Mayor monto es de suboficial FACh: Pese a prohibición, 910 funcionarios apostaron $11 mil millones en casinos
Mayor monto es de suboficial FACh: Pese a prohibición, 910 funcionarios apostaron $11 mil millones en casinos E. CANDIA A pesar de que la prohibición es clara, muchos deciden ignorarla y la suma comprometida es millonaria. Un nuevo hallazgo de la Contraloría involucra a funcionarios y casinos de juego.
Primero, fueron los más de 13 mil trabajadores públicos que, aunque tenían licencia médica, asistieron a casas de apuestas; ahora, el órgano fiscalizador detectó que 910 funcionarios apostaron más de $11 mil millones en esos recintos.
La observación no es una cuestión ética, sino legal, pues se trata de trabajadores que en sus instituciones tienen “la administración o custodia de fondos públicos y, por ello, se encuentran sujetos al deber de rendir caución o constituir garantía”, reseña el Vigésimo Consolidado de Información Circularizada emitido por la entidad conducida por Dorothy Pérez. La prohibición se encuentra en la Ley N 19.995.
Se estableció que solo 181 funcionarios apostaron el 97% del monto comprometido y que “las sumas apostadas no se condicen con el nivel de sus remuneraciones”. Por ejemplo, el mayor apostador es un suboficial de la Fuerza Aérea de Chile (FACH) no identificado públicamente cuyo monto transado supera los $1.000 millones.
Por lo anterior, la FACH comunicó que “dispondrá la revisión inmediata de los antecedentes (... ) con el propósito de determinar eventuales responsabilidades”. En segundo lugar, aparece un directivo de la Dirección General de Aeronáutica Civil involucrado con más de $. 620 millones.
Así, el Ministerio de Defensa ofició a las dos instituciones para que informen las medidas que tomarán. n Abrir sumarios correspondientes Como los hallazgos podrían significar eventuales irregularidades, la Contraloría remitió los antecedentes a las 371 entidades públicas involucradas para que realicen los sumarios correspondientes, entre las que se encuentran instituciones como Carabineros, Policía de Investigaciones, Tesorería General de la República, diversas municipalidades y organismos como Aduanas, Junji o el Servicio de Impuestos Internos.
También, se envió el listado de los 181 mayores apostadores tanto al Ministerio Público como al Consejo de Defensa del Estado para que evalúen acciones penales. n Indagar incluso un posible lavado de activos Consultada por eventuales delitos que podrían configurarse, la abogada penalista Catherine Lathrop explica que “si esos dineros provienen aun parcialmente de recursos públicos, podríamos estar frente a delitos como fraude al fisco o malversación”. Además, dice, “si no hay una justificación patrimonial razonable, también se podrían habilitar líneas incluso por el delito de lavado de activos”. Sin embargo, recuerda que “el oficio de la Contraloría no configura delitos por sí mismo, pero revela un patrón”. Y remarca sobre un eventual delito de activos que “el informe da cuenta, en lo inmediato, de una infracción administrativa clara: funcionarios que, por ley, tenían prohibido apostar en casinos, lo hicieron. Pero lo verdaderamente relevante está en la magnitud de los montos.
Cuando existen apuestas millonarias que no se condicen con las remuneraciones, se abre necesariamente una duda sobre el origen de esos fondos, los que podrían ser públicos”. n El origen del dinero apostado, la clave El punto anterior es compartido por el abogado y académico de la Universidad Católica Jorge Gálvez, quien plantea que “si bien la Ley de Casinos solo establece sanciones administrativas, se debe investigar el origen del dinero apostado”. Es tras ello que hipotetiza que “podría configurarse una malversación de caudales públicos, en caso de tratarse de los dineros públicos custodiados; un lavado de activos, si es dinero obtenido de la comisión de otro tipo de delitos, como el cohecho; y en último término constituir enriquecimiento ilícito, si no tiene como justificar su patrimonio”. Más allá de lo anterior, ve que “el punto clave será la recopilación de antecedentes para imputar a título doloso estas conductas, ello sin perjuicio de las sanciones administrativas”. “Del total de 910 funcionarios, 181 concentran el 96,8% del monto total transaccionado ($11.118.431.956 ) y las sumas apostadas no se condicen con el nivel de sus remuneraciones”. EXTRACTO DE INFORME DE CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Si bien solo se trataría de una falta administrativa, expertos advierten que será clave establecer el origen de los dineros, pues podrían configurarse delitos como fraude al fisco y malversación, entre otros.
Antecedentes fueron enviados a fiscalía y CDE para determinar eventuales ilícitos “Del total de 910 funcionarios, 181 concentran el 96,8% del monto total transaccionado ($11.118.431.956 ) y las sumas apostadas no se condicen con el nivel de sus remuneraciones”. EXTRACTO DE INFORME DE CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA