De "Anótate en la lista" a reformar el SAE
De "Anótate en la lista" a reformar el SAE 'A nótate en la lista" es una herramienta tecnológica que busca organizar la lista de espera de las familias que solicitan vacantes en cole- -gios públicos o particulares subvencionados. Complementa así al Sistema de Admisión Escolar (SAE) vigente desde la segunda administración Bachelet.
La compleja situación de denuncias sobre mal funcionamiento de "Anótate... " -un servicio financiado por el Ministerio de Educación y administrado por una empresa privada, que además entrega a los colegios servicios adicionales pagados-impone una reflexión. de tiempo, el contrato respectivo haya sido asignado sin licitación a una firma cuyos responsables habían participado años atrás en el diseño del SAE, plantea inevitables suspicacias que exigen ser despejadas.
Más aún sorprende que, en una administración especialmente sensible-al menos en el discurso al tema de los conflictos de interés, no haya causado ningún ruido el hecho de que esa empresa ofrezca servicios complementarios pagados a los mismos colegios que utilizan el "Anótate... ". ¿No le otorga eso una posición privilegiada? ¿ Qué dirían al respecto, por ejemplo, las autoridades de libre competencia? El caso plantea una suma de interrogantes y suspicacias que las débiles explicaciones entregadas no logran despejar. Desde luego, es inaceptable que, a más de un mes del inicio del año escolar, aún existan cerca de mil jóvenes y niños que no tienen colegios asignados debido a las falencias del sistema. Si bien ello es de responsabilidad del ministerio, los antecedentes conocidos durante la última semana apuntan a un deficiente diseño y funcionamiento de "Anótate en la lista", plataforma implementada por la empresa TetherEd. De comprobarse las falencias, el Estado deberá aplicar las sanciones correspondientes. En este tipo de situaciones, el privado debe internalizar los costos sociales impuestos a las familias producto de una eventual mala gestión. Lo anterior también obliga a reparar en la responsabilidad de las autoridades.
Las contradictorias declaraciones del ministro de Educación y de la ministra secretaria general de Gobierno, respecto de que "la capacidad de pago de las familias" pudiese haber permitido "saltarse la fila" en el sistema de admisión, podrían interpretarse como expresión de sospechas dentro del mismo Ejecutivo respecto del impacto tanto de "Anótate en lista" como de los servicios premium (pagados) de la empresa en cuestión. En su posterior rectificación, la ministra defendió la transparencia del servicio gratuito, pero, en rigor, nada dijo sobre el eventual impacto del premium. En principio, la lógica indicaría que cualquier servicio pagado tiene como finalidad dar una ventaja a quien efectúa el desembolso respectivo. Por cierto, si el pago lo realiza un colegio, la ventaja terminaría de todos modos favoreciendo a sus apoderados en desmedro de otros. En tanto, la empresa descarta cualquier arbitrariedad en este ámbito. Aún así, la duda inicial de la vocera debería ser suficiente para que instancias como la Cámara de Diputados buscaran profundizar en los factores causantes de los problemas asociados al sistema de admisión.
Por otra parte y aun cuando se descartara cualquier irregularidad en ese ámbito, el hecho de que, aduciendo razones Una arista vinculada es el posible acceso de privados a información sensible recolectada y organizada por el Estado, y su eventual uso para el desarrollo de negocios. Este problema no solo afecta al sector educación, pero aquí el riesgo parece haber quedado de manifiesto. Frente a la descripción de los servicios de la empresa en la página de InfoLobby, tales dudas no pueden ser a priori descartadas. Esto es central, toda vez que las debilidades del aparato público en el manejo de información sensible pueden ser aprovechadas por privados para captar datos que les brinden ventajas en distintos sectores. Es una materia que la Contraloría podría contribuir a clarificar. Ahora bien, más allá de las responsabilidades que pueden surgir de este caso, ha quedado nuevamente en evidencia la necesidad de reformas al sistema de admisión escolar. Los errores conceptuales que caracterizaron su desarrollo e implementación se han traducido en problemas que se acarrean por años y deben abordarse. Ideas como la de permitir que los establecimientos, o al menos los particulares subvencionados, puedan optar voluntariamente por dejar el sistema centralizado deben ser analizadas. En otro ámbito, corresponde sin duda revisar la cuestionable decisión de haber restringido el desarrollo de nuevos proyectos educativos que compitan con la educación pública. Esta restricción, sumada a los problemas que ha mostrado el SAE han reducido las oportunidades de las familias para acceder a mejores alternativas en educación. La resultante frustración puede explicar las constantes críticas al sistema por parte de apoderados y sostenedores. Así, no sorprende que existan incentivos para intentar "saltarse la fila" frente a los problemas de gestión, ya sean públicos o privados, que caracterizan el proceso de matrícula en la educación escolar en Chile.