Autor: CARLOS CORREA JAVIER WILENMANN Facultad de Derecho Universidad Adolfo Ibáñez

Constitución y seguridad ciudadana
Señor Director: Don José Joaquín Ugarte ha propuesto un capítulo relativo a la seguridad ciudadana para ser incluido en el proyecto de nueva Constitución. Ese capítulo permitiría enfrentar las causas "legales" de la delincuencia y —suponemos— hacer que ella descienda sustancialmente. La reconstrucción de Ugarte refleja ante todo desconocimiento y nostalgia por revivir el sistema previo a la reforma procesal penal. La idea de que todas las causas deben ser perseguidas es ajena al problema de los recursos en la persecución. En Chile ingresan anualmente alrededor de 1,5 millones de causas. Parte importante de ellas no cuentan con información suficiente para poder seguir con el caso. Pero aun entre las causas en las que hay algo de información, el volumen hace imposible manejar correctamente la gran mayoría de los casos. Lo que debe hacer un sistema es asignar eficientemente los recursos destinados a la persecución penal. La ilusión del camino contrario incide en pérdidas de eficiencia de persecución y, con ello, en inseguridad. Eliminar toda herramienta legal que permita a los fiscales una selección de causas conduciría a una mayor arbitrariedad persecutoria, opacidad y mayor tardanza en la resolución de los casos que se seleccionan. La supuesta existencia de requisitos "imposibles” para decretar la prisión preventiva es falsa. La regulación vigente establece criterios que buscan simplificar la concesión de dicha medida. Hoy, el uso de la prisión preventiva es más una regla general que una excepción. Asimismo, la demanda de sanción es endémicamente superior a la oferta de la que disponen los Estados modernos: podría duplicarse la infraestructura carcelaria y no estaríamos más cerca del objetivo del señor Ugarte.
Las plazas de cárcel son un recurso escaso cuyo uso a destajo es imposible y que genera mayores costos que beneficios al privar a los condenados y sus familias de la posibilidad de generar ingresos por fuentes distintas que la delincuencia. El sistema penal, con todas sus limitaciones, puede contribuir más a la seguridad. Pero dicha mejora debe ser fruto de un estudio serio, y no de la de que los recursos son infinitos y que soluciones mágicas resolverán los problemas del país.