Autor: Lucas Serrano Cientista Político y Director de carrera de Administración Pública USS

Columnas de Opinión: Empleo público, amarre y límites institucionales
Columnas de Opinión: Empleo público, amarre y límites institucionales no, vuelve a instalar un debate necesario pero mal planteado: la reforma al empleo público en Chile. La precariedad de las contratas, la débil carrera funcionaria y la politización de cargos técnicos son problemas estructurales ampliamente diagnosticados. Sin embargo, la forma, el momento y el contenido de la iniciativa hoy en debate presentan serias debilidades desde una perspectiva de administración pública. El objetivo declarado es otorgar mayor estabilidad laboral, limitando la no renovación de contratas mediante actos administrativos fundados y criterios objetivos. En abstracto, la intención es legítima. Un Estado eficaz requiere continuidad, memoria institucional y condiciones mínimas de seguridad laboral para quienes ejecutan políticas públicas.
El problema surge cuando esta protección se aplica de manera amplia e indiscriminada, L a discusión en torno al denominado "amarre" de funcionarios públicos, impulsada en la recta final del actual gobiersin distinguir entre funciones, trayectorias ni naturalezas del cargo. Desde el punto de vista técnico, la administración pública moderna se sostiene sobre una distinción fundamental: aquella entre la función pública profesional y permanente y los cargos de confianza política. Esta separación no es meramente formal, sino funcional a la gobernabilidad democrática. La estabilidad administrativa garantiza continuidad estatal; la rotación política, en cambio, permite que los gobiernos electos ejerzan legítimamente su conducción. Al diluir esta frontera, la iniciativa termina protegiendo vínculos contractuales sin atender al rol efectivo que esos cargos cumplen dentro del aparato estatal. Una reforma sensata al empleo público debiera avanzar sobre criterios claros y verificables. Entre ellos, una antigüedad relevante -por ejemplo, cinco años continuos-, la permanencia bajo al menos dos administraciones distintas, evaluaciones de desempeño satisfactorias y la naturaleza técnica del cargo. Estos elementos permiten proteger la función pública sin rigidizar la gestión ni limitar indebidamente la capacidad directiva del gobierno entrante. El momento en que se impulsa esta medida tampoco es neutro. Proponer restricciones de este tipo en la antesala de un cambio de gobierno tensiona innecesariamente la transición y expone al empleo público a una mayor politización. Más que una política estructural, la medida adquiere un carácter reactivo, condicionado por el calendario electoral. La estabilidad del Estado no se construye mediante candados administrativos, sino a través de reglas claras, permanentes y aplicables con independencia del gobierno de turno. La reforma al empleo público es urgente y necesaria, pero requiere diseño técnico, legitimidad temporal y una clara distinción entre lo político y lo administrativo. Sin esos elementos, una demanda legítima puede terminar debilitando la institucionalidad que busca proteger. Autor: Lucas Serrano Cientista Político y Director de carrera de Administración Pública USS. Opinión