Autor: Pablo Basadre G.

El dispar criterio del presidente de la Corte de Apelaciones para manejar "papas calientes"
El dispar criterio del presidente de la Corte de Apelaciones para manejar "papas calientes" U n dispar tratamiento de las prioridades muestra el actuar del presidente de la Corte de Apelaciones, Fernando Carreño, en dos áreas que han demostrado preocupantes muestras de opacidad: en el nombramiento de un interino para el apetitoso cargo -por los millones involucradosdel Conservador de Santiago y la tramitación de dos procesos relacionados con casos de corrupción en el sistema judicial En el primero, este mes renunció el Conservador de Bienes Raíces Santiago Kamel Saquel, y como interino asumió Luis Maldonado. El presidente de la Corte de Apelaciones llamó este lunes a un concurso para el cargo interino, dado que la nueva ley con un sistema más transparente de nombramientos parte en abril.
El tema es que La Tercera publicó que el titular de la Segunda Notaría de Santiago, Francisco Leiva, hermano del diputado del PS, Rául Leiva, se reunió con representantes del sindicato del Conservador de Santiago para conocer las preocupaciones de los funcionarios, claramente con miras a participar en el nombramiento interino.
Se trata de un cargo no menor: un cálculo de El Mostrador en 2003 situó en cerca de $180 millones los ingresos mensuales del cargo (del cual debe restarse el pago al personal). Leiva podría decirse que representa un estilo en el Poder Judicial, fruto de redes tejidas por largo tiempo al alero de los pasillos judiciales. Decisivo fue su ingreso como secretario personal del expresidente de la Corte Suprema Mario Garrido Montt. Desde ahí en adelante, fue sumando experiencias laborales en puestos clave archivero judicial, conservador suplente-, que fueron entregando densidad a su red de contactos. Algo de esas redes quedó demostrado en sus WhatsApp en el caso del exministro Juan Antonio Poblete en la Operación Topógrafo.
En la carpeta de investigación del caso bielorruso existe una imagen de 2023 de un grupo de WhatsApp llamado "Proyecto Nuevo CBRS", que según el informe del OS7 de Carabineros estaba "destinado a la planificación para el nombramiento de Conservadores de Bienes Raíces" y lo formaban el propio Leiva, un tercero desconocido y Francisco Cruz.
Este último es exembajador en Panamá, abogado integrante de la Corte de Apelaciones de San Miguel, consejero del Consejo Nacional de Televisión y asesor externo del senador Matías Walker a través de la firma Asesorías Jurídicas Santa Cecilia Limitada.
Cruz sale mencionado también en otra conversación en la que participa de una comida en la casa del ministro de la Suprema Diego Simpertigue, a quien hoy se busca acusarlo constitucionalmente por su rol en el fallo de Belaz Movitec y sus vacaciones en un crucero junto al abogado formalizado Eduardo Lagos.
La diligencia mostrada por Carreño en asignar un pronto suplente a este cargo millonario -con Leiva entre los interesadoscontrasta con la mostrada en definir el futuro judicial del exfiscal Manuel Guerra y de la exsuprema Ángela Vivanco.
Esto porque el Ministerio Público solicitó a esa Corte abrir sendas querellas de capítulos: esta figura es una especie de desafuero aplicado a exadministradores de justicia (jueces o fiscales) que se ven envueltos en investigaciones y es un paso previo a la formalización cuando ésta puede incluir medidas cautelares (arresto en alguna de sus formas, por ejemplo). La resolución que espera el Ministerio Público El 7 de noviembre pasado la Corte de Apelaciones acogió a trámite la querella de capítulos contra Vivanco que presentó Fiscalía.
En paralelo el Ministerio Público formalizó a la pareja de la exsuprema, Gonzalo Migueles, junto a los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, todos involucrados en el caso de la empresa chileno bielorrusa Belaz Movitec y Codelco, supuestamente por lograr fallos favorables de Vivanco a cambio de sobornos. ¿Cuándo se verá este asunto? No hay fecha, ni tampoco respuesta del Poder Judicial a nuestras consultas por canales formales. En el caso del exfiscal Oriente Manuel Guerra -investigado cohecho agravado, vulneración de secreto y prevaricaciónen octubre se presentó la querella de capítulos. .. pero tampoco hay agenda para ver el caso. Respecto a esta causa, el profesor UDP Cristián Riego, explica que "lo primero es que en todos estos casos no creo que corresponda siquiera pedirla. Históricamente POL P siempre se entendió que la querella de capítulos era para que las autoridades en ejercicio no fueran perturbadas en su trabajo con acusaciones frívolas.
De hecho, en el caso de (exministro Juan Antonio) Poblete se lo formalizó y se lo puso en PP". Riego explica un riesgo: "que esto se convierta en una protección corporativa que los funcionarios se otorgan a si mismos". José Miguel Aldunate, director de estudios del Observatorio Judicial, explica que al observar casos anteriores, "la querella de capítulos debería demorar entre 3 y 6 meses, incluyendo la apelación en la Corte Suprema, pero va a depender de la carga de trabajo de los tribunales". Y añade: "considerando el daño reputacional que implica para el PJUD, mantener estas causas abiertas, uno desearía que avanzaran lo más rápido posible. Sin embargo, lo más importante es que todo se tramite de manera regular.
Recordemos que una de las razones por las cuales fue removida Ángela Vivanco a comienzos de este año fue precisamente por alterar las tablas". El profesor de la Escuela de Gobierno UC y abogado, Mauricio Duce, explica que un "principio sano en casos de alta connotación pública en los cuales se presentan solicitudes en la cortes como desafueros o querellas de capítulos para ser aprobadas, las cortes deberían hacer un esfuerzo por priorizar la resolución de estas cuestiones en su agenda de manera tal que estos casos no queden paralizados por mucho tiempo.
El alargamiento a veces excesivo en estas decisiones perjudica no solo el avance de estos caso sino que también opera como un factor que afecta la credibilidad y confianza en el propio sistema".. Rápido para encontrar un suplente en un cargo con multimillonarios ingresos, pero sin fecha para revisar los casos de posible corrupción de Ángela Vivanco y Manuel Guerra. Académicos y abogados recomiendan acelerar las definiciones. Fernando Carreño