Autor: J.M. Wilson y D. Figueroa
Las ideas del abuelo de Bielsa que hoy inspiran las acusaciones opositoras
En el S.
XX planteó que eran «válvulas de escape» para las democracias Todos los que ejercen funciones públicas responden de sus actos realizados en ellas, es decir, responden de las extralimitaciones de su mandato”. Rafael Bielsa Muro, jurista argentino (1889-1968), citado en textos contra Guevara y Cubillos.
El exministro Mañalich y su abogado Gabruiel Saliasnik En un régimen presidencialista, las acusaciones constitucionales operan como «válvula de escape»”. La idea se repite dos veces en el libelo en contra del ministro del Interior, Víctor Pérez, texto que hoy se dio cuenta en la Sala de la Cámara, el mismo día en que se votará la presentación contra Jaime Mañalich.
Se trata de la novena acusación presentada en el actual gobierno de Sebastián Piñera, un récord evidente desde 1990, que a juicio de algunos es un abuso de la herramienta, pero a ojos de otros es un síntoma más del actual trance institucional (ver nota secundaria) e, incluso, un fenómeno natural de las democracias latinoamericanas, donde los presidentes gozan de amplias facultades.
Aunque el texto contra Pérez le atribuye al constitucionalista PS Francisco Zúñiga la frase sobre la «válvula de escape», el abogado socialista siempre le ha reconocido al fallecido jurista argentino Rafael Bielsa (abuelo del DT Marcelo Bielsa y del actual embajador transandino en Chile) ser autor de esa idea, que data de mediados de Siglo XX y que hoy parece inspirar a las últimas acusaciones. Su tesis fue usada por el jurista Francisco Zúñiga (PS) para interpretar la realidad chilena.
Tres factores que propician las presentaciones La proliferación de libelos, que se suman a reformas que limitan las facultades del Presidente (como el retiro de los ahorros previsionales), podrían ser otro síntoma del trance del sistema político en el que hay en juego tres factores: e El primero, como ha señalado el investigador del CEP, Lucas Sierra, tendría que ver con el cambio del sistema electoral. El presidencialismo chileno dialogaba mejor con dos bloques, gracias al desaparecido sistema binominal. Sin embargo, ahora, entenderse con un Congreso fragmentado, ha sido un problema para La Moneda y también para la coordinación de las distintas «oposiciones». E En segundo lugar está la coyuntura.
El estallido social y los cuestionamientos a la estrategia contra la pandemia (fenómeno que ha ocurrido en casi todo el mundo) ha debilitado la popularidad del Presidente, alentando a «las oposiciones» a sentirse con más poder, aunque tampoco lo posean en términos reales.
Académicos y políticos, entre ellos el canciller Andrés Allamand han alertado un “parlamentarismo de facto”, término que utilizó por primera vez el cientista político Alfredo Joignant (PS) en una columna publicada por La Segunda, en 2019. E El tercer factor, en tanto, está relacionado con las expectativas de una nueva Constitución, en la que incluso, partidarios del «Rechazo» están de acuerdo. Eso ha llevado a ciertos parlamentarios a actuar con rebeldía frente a la Carta Fundamental. El expresidente de la Cámara, Iván Flores (DC) y la actual presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), transparentaron posiciones en esa línea.
De hecho, Bielsa fue citado en los texos de las acusaciones en contra de la exinistra de Educación, Marcela Cubillo en septiembre de 2019), y del intendente Por su parte, los escritos de Zúñiga que recurren a Bielsa y a otros intelectuaes latinoamericanos para interpretar la ealidad constitucional chilena) son citaDos invariablemente como base teórica en todos los libelos presentados por la oposición en el actual gobierno.
El texto que más se repite es un artículo académico de 2006 (“Responsabilidad Constitucional del Gobierno”), donde Zúñiga concluye que en Latinoamérica “(las acusaciones) operan de facto como «válvulas de escape» de un sistema político afincado en una imperfecta separación Rígida de poderes, que no admiten la responsabilidad política del Presidente de la República y sus ministros ”. En ese mismo artículo de 2006, el constitucionalista PS señala que “el maestro Bielsa”, en el libro de Derecho Constitucional (1959), “identifica el juicio político como una «válvula de escape en las democracias», advirtiendo el peligro de esta arma de las repúblicas democráticas en manos de mayorías obsecuentes”. A mediados del siglo XX, de hecho, el jurista argentino postulaba que los juicios políticos eran una positiva herramienta de control del Congreso.
