Autor: Por Juan Manuel Ojeda y Tomás Gómez

El giro de la Tercera Sala en fallos por medicamentos de alto costo
El giro de la Tercera Sala en fallos por medicamentos de alto costo uando la Tercera Sala de la Corte Suprema estaba bajo el control del exministro Sergio Muñoz se transforC mó en un foco de especial atención para los abogados expertos en derecho público que siguen la jurisprudencia de la Corte Suprema.
En 2018, a esa misma sala llegó la exministra Ángela Vivanco y, de forma impensada, entre los dos se armó una alianza que terminó traduciéndose en posturas controvertidas del máximo tribunal sobre todo en temas de protección de derechos fundamentales. Así fue como hace casi una década, la Tercera Sala instauró lo que con el tiempo se conocería como la jurisprudencia en recursos de protección por medicamentos de alto costo.
Esa postura se traducía en que pacientes que padecen enfermedades raras y que necesitan un fármaco de costo millonario y no cubierto por Fonasa o la Ley Ricarte Soto, podían recurrir de protección a la corte, y al llegar a la Suprema sus recursos eran acogidos. "No puede ser que el mensaje sea que por falta de recursos usted deba morirse", dijo Vivanco en 2019 a este medio.
Esa línea abrió un debate al respecto, sobre todo por el hecho de expandir la protección del derecho a la vida e ir corriendo los límites en lo que tiene que ver con protección en salud. Algunos, los más críticos, acusaron a la Suprema de activismo judicial, por ir más allá de lo que dice la ley. Otros reprochaban que no había nada más peligroso que fueran los jueces quienes comenzaran a disponer del presupuesto de Fonasa. Más aún cuando el legislador ya había buscado una solución a esto, lo que se conoce como la Ley Ricarte Soto. Pero todo eso quedó atrás. La acusación constitucional que terminó con la carrera de Muñoz y la remoción de Vivanco, por verse envuelta en lo que posteriormente se conoció como la "trama bielorrusa", provocaron un remezón en la Tercera Sala. La salida de ambos dejó como presidenta de la sala a la ministra Adelita Ravanales. A ella se suma el ministro Jean Pierre Matus y los nuevos ministros Omar Astudillo y Gonzalo Ruz.
Un análisis de casi 40 fallos de la Tercera Sala -realizado por el CORTE SUPREMA profesor de derecho constitucioSe advierte, además, una volungélica Benavides y Andrea Ruiz. nal de la Universidad de Chile Cristóbal Osoriomuestra que al menos desde noviembre de 2025 que la Tercera Sala se dio vuelta y dejó atrás la jurisprudencia que tanto defendió Vivanco. "La reconfiguración de la Tercera Sala ha precipitado un giro hermenéutica que trasciende la tradicional controversia sobre el financiamiento de fármacos de alto costo y el derecho a la vida. tad jurisdiccional por expandir la tutela del amparo económico más allá de la mera interdicción del Estado empresario, consolidando una protección sustantiva de la libertad económica mediante una doble vía de resguardo en sede de protección", afirma Osorio, quien suele monitorear los fallos de esta sala.
En esos análisis, Osorio advierte, además, que "la dinámica de votos y disidencias se rearticula en favor de una uniformidad jurisprudencial, donde antiguos disidentes convergen hacia la mayoría para dotar de estabilidad y coherencia a la judicatura. Este fenómeno podría marcar el ocaso de la dispersión interpretativa y la variabilidad en los fallos del tribunal.
Claramente, se debe seguir observado esta nueva forma de trabajo y resolución de casos de la Tercera Sala". Respecto de medicamentos de alto costo, ahora la mayoría se logra con Matus, Astudillo y Ruz cuando han estado como ministros titulares. A ellos también se La presidenta de la organización Familia Atrofia Muscular Espinal (FAME), Paulina González, ha visto el cambio de jurisprudencia. Dice que desde diciembre, y tras la salida de Vivanco del tribunal, hubo 10 casos de personas con AME que presentaron recursos de protección que fueron rechazados por la Tercera Sala.
González afirma que el vuelco del tribunal de la Suprema "es un atentado contra la vida y el derecho a la salud de los pacientes". "Los recursos de protección eran la única ventana que nuestros pacientes del sistema público tenían para lograr acceder a un tratamiento médico que rehabilita y, además, evita el riesgo vital", dice González. Algo similar opina Miguel Fernández, quien es representante de la Fundación Rocío, la cual agrupa a enfermos con fibrosis pulmonar.
Fernández, cuyo gasto mensual en medicamentos ronda los $ 2 millones, asegura que quien no tiene el dinero suficiente para costear su tratamiento "no ha sumado la exministra (S) Dole queda más que decidir empebra Lusic, los ministros (S) Roberto Contreras, Juan Cristóbal Mera y Hernán Crisosto, y el abogado integrante Álvaro Vidal.
En los fallos en donde se han empezado a rechazar los recursos, la Tercera Sala ha consignado que "conceder acceso a medicamentos que no están incluidos en los listados definidos por la autoridad en ejercicio de sus potestades, y según mandato legal, trae por consecuencia una discriminación de trato de unos frente a otros que se encuentran en identica posición y condición". La ministra que aún sigue aferrada a la jurisprudencia anterior es Ravanales, quien se ampara en el derecho a la vida, que es "la norma de mayor rango en el ordenamiento jurídico". A la minoría de Ravanales se han sumado la ministra (S) Eliana Quezada y las abogadas integrantes María Anzar a morir (. .. ). Eso es absoluta negligencia del Estado". La incertidumbre y preocupación no solo son expresadas por representantes de organizaciones, sino también por quienes mes a mes deben costear remedios que no se encuentran en la actual legislación. Tal es el caso de Ercilia Sanhueza, quien fue diagnosticada con cáncer de mama metastásico y cuyo único medicamento para regular la enfermedad tiene un valor de $ 7,5 millones mensuales.
Su hija, Aliosha Sáez, dice que "es sumamente injusto que con una composición la Corte Suprema diga que sí es deber del Estado garantizar la salud de las personas y que con otra diga lo contrario. Más aún si está en sus manos que se realice el suministro de un medicamento que va a permitir que una persona siga viviendo".. Autor: Por Juan Manuel Ojeda y Tomás Gómez. Si antes la Suprema acogía recursos de protección de pacientes con enfermedades raras que necesitan remedios millonarios no financiados por la Ley Ricarte Soto para vivir, ahora cambió su jurisprudencia y los rechaza. La postura de los ministros titulares Jean Pierre Matus, Omar Astudillo y Gonzalo Ruz, paulatinamente, se ha ido imponiendo. En 2024 la Tercera Sala vivió un fuerte cambio en su composición.