Autor: Pedro Araya Guerrero Senador

Columnas de Opinión: Del Mencho a nuestros barrios
Columnas de Opinión: Del Mencho a nuestros barrios a muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), no representa el fin de una organización criminal. Representa, más bien, el inicio de un nuevo ciclo. La experiencia latinoamericana demuestra que cuando cae una figura dominante, el mercado ilícito no desaparece: se fragmenta, se reconfigura y, muchas veces, se vuelve más violento. El CJNG no fue simplemente una banda más dentro del ecosistema delictual mexicano. En menos de una década logró consolidarse como una estructura transnacional con presencia continental, desplazando a organizaciones históricas y expandiendo el tráfico de drogas sintéticas hacia Estados Unidos, Europa y Asia. Sin embargo, su fortaleza no radicaba únicamente en el comercio de estupefacientes. Se apoyaba en el control territorial, la extorsión sistemática, la infiltración en economías locales y una logística que operaba con racionalidad empresarial. Se trataba de una organización con capacidad de diversificar mercados, reinvertir utilidades y expandirse estratégicamente. Ese fenómeno no es exclusivamente mexicano. Es latinoamericano. El Índice de Riesgo Político América Latina 2025 del Centro UC Estudios Internacionales identifica como principal amenaza regional la inseguridad, el crimen organizado y el narcotráfico. No estamos ante un problema policial aislado ni ante una coyuntura pasajera. Se trata de una variable estructural que impacta la estabilidad democrática, la inversión, la cohesión social y la legitimidad institucional. En un contexto marcado por corrupción persistente, debilitamiento institucional, polarización política y economías informales en expansión, el narcotráfico ha dejado de ser un actor marginal para convertirse en un poder paralelo. El fenómeno ha evolucionado desde el tráfico de sustancias hacia algo más complejo: la captura de comunidades. Las organizaciones criminales no solo distribuyen drogas; controlan barrios, regulan economías locales, financian actividades sociales y construyen una narrativa cultural que normaliza su presencia. Allí donde el Estado es intermitente o insuficiente, el crimen organizado ofrece identidad, ingresos y pertenencia. Esa dimensión social y cultural constituye una de las amenazas más profundas, porque instala la idea de que el orden paralelo es una alternativa viable. Cuando sectores vulnerables perciben que el narcotráfico ofrece oportunidades inmediatas que el sistema formal no entrega, el desafío deja de ser estrictamente penal y se transforma en un problema estructural para la democracia. No se trata únicamente de seguridad pública; se trata de autoridad legítima y cohesión social. Chile aún está a tiempo, pero el margen es cada vez más estrecho. Se requiere fortalecer la arquitectura de persecución económica, modernizar las herramientas de inteligencia financiera y robustecer la coordinación interinstitucional. Al mismo tiempo, resulta imprescindible recuperar el control territorial mediante una presencia estatal integral y sostenida. La lección que deja la trayectoria del CJNG no es la historia de un líder caído. Es la demostración de cómo una organización puede expandirse hasta convertirse en actor continental cuando confluyen rentabilidad ilícita, fragilidad institucional y ausencia territorial del Estado. La pregunta no es si América Latina enfrentará nuevos episodios de violencia. La pregunta es si comprenderá que el narcotráfico ya no es solo un delito, sino una estructura económica, territorial y cultural que compite con el orden democrático. Cuando el crimen compite por gobernar territorios, lo que está en juego no es únicamente la seguridad, sino la fortaleza misma de la democracia. C Columna Autor: Pedro Araya Guerrero Senador. C Columna