Autor: Alejandro Cifuentes, consejero regional

Columnas de Opinión: Cuando la violencia entra al aula: una señal de alerta para la Región de Antofagasta
Columnas de Opinión: Cuando la violencia entra al aula: una señal de alerta para la Región de Antofagasta C Columna a violencia en los establecimientos educacionales en la Región de Antofagasta dejó de ser un problema puntual. Lo ocurrido en Calama, donde una inspectora perdió la vida y otras personas resultaron gravemente heridas al interior de un colegio, marca un punto de inflexión que no admite relativizaciones ni diagnósticos reiterativos. No estamos frente a un hecho aislado. Ya existían señales. La propia Superintendencia de Educación había alertado que en la región se registraban denuncias por maltrato entre estudiantes, evidenciando un deterioro progresivo de la convivencia escolar. A esto se suma una realidad menos visible, pero igual de compleja: comunidades educativas tensionadas, equipos sobrecargados y una respuesta institucional que llega tarde o simplemente no llega. En paralelo, la brecha en salud mental es evidente. Si bien no contamos con cifras regionales completas y actualizadas lo que ya es un problema en sí mismo, los programas existentes no logran cobertura suficiente. Muchos establecimientos no cuentan con equipos psicosociales permanentes y, cuando los tienen, operan con alta demanda y baja capacidad de respuesta. La prevención, en la práctica, sigue siendo débil. Desde el nivel regional, se han impulsado iniciativas como el programa "Paz Educa", financiado por el Gobierno Regional y ejecutado en 12 establecimientos de Antofagasta, Calama y Tocopilla, beneficiando a más de 13 mil estudiantes. Es un avance, pero claramente insuficiente frente a la magnitud del problema. La violencia escolar no se aborda con experiencias piloto, sino con políticas sostenidas, cobertura amplia y recursos bien focalizados. Aquí es donde el rol del Gobierno Regional y del Consejo Regional cobra relevancia. No somos espectadores. Contamos con herramientas concretas, como el FNDR, que permiten financiar infraestructura, programas de prevención y fortalecimiento de comunidades educativas. El desafío es claro: priorizar estos recursos donde realmente se necesitan. Como integrante de la Comisión de Seguridad del CORE, tengo la convicción de que debemos avanzar en medidas concretas. Esto implica fortalecer la seguridad en entornos escolares, mejorar la coordinación con municipios y fuerzas de orden, y, sobre todo, impulsar programas regionales de apoyo psicosocial con cobertura real y permanente. Pero también exige algo más de fondo: asumir que la violencia escolar es un problema de seguridad pública y de desarrollo social, no solo educativo. Mientras sigamos abordándolo de manera fragmentada, los resultados seguirán siendo insuficientes. Hoy la región enfrenta una señal de alerta que no puede ser ignorada. Cuando el Estado no actúa a tiempo, las consecuencias son graves y, muchas veces, irreparables. No basta con condenar lo ocurrido. Es momento de actuar con decisión, con sentido de urgencia y con responsabilidad. Porque en esto no hay margen de error: lo que está en juego es la seguridad y el futuro de nuestros niños y jóvenes. Autor: Alejandro Cifuentes, consejero regional. "Hoy la región enfrenta una señal de alerta que no puede ser ignorada. Cuando el Estado no actúa a tiempo, las consecuencias son graves y, muchas veces, irreparables".