Autor: Por Carolina Méndez
"La violencia que vemos en las calles es propia de la cultura del narcotráfico"
El líder gremial dice que en Meiggs existe comercio ambulante alimentado por mafias organizadas.
“Si el Gobierno sólo interviene este barrio y no las otras comunas, trasladaremos este problema a otros sectores que probablemente hoy no están sufriendo lo que viven estos comerciantes”. Á Siéntate donde quieras”, ofrece amable Ricardo Mewes apuntando a tres sofás de cuero Chesterfield instalados en su amplia oficina de la CNC. El gremio, con 163 años de historia, funciona en el Palacio Bruna (Merced 230), una edificación neoclásica con influencias francesas construida entre 1916 y 1921. Llamativo es que su opulencia inteCámara Nacional de Comercio (UNC) rior, recubierta de paredes de mármol, se contraponga a su imponente muro perimetral exterior tapizado de grafitis. “Desde el estallido social empezaron a rayar incivilizadamente este monumento nacional. Acá afuera hacen barricadas. Por eso quienes trabajan aquí están temerosos y los viernes se van temprano a sus casas”, comenta.
Expresidente de la Cámara Aduanera (desde 2000 a 2002), Mewes asumió el año pasado como máximo timonel de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) -ya estuvo en este mismo cargo por dos periodos entre 2012 y 2017-. “No tengo título universitario, estudié en la universidad de la vida; me defino como empresario con orgullo”. Casado y padre de siete hijos (entre 35 y 18 años), el líder gremial camina semanalmente entre el Palacio Bruna y su empresa aduanera ubicada en Manuel Rodríguez. “Veo miedo en los transeúntes. Esta zona está repleta de comercio ilegal y violencia.
Hay más de quinientos locales cerrados en Santiago Centro”. -Tras los violentos hechos registrados en Meiggs, donde fue baleada la reportera Francisca Sandoval el 1 de mayo, ¿ Cuál es su visión ante el anuncio del Gobierno de intervenir este barrio “para recuperar la presencia del Estado”? -La muerte de Francisca en el barrio Meiggs demuestra algo que lamentablemente venimos advirtiendo a las autoridades hace unos ocho años. En esta zona existe comercio ambulante alimentado por mafias organizadas. Esta problemática debe tener una mirada regional y asílo hemos conversado con el gobernador Orrego. Si el Gobierno sólo interviene este barrio y no las otras comunas, trasladaremos este problema a otros sectores que probablemente hoy no están sufriendo lo que viven estos comerciantes. Y añade: nuestro gremio, como privados, debe ser parte de la solución, pero bajo la protección del Estado.
No podeAfuera saben que, si en Chile se revisan los acuerdos comerciales, mejor invertirán en otros países con reglas más estables”. Soy muy crítico del acuerdo que está planteando el Presidente, porque el Gobierno posee las herramientas para ejercer el control... No hay que hacer pactos para eso, solo deben gobernar”. mos pretender abrir un supermercado sabiendo que lo van a asaltar o que lo quemarán.
“Estamos perdiendo la pelea contra la delincuencia y el narcotráfico” -En 2015 la Cámara creó el Observatorio del Comercio Ilícito para promover una reflexión en torno a la problemática del comercio ilegal, ¿Cuál es la suya? -A partir del estallido social, ha habido un incremento exponencial de este comercio. Nuestra última encuesta de victimización, que hacemos hace quince años semestralmente, muestra que tres de cada cuatro comercios han sufrido actos delictuales. La violencia que vemos en las calles es propia de la cultura del narcotráfico. Hemos visto videos con acuchillamientos en la costanera de Valdivia, actos violentos en Iquique y Antofagasta, atentados terroristas en la macrozona sur. Hasta al más pequeño local en Victoria le afectan estos atentados.
Esto demuestra que estamos perdiendo la pelea contra la delincuencia y el narcotráfico. -Usted ha calificado como “mala señal política” la discusión en el Congreso sobre una eventual amnistía para detenidos por el estallido social. -Sin duda el Gobierno tiene un conflicto ideológico, porque el propio Presidente en su minuto fue muy crítico de cómo Carabineros ejercía su función. También lo fue con los militares por su rol en los estados de excepción.
Hoy eso le está jugando en contra, pues debe gobernar para todo Chile. -Asimismo el Gobierno dio un giro y optó por decretar estado de excepción para resguardar las carreteras del Bío Bío y La Araucanía. Y tiene intenciones de evaluar querellas contra la CAM. ¿Cómo valora esto su gremio? -Más que La Moneda analice una querella contra la CAM, debe empezar a actuar, porque es fundamental perseguir a los responsables. Es importante saber quiénes están detrás de estos delitos para tomar las acciones que correspondan. -La Moneda quiere lograr un acuerdo nacional de seguridad con todas las fuerzas políticas y sociales del país. Llamó a abordar el tema desde una política de Estado sin ostracismos ideológicos. -Soy muy crítico del acuerdo que está planteando el Presidente, porque el Gobierno posee las herramientas para ejercer el control. Tiene el monopolio del uso de la fuerza para abordar a los delincuentes, a las mafias del barrio Meiggs y a quienes queman camiones en el sur.
