PIDEN ACELERAR DE LEY DE APORTES AL ESPACIO PUBLICO
En el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones sostienen que actualmente está en revisión en la Contraloría. Vances relevantes para el desarrollo urbano plantea la Ley de Aportes al Espacio Público.
El hecho de que cada nuevo proyecto aporte recursos para mejorar los espacios públicos y que una parte vaya a iniciativas de mejoramiento de infraestructura de transporte, son algunos de los impactos positivos que se esperan, junto con establecer definiciones e instrumentos que a juicio del académico del Instituto de Estudios Urbanos UC, Roberto Moris, son “fundamentales para la planificación integrada”, como los Planes Comunales e Intercomunales de Inversiones en Infraestructura de Movilidad y Espacio Público, y los Informes de Mitigación de Impacto Vial (IMIV). En el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) detallan que esta Ley se fundamenta en tres pilares: universalidad (todos los proyectos inmobiliarios deben mitigar y/o aportar), proporcionalidad (las mitigaciones serán equivalentes a las externalidades generadas por el proyecto), y predictibilidad, que significa que todas las mitigaciones se calcularán mediante métodos objetivos y plazos predefinidos y estandarizados, “por lo que las reglas del juego serán conocidas por todos”. Reglamento Sin embargo, persisten muchas dudas en torno a la ejecución del cuerpo legal, fundamentalmente porque aún no se ha dictado su reglamento, pese a que la Ley 20,958 fue publicada en octubre de 2016. “Es muy importante que esta nueva Ley entre en vigencia con su reglamento en breve. Sólo así podremos comprobar los beneficios esperados, las dificultades de su aplicación y el impacto real en los entornos urbanos”, acota el presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU), Sergio Baeriswyl.
La existencia de este reglamento, añade Gabriel Montero, vocero de la Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería de Chile (AIC), “además de habilitar un nuevo sistema de mitigaciones, que idealmente será más objetivo que el de los actuales Estudios de Impacto sobre el Sistema de Transporte Urbano (Eistu), es otra condición necesaria para la entrada en vigencia del cobro de aportes.
De ahí la urgencia de contar con el reglamento”. El que actualmente está en revisión en la Contraloría, sostienen en el MTT, añadiendo que una vez que entre en vigencia, “mejorará y hará mucho más eficiente” la tramitación de los proyectos, por cuanto los IMIV operan a través de una plataforma en línea “que agiliza los tiempos de tramitación”. Los recursos que se puedan generar a partir del aporte de los nuevos proyectos, irán a un fondo en los municipios que alberguen las iniciativas. Algo que es aplaudido por cuanto la ciudad y los espacios públicos obtendrán recursos para su mejoramiento, dice Pero también genera muchas preguntas. Moris apunta que si bien se establece que todos los proyectos deberán mitigar o aportar, aún no está claro cuánto se verán beneficiadas aquellas comunas con menor cantidad de proyectos privados.
A lo que el socio fundador y gerente general de Urbano Proyectos, Iván Muñoz, agrega que “se puede prestar para que se construyan obras en lugares en los que no exactamente se está produciendo el desarrollo urbano y la decisión responda a una necesidad más bien política”. “Cuánto aporte efectivo se hará al espacio público, cómo diseñarán los municipios sus planes de inversión para que estos recursos se concreten en obras públicas prioritarias, y cuál será el impacto de esta Ley en las ciudades regionales e intermedias”, son aspectos que plantean incógnitas, dice Baeriswyl. Con todo, vincular los planes de inversión con los de desarrollo comunal y los planes reguladores comunales, “parece ser una prioridad postergada. Considerando que los gobiernos regionales recibirán parte de los aportes, estos planes de inversión deberían incorporar recursos multisectoriales y regionales: la base de una real planificación integrada”, sostiene Moris. MM