Editorial: Municipios y seguridad
Editorial: Municipios y seguridad materia.
A unque el orden público y la seguridad ciudadana no forman parte del rol legal primario de los municipios en Chile, con el paso de los años las administraciones locales han debido asumir esta tarea como una prioridad ineludible. Esta transición responde a dos factores determinantes: el incremento sostenido de la criminalidad y la evidente dificultad del gobierno central para establecer políticas públicas que resulten efectivas en el territorio. Ante la urgencia de los vecinos, los alcaldes han pasado de ser meros colaboradores a gestores directos de estrategias preventivas y disuasivas. El Segundo Informe de Iniciativas Municipales en Seguridad, elaborado por la Universidad Diego Portales, ofrece una radiografia de esta gestión. A nivel regional, destaca la experiencia de Los Muermos, comuna que ha logrado posicionarse en el segundo lugar del ranking de capacidades operativas. Con 112 cámaras de vigilancia y pórticos lectores de patentes en todos sus accesos, esta comuna rural supera en infraestructura tecnológica a urbes de mayor tamaño como Osorno o Puerto Varas.
La clave de este modelo radica en el uso eficiente de diversas fuentes de financiamiento y una planificación que prioriza la vigilancia de sus fronteras comunales a través de una central de monitoreo conectada con las policías. El caso de Los Muermos demuestra que si una municipalidad enfrenta la seguridad con rigor técnico, es capaz de generar planes adecuados aun cuando no posea los presupuestos de las grandes capitales. Por otro lado, en Puerto Montt, la actual administración ha dado señales de que la fiscalización constante del espacio público produce resultados. Medidas como el control de estacionadores ilegales, el retiro de rucos en sectores críticos y la aplicación de sanciones a quienes dañan la propiedad pública mediante rayados, constituyen señales potentes de recuperación del control urbano. Sin embargo, no se puede obviar que los municipios actúan en el límite de sus facultades. Es el gobierno central, poseedor del monopolio del uso de la fuerza y responsable de las policías, el principal llamado a liderar la lucha contra la inseguridad.
Sin una reforma que aumente la dotación de fiscales -estancada desde 2003y una coordinación nacional más ágil, el esfuerzo de los municipios seguirá siendo un paliativo frente a un fenómeno criminal que crece a un ritmo superior a las respuestas institucionales del Estado.. Con los años, las casas alcaldicias han tenido que ir asumiendo un rol más activo en esta E Editorial