Autor: Alfonso de Urresti Longton Senador por Los Ríos

Columnas de Opinión: El valor de la certeza
Columnas de Opinión: El valor de la certeza L a urgencia habitacional en Los Ríos, manifestada en la prolongada espera de comités de vivienda en diversas comunas, exige una respuesta estatal ágil, decidida y eficiente. No obstante, esta celeridad no debe colisionar con un principio básico de la administración pública: el resguardo de la seguridad, la dignidad y el patrimonio de las familias. La discusión pública reciente ha sugerido erróneamente que la protección de los ecosistemas constituye un obstáculo para el desarrollo. Por el contrario, una planificación urbana técnica y sensible a la naturaleza es garantía de que la solución habitacional sea definitiva y no un riesgo latente. La Ley 21.202 de Humedales Urbanos no debe entenderse como un impedimento administrativo, sino como un instrumento de seguridad jurídica y patrimonial. La historia de la edificación en el sur de nuestro país ofrece lecciones que no podemos ignorar por criterios de inmediatez.
Experiencias en ciudades como Valdivia y Puerto Montt demuestran que construir sobre rellenos o suelos con drenajes insuficientes deriva, inevitablemente, en patologías estructurales graves, problemas críticos de salubridad y la pérdida del capital familiar acumulado tras décadas de esfuerzo. Proteger un humedal y su biodiversidad es, en la práctica, evitar que el Estado entregue viviendas con vicios de habitabilidad que comprometan la calidad de vida de sus habitantes. Esta precaución técnica se vuelve imperativa ante el actual escenario de variabilidad climática.
La academia y el mundo científico han sido enfáticos al advertir que el aumento en la intensidad de las precipitaciones, sumado a la alteración de los ciclos hídricos, eleva exponencialmente el riesgo de inundaciones en áreas que han ocupado de forma irregular sus planicies naturales de escurrimiento.
Ignorar estas advertencias en la fase de diseño urbano significa transferir el costo del desastre futuro a las comunidades más vulnerables, obligando al Estado a incurrir en gastos de remediación que superan con creces la inversión inicial en una buena planificación. El desafío no radica en debilitar los estándares ambientales para acortar plazos de manera artificial, sino en modernizar la gestión del suelo para que la protección del entorno y la edificación pública avancen en sintonía. La Ley de Humedales Urbanos debe ser un estándar de seguridad, no una barrera burocrática.
El verdadero valor de la certeza radica en que el Estado sea capaz de distinguir con agilidad dónde proteger y dónde construir, asegurando que el anhelo de la casa propia se funde sobre suelo firme y decisiones oportunas. Autor: Alfonso de Urresti Longton Senador por Los Ríos. C Columna