Autor: MARIEL FERNÁNDEZ MORIS MARÍA FERNANDA CABRERA

Senador Castro: “El 90% de los más de $19 mil millones objetados (por la Contraloría) corresponden al Gobierno Regional"
N informe de la Contraloría General de la República (CGR) ha puesto en evidencia deficiencias significativas en la gestión de recursos públicos a nivel nacional, superando los 1.5 billones de pesos.
Sin embargo, la observación de la CGR se ha posado con particular atención sobre la Región de O'Higgins, donde se ha objetado un monto que supera los 19 mil millones de pesos ($19.237. 870.948, especificamente). Es importante mencionar que las «observaciones» identificadas por la Contraloría no se refieren a casos de robo o malversación de fondos, sino que anomalías representan incumplimientos de leyes, reglamentaciones, normas o recomendaciones previas. A menudo, configuran infracciones, irregularidades o deficiencias que surgen de comparar la situación encontrada con lo que debería ser, siempre sustentadas en pruebas de auditoría.
Aunque algunas podrían derivar en denuncias al Ministerio Público por eventuales delitos, muchas otras implican desórdenes administrativos o falencias en la gestión No obstante, estos hallazgos afectan directamente la probidad administrativa, el resguardo del patrimonio público y la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos del Estado. El informe se centra en observaciones clasificadas como «Altamente Complejas» y «Complejas», consideradas de especial relevancia por su magnitud o reiteración.
REACCIONES EN EL MUNDO POLITICO La diputada Natalia Romero se refiere a la situación calificándola como alarmante el informe de Contraloría que objetó más de $19 mil millones en la Región de O'Higgins, señalando que no se trata solo de cifras, sino de un reflejo del deterioro estructural en la gestión pública.
A su juicio, estas irregularidades, aunque no siempre constituyan La Contraloría detectó millonarias irregularidades y "observaciones de altísima complejidad" en la región, generando un cúmulo de dudas e incertidumbre en la esfera política. delitos representan una falta de respeto a los principios básicos de probidad y responsabilidad en el manejo de los recursos del Estado. Romero cuestionó pagos a médicos sin respaldo de sus jornadas laborales y gastos municipales sin justificación pública, apuntando que ese dinero termina faltando en áreas clave como salud, apoyo social y educación.
Además, responsabilizó directamente al gobierno por esta situación, acusándolo de improvisación, falta de liderazgo y escasa capacidad de gestión, lo que dijo impacta con más fuerza en regiones como O'Higgins, donde la ciudadanía vive con frustración las consecuencias de esa inoperancia. Mientras que para el senador Juan Luis Castro, el informe de Contraloría es especialmente grave, ya que casi el 90% de los más de $19 mil millones objetados corresponden al Gobierno Regional de O'Higgins.
A su juicio, esto no solo evidencia múltiples irregularidades, sino también hechos delicados, como el eventual uso de recursos públicos en la campaña electoral pasada, incluyendo el uso indebido de vehículos fiscales por parte de funcionarios con permisos administrativos.
Castro subrayó que se trata de una situación inédita que debe ser aclarada con urgencia, tanto ante la ciudadanía como ante el Consejo Regional, responsable de autorizar gran parte del gasto público. "Una institución nueva como el Gobierno Regional no puede tener este nivel de objeciones”, advirtió, señalando que los antecedentes también están siendo discutidos por órganos como el Servel y Contraloría. Por su parte, la diputada Marcela Riquelme calificó como "gravísimo" el informe de Contraloría que objetó $19 mil millones en la Región de O'Higgins, apuntando directamente al Gobierno Regional como principal responsable. Afirmó que, más allá del monto, preocupa la posible connotación electoral de algunas irregularidades, como el uso de vehículos fiscales durante campaña y por funcionarios con permisos administrativos.
Según Riquelme, la situación debe ser esclarecida con urgencia y abordada también por el Consejo Regional, que tiene un rol clave en la fiscalización del uso de los recursos públicos. "Es inaceptable que una institución nueva esté envuelta en cuestionamientos de esta magnitud”, sentenció. Por último, el Gobernador Pablo Silva aclaró que los montos cuestionados corresponden a gestiones anteriores a la entrada en vigencia de la nueva Ley de Gobiernos Regionales, en julio de 2021. Afirmó que su administración ya ha subsanado parte de las observaciones y trabaja en coordinación con Contraloría y otras instituciones para fortalecer los procesos administrativos y avanzar en transparencia. Cabe recordar que el informe de la Contraloría abarca auditorías e investigaciones especiales realizadas principalmente durante 2024 y considerando informes finalizados entre el 1 de abril de 2024 y el 31 de marzo de