Democracia Viva: los hechos por los que la Fiscalia pide diez años de cárcel para Catalina Pérez
Democracia Viva: los hechos por los que la Fiscalia pide diez años de cárcel para Catalina Pérez ARIEL LARA dos años de estallar el escándalo A: Fiscalía Regional de Antofagasta cerró la investigación del caso Democracia Viva y presentó ante el Ministerio Público la acusación contra los implicados: la desaforada diputada del Frente Amplio (militancia suspendida) Catalina Pérez, para quien se pide diez años de cárcel, al igual que para su expareja Daniel Andrade, además del exseremi de Vivienda de la Región de Antofagasta, Carlos Contreras, del cual la Fiscalía busca una condena de 35 años de presidio por participar además en convenios fraudulentos con otras fundaciones. Además, el fiscal a cargo, Cristián Aguilar, pide otros diez años de prisión para la exconcejala Paz Fuica. El caso Democracia Viva es conocido como la arista principal que dio origen a las investigaciones por trasferencias irregulares de dinero del Estado a fundaciones.
La acusación tiene 232 páginas y en ella se relatan los hechos por los cuáles la diputada es acusada, según comenta el abogado querellante a nombre de la UDI, Pablo Toloza: "La Fiscalía tras dos años de investigación llegó al convencimiento de que hubo y existe y comisión de delitos reiterados de fraude al Fisco". Asistencia.
En el documento se describe que Democracia Viva suscribió tres convenios con la seremi de Vivienda de Antofagasta por un total de 426 millones de pesos para supuestamente hacer trabajo en beneficio de personas en beneficio de personas La parlamentaria enfrenta tres cargos de fraude al fisco Democracia Viva: los hechos por los que la Fiscalia pide diez años de cárcel para Catalina Pérez "Pérez propició que Daniel Andrade postulara a los programas de inversión y lo asistió para que pudiera adjudicarse fondos fiscales, en conocimiento de que ni Democracia Viva ni Andrade tenían experiencia, competencias ni experticia en materia de habilitación primaria", detalla la acusación. materia de habilitación primaria", detalla la acusación. materia de habilitación primaria", detalla la acusación. REDES SOCIALES SOCIALES *k Se Se Se Se Se que viven en campamentos en dicha región.
Los tres delitos de fraude al Fisco por los que es acusada Pérez tienen relación con el número de convenios y se fundamentan, según la acusación, en que, "Pérez propició que Daniel Andrade postulara a los programas de inversión y lo asistió para que pudiera adjudicarse fondos fiscales, en conocimiento de que ni Democracia Viva ni Andrade tenían experiencia, competencias ni experticia en materia de habilitación primaria, de modo que sabía que no se podrían ejecutar los tratos fiscales al tenor de lo posteriormente convenido". La invitación. Además, la acusación detalla que, "Pérez se puso de acuerdo con Contreras para que éste Carlos Contreras era seremi de Vivienda en Antofagasta.
ATON 7 7 y» yy yy invitara a la Fundación Democracia Viva, para ser considerada como institución competente y con experiencia requerida para suscribir tratos fiscales por el Programa de Asentamientos Precarios (PAP) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo". Incluso, la desaforada diputada, "acordó con su pareja Daniel Andrade que éste aceptara dicha i¡ nvitación, luego de lo cual, entre los meses de julio y agosto de 2022, Andrade coordinó con Contreras que le remitiera todos los antecedentes necesarios para realizar su postulación para obtener los fondos fiscales". En la acusación se expone, además, que Pérez, una vez que tuvo conocimiento de que Democracia Viva había obtenido las platas de los convenios, "acordó con Andrade y Contreras para que éstos asumieran la responsabilidad por la suscripción de los tres convenios de transferencia de fondos, dejándola fuera a aquélla". Contactos. "Tanto Pérez como Andrade eliminaron de sus teléfonos celulares todo contacto que mantuvieron con el imputado Contreras", afirma la acusación. Encubrimiento.
Y agrega que, "se pusieron de acuerdo en cuál sería el discurso común de estos últimos, lo que Pérez preparó especialmente con Carlos Contreras al momento en que Catalina Pérez y Daniel Andrade eran pareja cuando partió la fundación Democracia Viva. salió a la luz el denominado caso Convenios, con la finalidad que éste justificara su actuar ilícito, proporcionando medios para evitar su descubrimiento". La sede trucha.
También se menciona que Pérez sí estaba en conocimiento del contrato falso de un departamento en la comuna de Nuñoa que se quiso hacer pasar una la supuesta sede de Democracia Viva, por instrucción de ella misma y en acuerdo con quien era su pareja en 2022.
La acusación, describe: (Pérez) le dio indicaciones a Daniel Andrade sobre cómo tenía que aparentar que el inmueble de una conocida militante del partido Revolución Democrática, que fue declarado por aquél como domicilio de la fundación, apareciera efectivamente como la sede de dicha institución, tales como indicarle que le pusiera un logo de la fundación a la puerta; que acondicionaran el lugar como una oficina; y que hablaran con el conserje del edificio y la persona que había arrendado la propiedad, para que señalaran que en el lugar efectivamente funcionaba la Fundación Democracia Viva, ofreciendo incluso dinero para cumplir dicho objetivo". Intencionalidad.
La Fiscalía acusa a Contreras también de "intervenir en el proceso previo a suscripción y aprobación de los tres convenios (de Democracia Viva). Consiguió modificar intencionadamente la nómina de las fundaciones que para ese mismo año 2022 serían consideradas para ser receptoras de fondos públicos del PAP". A él se la suma el delito de lavado de activos. Diez años.
Por lo anterior la Fiscalía pide para Pérez, Andrade y Contreras, la pena de "diez años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, más multa de la mitad del perjuicio causado, inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos e inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en empresas que contraten con órganos o empresas del Estado o con empresas o asociaciones en que éste tenga una participación mayoritaria; o en empresas que participen en concesiones otorgadas por el Estado o cuyo objeto sea la provisión de servicios de utilidad pública y costas". 35 años. La pena más alta pedida por la Fiscalía es para Contreras porque se le suman varios hechos y delitos; estaría involucrado en convenios con otras tres fundaciones: Tomarte, Fibra y Fusupo.
En relación a Tomarte, según la acusación, el exseremi, asistido de la exconcejal antofagastina, Paz Fuica, "consintió en que se defraudara al fisco por un monto total de $456.000.000, originados de los cuatro convenios de transferencia de recursos a la Fundación Cultural Tomarte, aprobados en 2022". Dicha ONG, "no cumplía con los requisitos exigidos para postular a fondos públicos y nunca tuvo la capacidad técnica para cumplir lo acordado". Respecto de Fusupo (Fundación para la Superación de la Pobreza), Contreras le asignó dos convenios por $284.000.000 y a fundación Fibra, tres convenios por $430.000.000. A él se la agrega además el ilícito de lavado de activos. Pena razonable. Toloza agrega: "Acá hay pruebas e indicios de antes de la obtención del contrato, durante la ejecución del contrato y posterior, respecto de cada uno de los imputados. Estamos hablando de tratos directos y subdivisión de contratos para que Contraloría no pudiera fiscalizar, lo que hace más evidente el fraude el Fisco. La pena de diez años me parece razonable". Defensa.
Gonzalo Medina, abogado de Pérez, cree que, "la solicitud de la Fiscalía es completamente desproporcionada y deja más dudas que certezas sobre alguna intervención de la diputada Pérez en la gestión de los convenios, ella jamás ha cometido un delito. No hay un peso de la plata de los convenios que haya llegado a ella. Es tiempo de que hablen las pruebas, que demuestran su inocencia"..