No hay que hacer pactos para eso, solo deben gobernar. -En esta línea usted ha manifestado que los alcaldes son los principales responsables de los permisos municipales que se otorgan. -Comercial y turísticamente un país desordenado se percibe como poco atractivo. Por eso el rol de los alcaldes es vital. hemos estado en conversaciones con la alcaldesa de Santiago, de La Pintana y el alcalde de Estación Central para apoyar este tema. Entre algunas iniciativas, nos hemos puesto a disposición de la Municipalidad de Santiago certificando competencias para que estas personas formalicen sus emprendimientos. “Es fundamental establecer políticas públicas que nos den estabilidad” -La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) fijó la elección de su próximo presidente para el 12 de julio.
Sostuvo que esta decisión la toman considerando que Chile vive un momento relevante marcado por la Convención Constitucional. -Es importante que el sucesor de Juan Sutil, tal como él lo ha realizado, esté abierto al diálogo para generar puentes con el Gobierno que permitan implementar las políticas que la ciudadanía demanda. También es fundamental que lo haga con las centrales sindicales.
Y es transcendental seguir monitoreando el proceso de la Convención, pues más relevante será lo que ocurra después en términos de la unidad del país. -Usted ha sostenido que hace tres años Chile generaba entre dos mil quinientos y tres mil millones de dólares en inversiones inmobiliarias en el sector comercio, pero que en adelante no se ve ninguna inversión en esta área. -Eso es preocupante, porque cuando hay inversión puedes generar puestos de trabajo con buenos sueldos, con seguridad social y además habilitar las condiciones para la estabilidad económica. Ante un escenario adverso, este segundo semestre probablemente habrá una caída en la inversión de un 1%. Estamos viendo también que hay una cuota de incertidumbre con el trabajo de la Convención.
Todo lo cual produce un impacto económico que afecta fuertemente el bolsillo de los chilenos. -De igual modo empresarios chilenos están en picada contra la idea del Gobierno de establecer diálogos sociales para analizar nuestra política exterior. -Para nosotros es fundamental establecer políticas públicas que nos den estabilidad en las reglas del juego que promuevan la inversión. Pero vemos al subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales haciendo una consulta pública para revisar nuestra política en el comercio internacional. Llevamos 35 años con una apertura, y tanto los productos que se comercializan en Chile como los que exportamos, están absolutamente apalancados en los acuerdos comerciales. Y prosigue: -Eso genera incertidumbre; hace que nuestros productos lleguen más caros al extranjero y que los que nosotros compramos acá sean más costosos.
Afuera saben que si en Chile se revisan los acuerdos comerciales, mejor invertirán en otros países con reglas más estables. -El ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que las normas económicas en la propuesta constitucional van en buen camino y que “muchos de los temores se van disipando” -Discrepo con el ministro sobre lo que plantea la Convención en cuanto al derecho de propiedad. Sobre el justo precio. Cuando la Convención dice que el Estado protegerá preferentemente los derechos de los pueblos originarios, traspasándole la obligación a los gobiernos para generar leyes, me pregunto para quién es el precio justo.
Puede que lo sea para el pueblo originario, pero probablemente no lo será para el dueño de esas tierras que eventualmente expropiará el Estado. -También ha manifestado que a su gremio le costó bastante incidir en la Convención. -Fue muy complejo. Presentamos a la Convención cinco documentos y ninguno de ellos tuvo eco. Estos tenían relación con el derecho laboral, derechos fundamentales, derechos de los consumidores y derechos digitales. Incluso apoyamos la iniciativa popular de norma “Primero las Víctimas”, que garantizaba el derecho a la seguridad ciudadana y que quiso proteger a víctimas del estallido social.
Entre sus adherentes estuvo Carlos Siri, dueño de la Fuente Alemana; Raúl Moya, padre de Tamara Moya, la niña que fue asesinada en una encerrona y Dahianna Pereira, viuda del cabo Eugenio Naín. -¿ Por qué cree que esa iniciativa, que obtuvo más de 26 mil firmas, no prosperó? -Porque en la Convención hay intereses políticos. Y de alguna manera, validaron la violencia del estallido. Convengamos el problema que tiene el Gobierno con el indulto. -En 2016 dijo en la prensa que las colusiones del empresariado producen que su rol quede en tela de juicio. Quizás a su gremio, compuesto por empresarios, la Convención no los mira con buenos ojos. -Nuestro gremio ha sentido el rechazo de la Convención hacia el mundo empresarial, en especial, hacia las grandes empresas. Pero a los convencionales se les olvida que una pyme también es una empresa. En la Convención se nos ve como una caricatura, donde todos somos grandes empresarios, quizás por los conflictos que hubo, como las colusiones, pero de eso nos hicimos cargo hace rato.
Y ese rechazo en los convencionales nos ha jugado en contra. -¿ Votará por aprobar o rechazar una nueva Constitución? -Creo que hay que cambiar la Carta Magna, pero nos preocupa el nivel de incertidumbre que algunas normativas podrían provocar. El ánimo refundacional y la fragmentación del país podría generar que sectores que no fueron considerados establezcan categorías de ciudadanos. Esto no da cuenta de la sociedad que queremos construir.