Autor: Por Nicolás Arrau Álvarez
Escuelas protegidas en debate y un llamado a ampliar el enfoque
Escuelas protegidas en debate y un llamado a ampliar el enfoque C orría 2015 y la Región del Biobío-que entonces incluía a la hoy extinta Provincia de Ñuble-registraba 335 denuncias por maltrato en establecimientos educacionales, tanto entre estudiantes como hacia adultos de las comunidades escolares. Lo más crítico era -y sigue siendola violencia entre alumnos: en 2025, ya sin Nuble, la Superintendencia de Educación contabilizó 861 casos, lo que representa un aumento de 157% en una década. De ese total, 501 corresponden a denuncias por agresiones entre estudiantes. En una simple revisión de prensa es posible advertir casos emblemáticos de una violencia cada vez más cruda en los colegios y liceos de la zona.
No hay que olvidar la pelea con cuchillos entre dos alumnos en el patio del Liceo Industrial de Lota, en marzo de 2025; la balacera en el colegio Nuevos Horizontes de San Pedro de la Paz en mayo de ese mismo año-situación que incluso dejó a tres estudiantes heridos -; o el uso de arma de fuego de un estudiante del liceo Juan Gregorio Las Heras de Concepción meses más tarde. También está presente en la memoria el caso del profesor del Liceo Comercial de Talcahuano apuñalado por un apoderado tras una riña entre alumnas de segundo medio, en 2022, o las últimas amenazas de tiroteo.
Estos y otros eventos, como la muerte de una inspectora en Calama a manos de un estudiante, motivaron al actual gobierno a presentar el proyecto de ley "Escuela protegidas", texto que ya está en manos del Senado tras ser visado por la Cámara y que tiene por objeto establecer medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa.
La medida, eso sí, plantea polémicas propuestas como la revisión de mochilas, la expulsión de estudiantes en el contexto de protestas y la rotación de alumnos "conflictivos" entre establecimientos, temas que ya son analizados en general y particular por la comisión de Educación. DISCUSIÓN SENATORIAL Los tres representante del Biobío en la Cámara Alta se muestran atentos al avance de un proyecto que hoy cuenta con urgencia suma.
El independiente Sebastián Keitel señala que para él es fundamental que la facultad de revisar mochilas se mantenga en el proyecto, entendiendo que es una sugerencia para los sostenedores y no una obligación, y que, además, exige cumplir con ciertas condiciones para respetar la dignidad de los estudiantes. "Este es, finalmente, el corazón de la iniciativa y una de las medidas más demandadas por parte de la comunidad educativa", plantea, aunque advierte que ahí están los principales nudos de la iniciativa, es decir, en la necesidad de resguardar debidamente los derechos de los estudiantes y capacitar a las personas que lo hagan, y los requisitos para acceder a la gratuidad universitaria, ya que se incorpora una norma que pone como nueva condición el no haber sido condenado por delitos que atenten contra la vida, la integridad o la infraestruc tura pública. "Creo que en el primer punto, especialmente, puede haber un compromiso de parte del Ejecutivo de destinar recursos para formar a los profesionales que eventualmente realicen esa tarea, siempre y cuando esté en el reglamento de los colegios, pero lo que no podemos hacer es retrasar más esta tramitación. Chile lo necesita con urgencia", enfatiza. Desde la UDI, el senador Enrique van Rysselberghe considera la actual propuesta como un avance en la seguridad de las escuelas.
Es más, indica que la aprobación del texto por parte de la Cámara de Diputados representa una buena base para que el Senado trabaje y pueda despacharlo a la brevedad posible. "Creo que el conflicto es más bien ideológico por parte de un grupo de extrema izquierda, que quiere proteger a quienes utilizan los colegios para actos de violencia, como las bombas molotov y los overoles blancos. Sin embargo, el amplio consenso logrado en la Cámara demuestra que las medidas propuestas tienen sentido para la mayoría de la ciudadanía y los parlamentarios", subraya el representante, quien prevé una tramitación rápida.
En la oposición la mirada es distinta y llaman a analizar las acciones contra la violencia escolar de una manera más amplia, lo que implica otros procedimientos fuera de los establecimientos escolares, según el senador socialista Gastón Saavedra.
Así, en la discusión que se retomará en los siguientes días, la autoridad cree que es igualmente importante sumar temas que abarquen, por ejemplo, programas multidisciplinarios y el rol de las familias, "un ámbito en el que falta mucho por hacer y que el actual proyecto no contiene". Agrega que en lo que resta de discusión también habrá que ser muy taxativo para definir quiénes serán los encargados de revisar mochilas, entendiendo, además, que quien quede a cargo de esa tarea no lo pasará bien. "No podemos dejar expuestos a quienes hagan los controles, ya sean profesores u otro tipo de personas", recalca el senador.
REFORZAMIENTO DE EQUIPOS E INTERVENCIÓN TEMPRANA Sostenedores como Andalién Costa, que abarca a las comunas de Coronel, Lota, San Pedro de la Paz y Santa Juana, valoran que el proyecto de ley ponga en el centro la seguridad de los espacios educativos.
