Contraloría ordena a todo el Estado reportar controles internos
Contraloría ordena a todo el Estado reportar controles internos I a Contraloría General de la República lanzó una ofensiva inédita contra la corrupción en el aparato estatal.
A través de un ofício firmado por Dorothy Pérez, se instruyó a ministerios, municipalidades, gobiernos regionales, universidades estatales y empresas públicas entregar, en un plazo de 10 dias hábiles, un detalle de las medidas de control interno aplicadas frente a hechos que ya están siendo investigados por la justicia. El documento enumera una serie de episodios que han sacudido a distintas reparticiones públicas y que fueron detectados gracias a denuncias o pesquisas de las propias instituciones. En Calama, un funcionario fue acusado de cohecho por filtrar fiscalizaciones de patentes de alcoholes; otro utilizo una vivienda fiscal para guardar armas y dar refugio a una banda delictual. En Chillan, un empleado público fue detenido por la PDI tras ser sorprendido traficando drogas que recibia para su incineración. En la región de Tarapacá, 13 funcionarios cayeron por corrupción: cobraban a personas para no realizar los controles exigidos por ley. Los casos se repiten en otras zonas. En Santiago, un funcionario fue detenido por cohecho, asociación criminal y ejercicio ilegal de cargo público, mientras otro fue condenado por negociación incompatible y cohecho, tras recibir pagos por adjudicar directamente obras municipales. La lista que exhibe Contraloría es amplia: nueve funcionarios detenidos en la capital por soborno, cohecho y falsificación de instrumento público, al lucrar con la incautación y retiro de vehículos. Tres funcionarios capturados en Puerto Aysen cuando retiraban una encomienda con droga. Cinco funcionarios de la Fuerza Aérea sorprendidos usando aeronaves institucionales para transportar droga desde Iquique a Santiago, Seis funcionarios del Ejército detenidos por dar cobertura a una banda de narcotráfico. Un funcionario denunciado por la PDI tras ingresar droga desde Perú por un paso fronterizo. Ante esta seguidilla de hechos, la Contraloría exige que cada institución detalle sus controles preventivos, detectivos y correctivos, además de precisar fechas de ocurrencia, número de involucrados, procesos sumarios y sanciones aplicadas.
Quienes conocen de estas fiscalizaciones a los estamentos estatales explicaron a Radio Bio Bio que "no se trata de perseguir a los funcionarios pblicos", sino de constatar como funciona el control administrativo frente a irregularidades que si han sido descubiertas e investigadas. ALDE PUBLICA 1-1927 ILE GENERAL DE LA KLARES. · Ofició a ministerios, municipios, empresas públicas y universidades estatales, exigiendo detallar medidas preventivas, detectivas y correctivas. Inédita medida anticorrupción El requerimiento surge tras denuncias y detenciones de funcionarios en todo el país. El plazo de respuesta es de 10 días.