Autor: MACARENA CERDA MORALES

Consejo de Rectores se hace parte de consulta ante Tribunal de Libre Competencia por aranceles de gratuidad
Consejo de Rectores se hace parte de consulta ante Tribunal de Libre Competencia por aranceles de gratuidad El cómo se calculan los aranceles regulados los montos que el Estado paga a los planteles por cada estudiante con gratuidad ha sido uno de los debates más persistentes del sistema de enseñanza superior.
Mientras el Ministerio de Educación (Mineduc) defiende el mecanismo como un criterio técnico que ordena el financiamiento público, ponderando factores como el tamaño o nivel de acreditación, algunas universidades acusan que la fórmula no reconoce sus costos reales y genera una “discriminación” frente a otras instituciones.
En este contexto, siete de ellas ingresaron formalmente una consulta en noviembre ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) para levantar un proceso no contencioso que determine si la metodología de cálculo afecta la libre competencia. El TDLC abrió el proceso y mandató oficiar a la Fiscalía Nacional Económica y a la Subsecretaría y Superintendencia de Educación Superior. A su vez, el Consejo de Rectores (CRUCh) se sumó el pasado 11 de febrero a esta presentación, con las 30 universidades que lo componen. En diciembre pasado, la Pontificia Universidad Católica se adelantó al organismo e ingresó también a la controversia.
De esta forma, crece la presión en torno al procedimiento que se originó por las universidades de Las Américas, Autónoma, Mayor, Finis Terrae, Santo Tomás, Central y Bernard o O H i g g i n s. A s i m i s m o, s e g ú n fuentes del sector, las casas de estudio del Consorcio de Universidades del Estado (CUECh) también se sumarían al proceso. Una respuesta favorable a los planteles en esta consulta podría derivar en recomendaciones del tribunal sobre el sistema de cálculo de estos aranceles.
“Una discriminación arbitraria” Juan Eduardo Vargas, vocero de las casas de estudio que iniciaron esta consulta, califica como “oportuno” que otras universidades se incorporen, “pues permite que el proceso se enriquezca con los antecedentes que ellas puedan aportar”. El también rector de la U.
Finis Terrae agrega que “a la vez, es destacable que el CRUCh participe, pues justamente nuestra consulta tiene por objeto que se constate y declare que la fijación del arancel regulado para este año 2026 constituye una discriminación arbitraria en contra de las universidades privadas que, afectando gravemente la libre competencia, favorece injustificadamente precisamente a las universidades del CRUCh”. Solange Tenorio, rectora de la U.
Metropolitana de Ciencias de la Educación, dice que “el tema de los aranceles es bastante complicado, muchas de las carreras tienen un costo más alto del que efectivamente se está calculando, sobre todo en el ámbito de las pedagogías, con muchas prácticas.
En el caso nuestro, hay una diferencia importante que tenemos que asumir como institución”. Detalla que “en nuestro caso, todos los programas de atracción a los talentos pedagógicos no tienen financiamiento de parte del Estado y eso implica obviamente un coste muy alto”. Preservar la “estabilidad del sistema” El presidente de la Red Universitaria G9, Juan Yuz, señala que “dados la política de gratuidad y el volumen de recursos que está poniendo el Estado, es importante que se establezca una política de aranceles regulados que sea coherente con el objetivo de las universidades, con la Comisión de Expertos, que defina los costos y que le dé también a la vez estabilidad al sistema”. El también rector de la U. Técnica Federico Santa María agrega que “desde el CRUCh y el G9 ha habido observaciones al proceso, de los mismos parámetros que ha definido la Comisión de Expertos.
