Cumplimiento de la Ley del lobby II
Señor Director: La llamada Ley de lobby tiene como preocupación central crear deberes de registro de audiencias, viajes y donativos. Por lo mismo, se trata de una ley que regula deberes de transparencia activa. Ahora bien, la información que debe transparentarse consiste en aquella que entregan los representantes del sector privado al pedir audiencias. Son ellos los que tienen el deber de registrarse conforme a la ley, cada vez que busquen incidir en una adopción de una decisión pública específica. No todo encuentro o comunicación entre una autoridad y un tercero puede ser calificado de "lobby". La ley formaliza estas peticiones de audiencias, desde luego, de iniciativa de los propios interesados. Por otra parte, estas audiencias no comprenden reuniones informales sostenidas entre autoridades y terceros, sino audiencias propiamente tales, solicitadas por quienes ejercen lobby. Sobre este punto, la ley y el reglamento son muy claros, pues además establecen el deber del lobista de proporcionar información precisa al momento de "solicitar" la audiencia. De esta manera, la ley únicamente se concentra en las audiencias solicitadas por lobistas y no las generadas a iniciativa de las mismas autoridades o bien aquellas que corresponden a encuentros informales. En este contexto, las reuniones de carácter informal y social no se encuentran reguladas por la ley vigente. Este último aspecto puede ser criticado desde el punto de vista de /ege ferenda, es decir, como un asunto a modificar para una futura ley. Sin embargo, es un error o incomprensión plantear que podría exigirse legalmente que autoridades registren tales audiencias bajo la ley vigente. A lo más, podría hablarse de buenas prácticas no exigibles jurídicamente.
Es más, una incomprensión respecto de nuestra regulación como la que se ha observado en los medios en la última semana —que confunde aquello que la ley exige con lo que quisiéramos que dijera— da cuenta además de un enorme desconocimiento de la aplicación práctica que, en general, ha tenido la Ley de lobby en una década y hace perder el foco sobre algo central respecto de la ley: ya es hora de modernizarla. WILLIAM GARCÍA MACHMAR Profesor de Derecho Administrativo UDP GUILLERMO JIMÉNEZ Profesor de Derecho Administrativo UAT