Fortalecer el CPLT
Espués de varias semanas de incertidumbre, el Senado aprobó la propuesta del Gobierno para nominar dos nuevos integrantes del Consejo para la Transparencia (CPLT). Esta vez el proceso resultó especialmente conflictivo debido a que la Comisión de Constitución recomendó rechazar la designación, en particular por la inclusión de la abogada Natalia González, directora de asuntos jurídicos y legislativos de Libertad y Desarrollo (Ly D). Su nominación fue objeto de juicios tanto profesionales como personales, algunos de ellos propios de la polarización que ha tensionado las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso. En la crispación de dicho debate cabe distinguir, sin embargo, aquellas argumentaciones de orden particular o ideológico, de otras que efectivamente dan cuenta de problemas de diseño institucional del CPLT. Particularmente dos: la independencia y autonomía de los consejeros y la forma en que estos son elegidos.
En este último ámbito, la conformación del CPLT continúa el régimen de distribución paritaria entre las dos grandes coaliciones dominantes de “Resulta esencial robustecer el Consejo, por su innegable contribución al principio de transparencia y fiscalización de la función pública”. Los altos cargos en determinados organismos colegiados; se trata de un arreglo propio de la transición, advertido, incluso por académicos especializados, como la extensión a la administración estatal del sistema electoral binominal vigente hasta 2015.
En este contexto se ha planteado avanzar hacia nuevos modelos de elección de consejeros o directivos, privilegiando características más técnicas, de idoneidad, experiencia y autonomía, o que encarnen de manera más clara la diversidad de la sociedad.
Un trabajo del Centro de Estudios Públicos, Chile21, Espacio Público y Libertad y Desarrollo, en 2018, sugirió aumentar de cuatro a cinco sus miembros, exigirles dedicación exclusiva y la utilización del Sistema de Alta Dirección Pública como primer filtro antes de la intervención del PresiDente y el Senado. Desde su creación en 2008, el CPLT ha facilitado que la ciudadanía disponga de mejor información sobre el Estado. Su contribución al principio de transparencia y fiscalización de la función pública resulta innegable.
Por lo mismo es que resulta esencial robustecerlo, principalmente de cara a lo que podría constituir una ampliación significativa de atribuciones si se aprueba el proyecto que regula la protección y tratamiento de los datos personales.
Esta iniciativa modifica la Ley 19.628 de protección de la vida privada, dictada hace más de veinte años, y en su tramitación en el Senado se han trasladado al CPLT las disposiciones que originalmente se radicarían en la Agencia de Protección de Datos Personales. Dicha fórmula, de prosperar, impondrá a sus autoridades superiores nuevas exigencias en materia de gobierno corporativo y especialización, además de reglas más severas sobre incompatibilidades e inhabilidades, dedicación exclusiva y prohibiciones pos-empleo, entre otras. Sin embargo, incluso si este diseño institucional no resultase definitivo, acometer la modernización y fortalecimiento del Consejo resulta igualmente necesario.