra de Francisco Sánchez Barrera, imputado por el MinisteRio Público como autor del delito reiterado de estafa, ilícitos perpetrados entre 2014 y 2018. En audiencia de formalización de la investigación, el magistrado Víctor Santana acogió el plazo de investigación propuesto por los intervinientes y, al no solicitar el Ministerio Público medidas cautelares, dejó en libertad al imputado. Además, fijó para el 23 de febrero de 2021 la audiencia de formalización de la investigación en contra de Rodrigo Albornoz, exsubgerente de Finanzas de la empresa, coimputado en la causa.
QUERELLANTE Mauricio Daza, abogado querellante de la causa explicó que “Sánchez abusó de una confianza que se ganó de forma fraudulenta, mostrándole a los dueños de la compañía excelentes resultados en su gestión, lo que finalmente era falso, ya que se basaba en una manipulación contable que él mismo ordenó. De esta, forma concentró mucho poder en su persona y logró armar un grupo importante de ejecutivos y trabajadores que lo ayudaron a ejecutar y tapar este fraude duRante un largo tiempo.
En ese contexto pudo, además, aislar a los ejecutivos japoneses que se desempeñaban en la empresa, aprovechándose de las barreras de idioma y culturales, entregándoles información parcial y falsa sobre la marcha de la compañía”. Sin embargo, también hay una responsabilidad de los contratistas que aceptaron formar parte de un sistema delictual. “Los propios proveedores han declarado que lo hacían por temor a perder los contratos con la minera. Hay que considerar que en la mayoría de los casos se tratan de empresas medianas, para las cuales ser contratista de una compañía como Atacama Kozan resulta fundamental para poder seguir funcionando. Sánchez se aprovechó de ese temor en su propio beneficio”. Finalmente señaló que “obviamente sin la complicidad de muchos proveedores, este fraude no se podría haber llevado a cabo. Su responsabilidad también esta siendo indagada en la causa criminal, más allá que se podría atenuar en caso que colaboren con la investigación”.