Participamos del proceso de consulta y se enviaron observaciones, que estimamos no fueron acogidas como nos hubiera gustado”. Para el rector de la UC de la Santísima Concepción, Cristhian Mellado, el objetivo de la adhesión es “que cualquier legislación que perfeccione lo que hoy día está, no afecte la estabiliCSCUSENOICACINUMO dad del sistema” pero que es fundamental “que los aranceles regulados realmente reflejen el costo de la complejidad de las universidades”. Esto, en referencia a que un eventual reajuste en la fijación de los aranceles a favor de estas privadas podría afectar cuánto reciben los otros planteles, puesto que “en definitiva, no hay más presupuesto para la educación superior. Está claro que el gasto fiscal no va a aumentar, menos con el déficit que existe”, advierte Mellado.
Mineduc: “Ninguna preocupación” El ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC), indicó a “El Mercurio” que el que más instituciones adhieran a esta consulta no les genera “ninguna preocupación”, debido a que “están en su legítimo derecho de llevar adelante las acciones administrativas y judiciales que la ley les otorga. A nosotros nos corresponde llevar adelante el proceso tal como la ley establece también.
Por lo tanto, no veo ninguna dificultad ni altera tampoco la relación armoniosa entre el Ministerio de Educación y las instituciones de educación superior, y particularmente el CRUCh”. Acota que, en caso de una respuesta favorable a esta consulta, “en este o en el próximo gobierno, siempre uno debería evaluar cuando el TDLC establece alguna recomendación.
Pero eso obviamente hay que hacerlo una vez que las recomendaciones lleguen, si es que llegan, y dependiendo de eso también las nuevas autoridades tendrán que hacer la ponderación de qué es lo que significan esas modificaciones o recomendaciones”. 30 planteles componen el Consejo de Rectores.
La UC ya se había sumado al proceso ante el TDLC, mientras que las otras 29 instituciones lo hicieron el 11 de febrero. 612 mil alumnos tuvieron gratuidad en el sistema de educación superior este año. $1,8 billones contempla el Presupuesto 2026 para la gratuidad solo en universidades.
Nuestra consulta tiene por objeto que se constate y declare que la fijación del arancel regulado para este año 2026 constituye una discriminación arbitraria en contra de las universidades privadas”.. ............................................................................. JUAN EDUARDO VARGAS RECTOR DE LAU.
FINIS TERRAE “El rol del CRUCh como organismo asesor del Ministerio de Educación es de carácter institucional con un marcado interés público, habilitando su comparecencia en autos, para aportar antecedentes comparables, estructurales desde una perspectiva sistémica”. EXTRACTO DE DOCUMENTO PRESENTADO POR EL CRUCH PARA HACERSE PARTE Autor: MACARENA CERDA MORALES. Se suman 29 planteles a la disputa ante el TDLC. La causa cuestiona cómo la cartera calcula cuánto pagar por cada estudiante con este beneficio, dependiendo de la casa de estudios y carrera. En noviembre, Ues privadas acusaron “discriminación” del Mineduc: 30 planteles componen el Consejo de Rectores.
La UC ya se había sumado al proceso ante el TDLC, mientras que las otras 29 instituciones lo hicieron el 11 de febrero. 612 mil alumnos tuvieron gratuidad en el sistema de educación superior este año. $1,8 billones contempla el Presupuesto 2026 para la gratuidad solo en universidades. ‘‘Nuestra consulta tiene por objeto que se constate y declare que la fijación del arancel regulado para este año 2026 constituye una discriminación arbitraria en contra de las universidades privadas”.. ............................................................................. JUAN EDUARDO VARGAS RECTOR DE LAU.
FINIS TERRAE “El rol del CRUCh como organismo asesor del Ministerio de Educación es de carácter institucional con un marcado interés público, habilitando su comparecencia en autos, para aportar antecedentes comparables, estructurales desde una perspectiva sistémica”. EXTRACTO DE DOCUMENTO PRESENTADO POR EL CRUCH PARA HACERSE PARTE C El Comité Ejecutivo del Consejo decidió hacerse parte de la causa, tema que se abordará en el pleno de marzo, cuando las universidades vuelvan a clases.