Autor: VÍCTOR FUENTES B.

Presentan querella por estafa en caso de megatoma de San Antonio
Presentan querella por estafa en caso de megatoma de San Antonio Una querella por el presunto delito de estafa en contra del ministro de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Carlos Montes (PS); de la delegada del Minvu en San Antonio, Gloria Maira (FA); del delegado regional presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme (PC); y del Consejo Administrativo de la Federación de Cooperativas del Cerro Centinela, interpuso Verónica Morales, una de las ocupantes de la megatoma de San Antonio. El escrito, patrocinado por el abogado Ramón Bolton, fue ingresado al Juzgado de Garantía de San Antonio. En los próximos días, el tribunal deberá resolver su admisibilidad.
De acuerdo con la acción judicial, el supuesto ilícito se fundaría en “diversos actos administrativos que acreditan el fraude”. Entre otros, menciona que el caso de la megatoma de San Antonio “ha relucido al interés público tras la orden de desalojo favorable que o b t u v o l a I n m o b i l i a r i a y Constructora San Antonio (... ) contra los habitantes del Cerro Centinela (... ) sob r e e l a p a r e n t e delito de usurpación que la recurrida nunca prob ó, p e r o q u e s e tramitó por vulneración de derecho de propiedad”. De igual forma, el escrito sostiene que “el 2 de diciembre de 2025, los ministerios Secretaría General de Gobierno, de Vivienda y del Interior, anunciaron la expropiación del Cerro Centinela, fundada o motivada en una declaración de utilidad pública o de interés social o nacional, según justificación a un problema humanitario que derivaría del desalojo en contra del macrocampamento (... ), integrado por 10.251 personas”. En la querella se argumenta que “lo grave” de la expropiación es que esta habría sido “discriminatoria, presenta omisiones, es arbitraria e ilegal, ya que sus fundamentos no garantizan interés público, interés social o nacional” y su objetivo sería “evitar sanciones por eventual desacato” del fallo que ordenó desalojar la toma.
En la misma fundamentación se recalca que “el acto expropiatorio nace de improviso” y que “se ha sostenido en engaños y fraudes”. La querellante, a modo de petitorio, solicitó al tribunal que ordene a la Delegación Regional Presidencial de Valparaíso, “suspender previsionalmente y dejar sin efecto temporalmente el plan para cumplir el fallo o programa para el desalojo, hasta que se dicte sentencia definitiva de la presente querella criminal por delito de estafa”. “Soluciones habitacionales” Ante consultas de “El Mercurio”, el Minvu emitió una declaración pública en la que rechaza “las imputaciones que pretenden atribuir a las autoridades conductas constitutivas de estafas” y recalca que las actuaciones de estas “se han desarrollado dentro de la legalidad y con el objetivo de buscar soluciones habitacionales para las familias, sin que exista engaño ni perjuicio patrimonial atribuible a ellas”. En las últimas semanas, el proceso de desalojo, que comenzó el 12 de enero, ha tenido un ritmo menor que el inicial, según confirman testigos de los operativos.
Ahora se realizan procedimientos “espaciados” para evitar incidentes, “como los que se produjeron al comienzo, con protestas y hechos de violencia”. La acción incluye la participación de “una avanzada social”, de instituciones del Estado, que solicita a los ocupantes que se vayan por su propia voluntad y desarmen sus casas. Con posterioridad a esto, concurre Carabineros y las maquinarias a cargo de la demolición. En algunas jornadas se han derribado entre 20 y 30 viviendas, con un promedio semanal de unas 50 construcciones dadas de baja. Fuentes conocedoras del proceso, que piden reserva de identidad, advierten que la querella no tiene suficiente sustento y que estaría motivada por conflictos entre grupos de vecinos producto de supuestos cambios en el plano expropiatorio. Afirman que inicialmente se trazaban líneas expropiatorias regulares, pero luego habrían surgido entramados que no tenían lógica, salvo un eventual afán de favorecer a algunos grupos por sobre otros. USURPACIÓN En diciembre, el Gobierno anunció que expropiaría 110 de las 215 ha de la toma de San Antonio.
Autor: VÍCTOR FUENTES B.. El Minvu rechaza las imputaciones y dice que las actuaciones “han sido dentro de la legalidad y con el objetivo de buscar soluciones habitacionales”. Contra ministro Carlos Montes, otras autoridades y grupo de cooperativas: USURPACIÓN En diciembre, el Gobierno anunció que expropiaría 110 de las 215 ha de la toma de San Antonio. MEGATOMA. — El desalojo comenzó el 12 de enero. Luego de incidentes en las primeras jornadas, los operativos han sido más espaciados y con un promedio de 50 casas demolidas a la semana, según testigos del proceso.