Autor: BENJAMÍN COURT

Ministros, subsecretarios y asesores se deberán someter a test de drogas en las próximas semanas
Ministros, subsecretarios y asesores se deberán someter a test de drogas en las próximas semanas Durante el verano, aún como mandatario electo, José Antonio Kast definió un requisito inédito para integrar su gabinete: los aspirantes a ministro debían someterse a un test de drogas. Específicamente de pelo, examen que detecta consumo en un período más extenso, a diferencia del de orina. De esa forma, antes del 20 de enero, fecha en que se oficializó la conformación del equipo ministerial, los hoy secretarios de Estado debieron hacerse el examen, como parte de su proceso de evaluación. En ese momento, al interior de la Oficina del Presidente Electo (OPE) operaba un equipo de “avanzada” encargado de aplicar extensos cuestionarios a los candidatos a cargos públicos. Se buscaba así anticipar posibles controversias o flancos que pudieran surgir al concretar los nombramientos.
A cargo de supervisar la aplicación de esos filtros estuvieron los consejeros regionales Ignacio Dulger (Partido Republicano) y Álvaro Bellolio (UDI), junto con otros integrantes del círculo de confianza de Kast, quienes se incorporaron al proceso a medida que los postulantes iban avanzando en las distintas etapas. En el marco de ese proceso, se les solicitaron antecedentes sobre eventuales conflictos de interés, historial judicial, deudas por pensión de alimentos, obligaciones asociadas al tag y otras materias relevantes para evaluar su idoneidad. “Cordial invitación” a irse La aplicación de los test de drogas, sin embargo, no se agotó en esa etapa de selección. Ya instalado el Presidente Kast en La Moneda, desde el interior del Ejecutivo anticipan que en las próximas semanas serán nuevamente aplicados exámenes de ese tipo. Esta vez, junto a los ministros, la realización de los test se ampliará también a subsecretarios y asesores de distintos niveles.
La intención afirman es reforzar al interior del gobierno los estándares relacionados con la “probidad” y el “control”. En ese contexto, advierten, si alguien llegara a negarse al examen, sería “cordialmente invitado” a abandonar sus funciones. De esa forma, se busca dar una señal respecto de la importancia que la actual administración otorga a este tipo de materias. El proceso para concretar los exámenes está siendo coordinado por un equipo vinculado al Segundo Piso de La Moneda, como parte de la “instalación” del Gobierno. Los mismos antecedentes indican que la implementación de la medida se concretará a la brevedad y que responde a una lógica de continuidad respecto de los estrictos criterios aplicados durante la conformación del gabinete. Desde el Gobierno aclaran que no se trata de una política “aislada”, sino enmarcada en estándares ya establecidos por la normas sobre probidad y acceso a la función pública. Contraloría: “Resultados serán públicos” El plan sintoniza con uno de los acápites de un documento que el 27 de marzo la Contraloría mandó a los nuevos ministros.
El texto de 11 páginas y firmado electrónicamente por la contralora Dorothy Pérez fue enviado a cada jefe de cartera, con el objetivo de “propender al estricto cumplimiento de los principios de probidad administrativa y transparencia de la función pública”. El instructivo entrega lineamientos clave para el ejercicio de funciones públicas, lo que incluye materias relativas a las declaraciones de intereses y patrimonio, administración de inversiones, enajenación de bienes, regulación del lobby y la obligación de resguardar el principio de prescindencia política. Ya en diciembre del año pasado y en los días previos al camNOTA bio de mando del 11 de marzo, los entonces futuros ministros participaron en diversas instancias de capacitación organizadas por la Contraloría. Allí se profundizó, justamente, en estas obligaciones legales y administrativas.
Hacia el final del documento, se incorpora un apartado sobre “incompatibilidades especiales”, en el que se advierte que “existen situaciones especiales y condiciones habilitantes, reguladas en diversos cuerpos normativos, mediante los cuales el legislador ha establecido circunstancias que generan incompatibilidades con el desempeño de funciones públicas y restringen el ingreso a cargos públicos”. En este marco, el texto hace referencia al artículo 40 de la ley Nº 18.575 y señala que “no podrá ser Ministro de Estado quien tuviere dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por un tratamiento médico.
Para asumir alguno de esos cargos, el interesado deberá prestar una declaración jurada que acredite que no se encuentra afecto a esta causal de inhabilidad”. Asimismo, se establece que una de las condiciones para ejercer cargos públicos como el de ministro es la realización de exámenes de consumo de drogas, los cuales deben efectuarse al momento de asumir y repetirse al menos dos veces al año, durante el ejercicio del cargo. “El examen deberá realizarse a través de una muestra biológica de pelo y sus resultados serán públicos”, consigna el documento.
Esta disposición se sustenta en el artículo 110 de la ley N 21.806, normativa que contempla el reajuste general de remuneraciones del sector público, entre otras materias, y que fue publicada el 5 de febrero de 2026. Críticas al anterior mandatario La realización de los test de drogas es un tema que ha marcado la agenda política en distintos momentos. En 2025, por ejemplo, diputados republicanos y de la UDI, entre otros, criticaron a la administración del expresidente Gabriel Boric por la demora en la realización de esos test. Con ese telón de fondo, en agosto del año pasado, el exmandatario publicó en sus redes sociales un resultado negativo de un examen que se había realizado. “Tal como hace cuatro años, ciertos sectores de la oposición persisten en generar dudas o desinformar a la ciudadanía. Por eso, comparto los resultados del examen de orina y de pelo que me realicé”, señaló. Aquel examen fue negativo, pues no detectó presencia de cannabinoides, cocaína, opiáceos ni fenciclidina. Entonces, algunos diputados aseguraron que Boric se había demorado más de tres años en realizarse la prueba. Lo que le venían “exigiendo” desde 2021, cuando estaba aún en plena carrera para llegar a La Moneda. “El Presidente Gabriel Boric se demoró tres años, seis meses y veintiséis días en poder estar en condiciones para realizarse este test. Mil doscientos setenta y seis días pasaron desde que asumió, o en realidad, desde que fue electo Presidente de la República para que concurriera a hacerse el examen de droga. Claramente es una señal muy negativa”, sostuvo en ese entonces el diputado y jefe de la bancada republicana, Cristián Araya.
Su colega José Carlos Meza concordó: “Esto no sería tema si el Presidente de la República se hubiese hecho un test de drogas como corresponde en el momento en que correspondía”. 27 DE MARZO La Contraloría envió un texto a los ministros en que recuerda que no podrá ejercer ese cargo “quien tuviere dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales”. Autor: BENJAMÍN COURT. La aplicación de esos exámenes se contó entre los “filtros” que debieron pasar los actuales secretarios de Estado para entrar al gabinete. La prueba deberá repetirse ahora.
Orden del Ejecutivo se alinea con ley vigente y un instructivo de la Contraloría: 27 DE MARZO La Contraloría envió un texto a los ministros en que recuerda que no podrá ejercer ese cargo “quien tuviere dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales”. Los integrantes del gabinete ya debieron hacerse un test en enero, antes de asumir. Ellos deberán repetir el examen y se les suman otros cargos del Ejecutivo.