Autor: José Fco. Montecino Lemus cronica(omercurioantofagasta. Cl

Diputados locales plantean mayor diálogo de Cancillería con países vecinos para agilizar expulsiones
Datos de control de identidad a migrantes e Luego del fallecimiento del cabo primero de Carabineros Álex Salazar, de 37 años, quien había sido atropellado intencionalmente por un ciudadano venezodurante un procedimiento en Concepción, los diputados de la bancada Avancemos Chile, Yovana Ahumada y Víctor Pino, presentaron un oficio de fiscalización para que el Ministerio del Interior solicite al general director de Carabineros información detallada sobre datos de inmigrantes ¡ legales sometidos a control de identidad, esto para poder avanzar en procesos de expulsión a aquellos extranjeros que hayan cometido delitos en el país.
Al respecto, el parlamentario Pino declaró que la medida busca “saber si Carabineros cuenta con una base de datos de inmigrantes irregulares sometidos a control de identidad, y saber si se han efectuado controles de identidad con los fines predichos(... ). En caso contrario, señalar las razones para no proceder con lo previamente indicado”. Expulsiones ya era apoteósico en el gobierno anterior, ahora se ha hecho más dificil”. De esta forma la ministra del Interior, Carolina Tohá, graficó el largo periodo que se vienen arrastrando las más de 20 mil expulsiones pendientes por concepto de ingreso clandestino al país, aun cuando ya están tramitados sus respectivos decretos para concretarlas.
El informe de la jefa de gabinete del Presidente Gabriel Boric se dio esta semana en la Cámara de Diputadas y Diputados, primero en la comisión investigadora de la corporación de la macrozona norte donde participa el diputado regional, Jaime Araya (ind. PPD) -, y posteriormente en el hemiciclo.
La secretaria de Estado apuntó a la complicada logística que significa realizar estas expulsiones a cabo, algunasa causa de la actual Ley de Migraciones, pero principalmente aseguró que existen dificultades con los países de origen de estas personas para regresarlos, como el caso de Venezuela, nación que no daría las facilidades y documentación necesaria para tramitar las expulsiones. Lógicamente, la situación generó debate entre los diputados dela Región de Antofagasta, dado a que la macrozona norte del país es la principal afectada por la migración irregular.
Por lo mismo, algunos congresistas solicitaron mayor desglose de la cifira para abordarla a nivel local (ver recuadro). E | problema de las LAS MEJORAS En tanto, el diputado Araya comenta a este Diario que “las mejoras que se deben impulsar son, primero, la ministra Tohá, simplificar la notificación, y en eso la notificación por correo electrónico satisface el estándar que requiere la Ley de Procedimiento Administrativo para su ejecución. Esto le permite al extranjero infractor ejercer los derechos y recursos que la ley le permite.
Por lo tanto, sería un procedimiento administrativo completamente ajustado a derecho”. A esto añadió un segundo punto, que, en opinión del parlamentario, sería “los plazos de expulsión, porque 48 horas para ejecutar la orden desde que se notifica me parece un plazo excesivamente corto. Entiendo que el Gobierno ha impulsado en el Senado una ampliación a cinco a días, pero creo que sigue siendo un plazo bastante exiguo, dada a la complejidad que implica una expulsión.
Debiera ser un plazo no menor a 30 días corridos desde que se notifica la expulsión para que se ejecute conforme a derecho”. Mientras, la diputada Catalina Pérez (RD) aborda los obstáculos del gobierno venezolano a la hora de devolver a los ciudadanos de este país a sus tierras: “Para esto son transcendentales los diálogos regionales que el Ejecutivo ha iniciado”. Y también resalta que “el proyecto que aprobamos esta semana va en la línea correcta de hacer más expedito el trámite de la expulsión administrativa a través de la posibilidad de realizar la primera notificación vía carta certificada o correo electrónico”. Del mismo modo, la congresista Yovana Ahumada (ind. ) observa “es sumamente complejo cuando tenemos un problema con el país de origen de quienes queremos hoy día expulsar, ya que no son recibidos o hasta el minuto no se quieren recibir”. Además, agrega que “no tenemos claridad de dónde están, cómo poder ubicarlos.
Porque no es que ellos estén retenidos en alguna parte, sino que andan libres”. Por lo pronto, Ahumada sostiene que “debiéramos al menos tener un trabajo de la Cancillería para poder comenzar la devolución de estas personas a través de las fronteras”, recalcando que se requiere un diálogo “con nuestros países vecinos”. GASTOS Con todo, para el diputado Araya recalcó que “no porque sea caro y difícil de hacer se tienen que dejar de ejecutar las órdenes de expulsión, eso es lo fundamental”, en base a la información dada a la Cámara por el director nacional de Migraciones, Luis Thayer, quien expresó que cada expulsión estaría costando aproximadamente $2 millones 700 mil. “El tema de los recursos es fundamental que queden disponibles. La complejidad que está trayendo a nuestro país la migración irregular tiene que resolverse y los costos no pueden ser un impedimento, tal como señaló la ministra del Interior”, subrayó Araya. En esa línea, el diputado Sebastián Videla (ind. - P. Liberal) afirmó ayer que “vamos a oficiar para conocer en detalle cómo se han generado estos gastos para que las personas salgan del país.
Vamos a seguir en detalle cómo se va ejecutando para poder seguir haciéndolo, pero con un gasto CRÍTICAS En tanto, el diputado José Miguel Castro (RN), criticó los argumentos dados por la ministra Tohá, asegurando que sus “explicaciones comienzan a aburrir, ya que sabemos, que más que notificaciones o recursos, lo que hay detrás de esta desidia es una resistencia ideológica para expulsar”. Ag POLÍTICA. La ministra Carolina Tohá reveló en la Cámara Baja que hay 20 mil deportaciones pendiente por ingresos clandestinos al país.