Editorial: Ordenanza contra el comercio sexual
Editorial: Ordenanza contra el comercio sexual espués de un primer intento y una votación anterior que no fructificó en el seno del Concejo Municipal, la alcaldía puertomontina logró finalmente sacar adelante la ordenanza contra D el comercio sexual callejero.
Esta medida administrativa busca evitar prácticas y conductas indebidas en los bienes nacionales de uso público y, como tal, va en directa línea con la permanente aspiración ciudadana de recuperar la seguridad en la zona céntrica de la capital regional. El ordenamiento urbano requiere herramientas para restablecer el control territorial. No obstante, el texto aprobado levanta interrogantes sobre su futura aplicación. La ordenanza faculta a los funcionarios a sancionar a las personas basándose en meros indicios, lo que abre la puerta a una discrecionalidad que puede prestarse para injusticias durante el procedimiento en la vía pública. Delegar en un inspector municipal la capacidad de presumir una falta sin la existencia de un hecho material consumado representa un riesgo normativo. Esto es muy distinto, por ejemplo, al acto de sancionar a los clientes que compren productos en el comercio ambulante o a los usuarios de scooters eléctricos que transiten por zonas no habilitadas. En aquellos escenarios de infracción, la conducta de la persona y su eventual registro probatorio es un acto evidente, físico y totalmente objetivo ante los ojos del fiscalizador. Por el contrario, determinar la intencionalidad de un individuo respecto de la oferta o demanda de servicios sexuales en la calle puede terminar en acusaciones sin el adecuado fundamento legal, generando cuestionamientos de forma inmediata. Una vez que entre en vigencia tras su publicación oficial en el corto plazo, esta norma tendrá que pasar forzosamente por la prueba de lo práctico en el día a día. La administración deberá demostrar capacidad operativa, instrucción adecuada del personal en terreno y la indispensable coordinación policial permanente. Si la regla resulta inaplicable, corre el serio riesgo de seguir la misma suerte de tantas normativas que se aprueban para la prensa y se guardan sin ser ejecutadas. Pero si supera la prueba de los "indicios", sin duda terminará contribuyendo a la seguridad ciudadana.. Si la norma recientemente aprobada logra superar la barrera de la discrecionalidad, será un aporte para el centro puertomontino. Editorial