Patrimonios del crimen organizado y juicios en ausencia, entre proyectos prioritarios que prepararía Seguridad
Patrimonios del crimen organizado y juicios en ausencia, entre proyectos prioritarios que prepararía Seguridad A más de una semana de haber asumido como ministra de Seguridad, Trinidad Steinert trabaja en los primeros proyectos de ley que enviará al Congreso, los cuales se vinculan a uno de los fenómenos más preocupantes en el marco de la crisis que afecta al país: el crimen organizado. En esa línea, desde el Ejecutivo confirman a "El Mercurio" que son al menos dos las iniciativas que serían ingresadas próximamente. Una de ellas dice relación con invertir la carga de la prueba en causas de crimen organizado.
Actualmente, ante delitos como asociación ilícita o narcotráfico, es la fiscalía la que debe probar el origen ilícito de los dineros percibidos por los imputados en esas causas, por lo que la iniciativa legal buscaría que sean estos los que deban probar que dichos dineros fueron obtenidos por vía legal, alcanzando también a los bienes que fueron adquiridos.
En paralelo, otro proyecto de ley sería el que intenta permitir el juicio en ausencia de imputados, que busca que una vez que estos sean notificados y al no presentarse en audiencia, puedan ser juzgados y condenados en ausencia. Al interior del Gobierno señalan que se trata de una práctica común para dilatar juicios el no presentarse, por lo que se perseguiría acortar la duración de estos a través de dicha medida. Consultados por este medio, exfiscales creen que se vulnerarían garantías del sistema de justicia.
Por ejemplo, el expersecutor jefe de La Serena Marcelo Sanfeliú, sobre que busca invertir la carga de la prueba, dice que una "regla básica de nuestro sistema procesal penal acusatorio es que una de las garantías procesales más elementales es el principio de presunción de inocencia de todos los ciudadanos, sin distinción. Eso se traduce en que es el Estado, a través del Ministerio Público, el que debe derribar esa presunción, a través de pruebas lícitas. Las que serán contrastadas por la defensa en un juicio oral, público y contradictorio". Añade que "si bien puede constituir una ventaja para la persecución penal, esta no es a cualquier precio. Por esa razón es que existe el Estado de Derecho y normas legales que regulan el actuar tanto de la fiscalía como de las policías.
Estimo que sería un retroceso y un incumplimiento a las obligaciones del Estado de Chile". Para el exdirector de la Unidad de Drogas de la fiscalía Luis Toledo, actual director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado (Cescro) de la USS: "No es viable ni constitucionalmente sostenible una inversión plena de la carga de la prueba.
La solución técnica es un modelo de carga probatoria dinámica: el Ministerio Público debe acreditar un estándar inicial robusto de desproporción patrimonial y vinculación con actividad ilícita, y solo a partir de ese umbral desplazar al imputado la exigencia de justificación.
Ese equilibrio permite ganar eficacia sin sacrificar garantías". Así, advierte el riesgo de que se erosione la presunción de inocencia; alterar el estándar probatorio del proceso penal, e incluso una amenaza "menos visible", que sería "la ineficacia.
Sin capacidades reales de inteligencia financiera, análisis patrimonial y trazabilidad de activos, cualquier modificación legal puede terminar operando sobre casos simples y no sobre las arquitecturas económicas complejas del crimen organizado". n Conflicto con "elemento estructural de la defensa" Algo similar, según ambos expersecutores, ocurriría en el caso del proyecto que busca autorizar juicios en ausencia del acusado.
Así, Toledo menciona que, si bien tiene "un fundamento atendible, evitar que la fuga deliberada del imputado paralice la respuesta del Estado", advierte que "el problema es que se tensiona una garantía central del debido proceso, esto es, el derecho a estar presente en el juicio. No es una formalidad, es un elemento estructural de la defensa.
Si se debilita sin resguardos, se compromete la legitimidad del sistema". Por tanto, asegura que su viabilidad depende de una "regulación extremadamente estricta, notificación efectiva y verificable del imputado, acreditación de que la incomparecencia es voluntaria y deliberada, defensa técnica real durante todo el proceso y, especialmente, el derecho a un nuevo juicio o revisión sustantiva si el imputado comparece posteriormente con causa debidamente justificada.
Sin ese estándar mínimo, la herramienta puede ser más problemática que útil". Coincide Sanfeliú, quien considera que "este proyecto no debería tener ningún futuro legislativo, dado que la infracción de garantías procesales mínimas es más evidente.
Tanto nuestra legislación procesal como los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile prohíben expresamente un juzgamiento en ausencia o rebeldía de una persona". Y recuerda que "una garantía mínima del derecho de defensa es poder, consecuencialmente, defenderse.
Lo que claramente no ocurre si es que el imputado no se encuentra presente en un juicio". Apuntan a financiamiento de bandas y dilación de procesos penales: Patrimonios del crimen organizado y juicios en ausencia, entre proyectos prioritarios que prepararía Seguridad O. RODRÍGUEZ Aunque se vinculan a fenómenos preocupantes de la delincuencia, exfiscales advierten que ambas propuestas podrían colisionar con "garantías fundamentales" del sistema de justicia. SEGURIDAD Es uno de los focos y un tema de la mayor relevancia para el recién asumido Gobierno, de acuerdo a los dichos del propio Ejecutivo.
BANDAS. -En abril de 2024 fueron formalizados los integrantes de la banda de crimen organizado "Los Trinitarios" que, a partir de la comisión de delitos en Chile, obtenía dinero ilegal y lo enviaba fuera del país. Con la iniciativa, grupos como este tendrían probar la licitud de sus fondos, ya no la fiscalía acreditar su origen ilegal. MACARENA PÉREZ.