La mutación, según Zúñiga Aunque Zúñiga no era necesariamente partidario de las acusaciones, tras el libelo de 2008 (promovido por la oposición En la Moneda. / El jurista argentino Hijo de carpintero, Rafael Bielsa (1889-1966) hoy es uno de los juristas más recordados de Argentina. Sus libros sobre Derecho Administrativo y Constitucional también son estudiados en la Ciencia Política. Además fue redactor leyes, subsecretario, dirigente del Colegio de Abogados, fundador de organizaciones judiciales y en 1923 recibió el primer Premio Nacional de Ciencias Jurídicas. Es abuelo del actual embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, y del exseleccionador nacional, Marcelo Bielsa. Abogado en el PS y el bacheletismo No era partidario inicialmente de una asamblea constituyente, sin embargo, desde hace más de una década viene bregando por una nueva Carta Fundamental. En 2013, en la segunda candidatura de Michelle Bachelet, lideró su equipo para crear una nueva Constitución. Hoy es la voz de mayor influencia en el PS sobre temas constitucionales y colabora con sus centros de pensamiento. Académico de la U. De Chile, doctorado en Madrid, ha sido abogado integrante del Tribunal Constitucional. Casals: “Históricamente, fueron herramientas de presión política” “No creo que haya un abuso”, dice Marcelo Casals, doctor en Historia y académico UAI. “En las acusaciones que se han presentado hasta el momento, creo que ha habido fundamentos, al menos, para discutir”, añade.
Y pese a que ha habido nueve acusaciones en solo dos años y medio, muy lejos de las cifras de gobiernos anteriores, cree que “no es reprochable en sí mismo, pues existe un contexto diferente, con alta polarización y con récord negativo en temas de —¿ Hay más elementos que expliquen la proliferación de los libelos acusatorios? —Hay un gobierno cuestionado, con un nivel de adhesión bastante bajo y enfrentado a un escenario bastante complejo. —Se reprocha un uso político... —Las acusaciones son políticas, no habría que esperar neutralidad ideológica, son herramientas del conflicto político institucionalizado.
Su uso es legítimo y es mejor que así sea. —En comparación a otros momentos históricos, ¿no hay abuso? —Quienes se ven afectados con esto van a acudir al argumento del abuso o que no se respeta el espíritu de la ley. Históricamente bajo la Constitución de 1925, fueron herramientas de presión política.
Quizás los episodios que más se recuerden son en el Gobierno de la UP (N del R: Se presentaron 20 acusaciones entre 1970 y 1973). La oposición, que era mayoría en el Congreso, hizo uso bastante sistemático y el Gobierno respondió con una estrategia de rotación: Los ministros no salían del gabinete, pero salían del cargo. Fue la manera de hacer frente al uso intensivo. De centroderecha, que derivó en la destitución de la entonces ministra de Educación, Yasna Provoste), el constitucionalista PS desarrolló como hipótesis que el caso provocó una «mutación constitucional» de este instrumento.
Su planteamiento fue reiterado en septiembre de 2019, al exponer sobre la acusación constitucional en contra de Marcela Cubillos, donde nuevamente mencionó que los libelos eran una “válvula de escape” y que en los hechos habían dejado de ser un mecanismo que perseguía solo responsabilidades constitucionales para transformarse en un “juicio político”. Prueba de ello, sería que ninguno de los exministros acusados, que terminó siendo sancionado por el Congreso (Provoste, Harald Beyer ni Andrés Chadwick), tuvo que responder ante tribunales. Sus casos no salieron de la esfera política.
La tesis de Zúñiga, basada en Bielsa, también ha tenido eco en académicos que promueven cambiar el régimen presidencialista, en vista de que la acusación es la única herramienta de control del Congreso que hoy tiene consecuencias: La destitución y el impedimento para trabajar en el Estado por 5 años. Por su parte, la interpelaciones y comisiones investigadores, que por lo general no tienen secuelas, necesitan el apoyo de más diputados para ser presentadas, mientras que las acusaciones solo re- / quieren 10 firmas.
Á “Dado que los sistemas presidenciales no tienen «válvulas de escape» cuando se produce una dificultad entre el Congreso y el Ejecutivo, las acusaciones constitucionales han ido adquiriendo creciente interés respecto a su flexibilidad de uso”, dice un estudio de 2017, encargado por el gobierno de Bachelet, a la politóloga María Cristina Escudero, sobre el proceso constituyente.