Autor: Por Cristian Rivas
Los tres principales nudos del agua en la nueva Constitución
La gobernanza y el carácter incomercializable son los que generan más dudas.
Aunque todavía debe votarlo el Pleno el martes próximo, la Comisión de Normas Transitorias de la Convención Constitucional aprobó ayer en la tarde elevar de seis a doce meses el plazo para que el Gobierno envíe un proyecto que cree la Agencia Nacional de Aguas, que también incluya la adecuación normativa relativa a las autorizaciones de uso de agua. Esto marca un cambio de la propuesta original, en que todos los derechos de agua vigentes pasaban a ser autorizaciones a partir de la vigencia de la nueva Constitución. Claro que no implica una mayor tranquilidad sobre los expertos, que aún ven distintos nudos que serán difíciles de manejar. Entre los más mencionados está la transición a la nueva gobernanza. El borrador establece la creación de una Agencia Nacional de las Aguas y los Consejos de Cuencas, organismos responsables de administrar el recurso. El problema que grafican algunos expertos es aunar el trabajo que hoy realizan alrededor de 56 organismos públicos que tienen atribuciones sobre gestión hídrica, y considerar además que existen 101 cuencas. Todas diferentes. Traspasar todo a una autoridad nacional requiere definir muy bien las funciones y absorber a múltiples instancias distintas.
Eso va a tomar tiempo”. Guillermo Donoso, UC Expertos ponen énfasis en gradualidad de cambios Muchos proyectos están vinculados al valor de la tierra y los derechos de agua y si ahora pasan a valer cero, a nivel financiero van a tener un impacto”. Matías Desmadryl, PPU Legal “Traspasar todo a una autoridad nacional requiere definir muy bien las funciones que tendrá y absorber a múltiples instancias distintas. Eso va a tomar tiempo y seguramente tendrá muchas dificultades”, opina Guillermo Donoso, académico UC.
En Fundación Chile, la subgerente de Sustentabilidad, Ulrike Broschek, si bien destaca la creación de estos organismos para contribuir a una mejor planificación sobre el recurso, plantea que “los desafíos principales están en la debida y oportuna implementación de estas medidas, la adecuada redacción de los respectivos proyectos de ley donde es fundamental considerar una amplia participación de las regiones, aprovechar las capacidades existentes, usar información técnica robusta e integrar aprendizajes de experiencias internacionales”. Sobre los Consejos de Cuenca, Donoso dice que no es factible pensar en constituirlos todos de una vez, por lo que seguramente deberá definirse el inicio de algunos y el resto agregarlos en el tiempo, lo que abre las dudas de cómo se administrarán en el intertanto. Otras dudas en este punto son la redistribución de los recursos que plantea la norma transitoria que se debe votar el martes en el Pleno.
“¿Cómo se realizará tal distribución? ¿ Qué capacidad técnica tendrán para gestionarlo? ¿ Qué pasará con aquellos titulares que utilizan aguas pero que, por la redistribución, tendrá un menor caudal para uso?”, se pregunta el abogado Benjamín Pérez, socio de Guerrero Olivos. otro punto es el del carácter incomercializable que tendrán las nuevas autorizaciones, y que las hacen completamente distintas a los derechos de agua vigentes, junto a los efectos financieros que conlleva.
“No solamente las sanitarias sino que otros usuarios del mundo agrícola, industrial o minero, tienen dentro de su manera de trabajar el abastecerse de agua de suministros que les proveen terceros (... ) Si esta norma entra en efecto al día siguiente de aprobarse la nueva Constitución, va a dejar a muchos proyectos sin respaldo o derechamente sin suministro de agua”, cree Matías Desmadry]l, socio de PPU Legal y ex director de la DGA. ¿Cómo se debiera hacer esta transición? “Lo esperable sería que se deje un tiempo en que los titulares de estas autorizaciones puedan seguir suministrando o carácterincomercializable no rija con la entrada en vigencia de la nueva Constitución y sea en un plazo razonable para que busquen una manera de abastecerse de agua”, recalca.
Otros abogados ponen el énfasis en la precarización que involucra el pasar de derechos a meras autorizaciones: “Muchos proyectos agrícolas y no agrícolas están vinculados al valor de la tierra y los derechos de agua y si ahora pasan a valer cero, a nivel financiero, en la banca y el acceso al crédito van a tener un impacto que todavía no se ha dimensionado”. Un punto no menor es en relación al actual Código de Aguas. Pérez plantea que “hay incompatibilidad entre la regulación de aguas propuesta en el borrador de Constitución y el Código de Aguas, recientemente modificado luego de diez años de discusión parlamentaria.
Así, se deberá aprobar un nuevo Código de Aguas, lo que ha demostrado ser muy complejo y de larga discusión”. Es fundamental considerar una amplia participación desde las regiones, aprovechar las capacidades existentes”. Ulrike Broschek, Fundación Chile Á Gb Hay incompatibilidad entre la regulación de aguas propuesta en el borrador de Constitución y el Código de Aguas”. Benjamín Pérez, Guerrero Olivos