Editorial: Vulnerabilidad del personal sanitario
Editorial: Vulnerabilidad del personal sanitario I sistema público de salud se sostiene gracias al compromiso de sus funcionarios. Son ellos quienes enfrentan jornadas laborales extensas, sometidos a altos niveles de presión y a la constante E administración de crisis asistenciales. Su rol no se limita al cumplimiento de un contrato administrativo; radica en la delicada tarea de brindar alivio, contención y asistencia profesional a los ciudadanos en sus momentos de mayor vulnerabilidad. Sin embargo, esta función social indispensable se ve de manera sistemática menoscabada por una preocupante realidad: la creciente hostilidad y violencia por parte de aquellos mismos a quienes se asiste. La provincia no es ajena a este fenómeno que erosiona las bases del servicio público.
El registro de 155 denuncias formales ante las autoridades del Servicio de Salud de Osorno en el periodo de un año es un indicador inequívoco de un problema que ha dejado de ser esporádico para transformarse en estructural. Este escenario de hostilidad evidencia una de las problemáticas más complejas del último tiempo: la alarmante falta de tolerancia y una pérdida de respeto elemental hacia la función sanitaria. Lejos de ser meras faltas de educación, muchas de estas conductas son delitos explícitos tipificados en el Código Penal. El análisis de la contingencia permite identificar patrones claros sobre esta realidad creciente.
De acuerdo con las mediciones gremiales y sectoriales, la mayor concentración de incidentes ocurre durante las mañanas, gatillada principalmente por las extensas dinámicas de espera (propias de la sobredemanda del sistema) y por la compleja situación de salud mental en los usuarios.
Asimismo, las áreas de urgencia asistencial, los Sapu y los Centros de Salud Familiar (Cesfam) localizados en sectores con alta incidencia delictual, concentran el mayor volumen de agresiones de la red provincial, afectando a recintos como los consultorios de Rahue Alto o Quinto Centenario, así como al Hospital Base San José de Osorno. Frente a esta coyuntura, la implementación de programas institucionales que consideran acompañamiento sicológico, contención y asesoría jurídica penal por parte de la autoridad de salud local representa un avance indispensable.
No obstante, la seg* *-** dad en los recintos de salud debe consolidarse como una prioridad social intransigente.. El alza de agresiones a funcionarios de salud exige un cambio en la cultura de respeto y mayor seguridad en la red asistencial. E Editorial