En esa línea, reconocen como positivo que priorice la seguridad, promueva la articulación intersectorial y refuerce el rol de los equipos directivos en la gestión de la convivencia. "Vemos una oportunidad de mejora relevante en la necesidad de equilibrar el foco en el control con un enfoque preventivo y formativo. La seguridad no puede construirse sólo desde la sanción, sino también desde la prevención y la formación, resguardando el carácter pedagógico de la convivencia escolar", dice Ramón Jara, director ejecutivo del servicio. Suma que será fundamental cuidar el diseño de los protocolos, asegurando que cuenten con claridad y pertinencia, sin caer en rigideces que limiten la capacidad de respuesta de las escuelas. Del mismo modo, cree que resulta clave resguardar la privacidad, evitar estigmatizaciones y mantener un enfoque de derechos, entendiendo que avanzar en seguridad también implica cuidar la dignidad de las comunidades educativas.
Si bien insiste en que la propuesta puede constituir un aporte relevante, plantea que frente al actual contexto de violencia su éxito dependerá de cómo se implemente y la capacidad de articularlo con otras estrategias complementarias, como el fortalecimiento de los equipos psicosociales, la promoción de intervenciones tempranas, el acompañamiento de las trayectorias educativas de los estudiantes y la incorporación de enfoques restaurativos que complementen las respuestas sancionatorias.
En Talcahuano, comuna que también ha visto de cerca la violencia escolar, enfatizan que propuestas como la revisión de bolsos o mochilas de estudiantes, la prohibición de ocultar sus rostros o la posibilidad de fortalecer el estatuto docente en cuanto a agilizar medidas administrativas, disciplinarias y preventivas frente a la violencia, van en la línea de reforzar la percepción de seguridad de los recintos educacionales.
La dificultad, sin embargo, radica en que los establecimientos deben mantener como foco la educación: "La iniciativa se queda en la sanción, proponiendo, incluso, la posibilidad de mantener un castigo como el no poder obtener financiamiento público para la educación superior, pese a que alguien ya haya pagado penalmente por ello. Entonces, el foco o el impacto de la nueva ley se queda corto en este aspecto". Por lo mismo, en el municipio proyectan un impacto relativo.
Argumentan que en la práctica se mantendrá un control más estricto de lo que se ingresa en bolsosy mochilas, "pero no resuelve el problema de fondo, que es la violencia (. .. ) Quizá, sea el momento de pensar en reforzar los equipos de convivencia escolar e incorporar el manejo de la salud mental en los establecimientos educacionales, conectando con red pública y privada, según sea el caso, o promover actividades que permitan a las y los estudiantes vincularse de mejor manera con el deporte y actividades recreativas". EL SUR también contactó al Servicio Local de Educación Pública Andalién Sur, que agrupa a las comunas de Concepción, Florida, Chiguayante y Hualqui, pero hasta la hora de cierre de esta edición no hubo respuesta. "¿SOY PROFESOR O GUARDIA DE SEGURIDAD?" "No vemos una solución en el fondo de la problemática". Esta la primera apreciación del presidente regional del Colegio de Profesores, Jorge Barriga, al ser consultado por el proyecto que empuja el gobierno.
Para el magisterio, el problema de la violencia necesita una solución más de fondo, y también plantea inquietudes respecto a quiénes van a financiar la serie de medidas que se proponen, o bien quién será el encargado de aplicarlas al interior de los colegios y liceos.
El dirigente pone la interrogante en qué sostenedor tomará la decisión de invertir en pórticos, o qué funcionario deberá revisar mochilas. "¿Yosoy profesor o guardia de seguridad? ¿ Y qué pasa si encuentro un arma, llamar a Carabineros? ¿ Ese estudiante dejará revisar su mochila? Por eso pensamos que esta iniciativa es un saludo a la bandera que no soluciona nada de fondo", recalca el docente. Frente a todo esto, espera que en la discusión que queda en el Senado se logre inyectar financiamiento para que el Estado se haga cargo de las acciones. Eso sí, reconoce que llegar a ese punto será algo muy difícil de lograr. A nivel local se insiste en mejorar los equipos de convivencia escolar o incorporar el manejo de la salud mental. El rol de las familias también es clave en esta discusión. Autor: Por Nicolás Arrau Álvarez. Si bien la medida del gobierno es valorada en ciertos aspectos, hay voces que la consideran insuficiente. Plantean la necesidad de ampliar los recursos, fortalecer los equipos psicosociales y sumar capacitaciones. Senadores y sostenedores del Biobío analizan la polémica propuesta que busca frenar la violencia A nivel local se insiste en mejorar los equipos de convivencia escolar o incorporar el manejo de la salud mental. El rol de las familias también es clave en esta discusión. La norma es catalogada como un aporte por algunos sostenedores, pero indican que su éxito dependerá de su capacidad de articulación con otras estrategias. En 2025, la Superintendencia de Educación registró en Biobío 501 denuncias por maltrato entre estudiantes.
