Gobierno aclara alcance de indicación en Ley de Expulsiones y descarta obligación de denunciar a migrantes irregulares
Gobierno aclara alcance de indicación en Ley de Expulsiones y descarta obligación de denunciar a migrantes irregulares El subsecretario del Interior, Máximo Pávez, abordó el alcance de la indicación incorporada por el Gobierno al proyecto de Ley de Expulsiones, luego de la controversia generada por la posibilidad de que instituciones como hospitales y establecimientos educacionales entreguen información sobre personas migrantes en situación irregular.
En entrevista con el programa Estado Nacional, la autoridad aclaró que la propuesta no establece una obligación general de reporte ni de denuncia por parte de centros de salud, colegios u otros organismos. "En ningún caso existe una obligación de reportar o denunciar", afirmó Pavez, buscando despejar las dudas surgidas tras la difusión pública de la norma.
El subsecretario explicó que el objetivo de la indicación es permitir que, en casos específicos y dentro de un procedimiento migratorio en curso, la autoridad pueda acceder a datos básicos de contacto que permitan notificar a una persona.
Según precisó, se trata de antecedentes como un teléfono, correo electrónico o domicilio, necesarios para materializar formalmente un proceso administrativo. "Jamás en la indicación ha habido una obligación distinta que cuando la autoridad migratoria, para materializar un proceso específico respecto a una persona, requiere un dato de contacto, un teléfono, un correo para entregarle una notificación, las personas pueden responder", señaló Pavez.
La autoridad agregó que el Gobierno necesita contar con información que permita ubicar a las personas involucradas en procedimientos migratorios, precisamente para garantizar efectos en el acceso de personas extranjeras a que puedan ser notificadas, servicios esenciales como salud y educación. ejercer su derecho a defensa y Una de las observaciones fue planteada por la presentar las alegaciones que ministra de Salud, May Chomalí, quien advirtió correspondan. "Nosotros neceque una eventual notificación en recintos asissitamos, como dijo el Presidentenciales podría provocar temor en la poblate de la República, para poder ción migrante y afectar su disposición a acudir materializar procedimientos a centros de atención. donde la gente se puede deAl respecto, Pavez afirmó que la inquietud lefender, donde la gente puede hacer alegaciones, saber dónde están", sostuvo. La indicación generó preocupación en distintos sectores, esvantada por la ministra de Salud es legítima y compartida por el Ejecutivo.
Sin embargo, sostuvo que sus planteamientos no se contraponen con el contenido de la indicación ni con lo señalado por el Presidente de la República pecialmente por sus eventuales en Atacama. "La ministra de Salud ha levantado una preocupación que es legítima, que nosotros compartimos y respecto de la cual adherimos, y la transcripción textual de la entrevista a la ministra Chomalí no se opone en nada a lo que está proponiendo el Gobierno en este proyecto", expresó el subsecretario. Pavez insistió en que el Ejecutivo no espera que la norma genere un efecto inhibidor en el acceso a prestaciones sanitarias o educacionales. Según indicó, existe la convicción de que la atención de salud y educación para personas migrantes no se verá afectada por el mérito de esta indicación. "No creemos que se produzca ese efecto. Hay una convicción de que todas las materias sanitarias y educacionales no se van a afectar por el mérito de esta indicación, su oferta y su despliegue", explicó.
El subsecretario recalcó que el propósito de la medida es estrictamente administrativo y orientado a mejorar la capacidad del Estado para notificar procedimientos migratorios, no transformar a hospitales o colegios en organismos denunciantes. "En ningún caso, por favor, que quede muy claro, existe una obligación de reportar o denunciar. Aquí lo que nosotros queremos es tener un dato de contacto para una notificación", enfatizó.
La discusión se da en medio del debate legislativo por la Ley de Expulsiones, iniciativa con la que el Gobierno busca agilizar y hacer más efectivos los procedimientos vinculados a personas extranjeras que se encuentran en situación migratoria irregular o que mantienen órdenes administrativas pendientes.
Con estas declaraciones, el Ejecutivo intentó contener las críticas y precisar los alcances de una indicación que abrió un nuevo foco de tensión política y social, especialmente por su relación con derechos básicos y servicios públicos sensibles. La tramitación del proyecto continuará en el Congreso, donde se espera que la norma sea revisada en detalle y enfrente nuevas observaciones desde parlamentarios, gremios y organizaciones vinculadas a migración, salud y educación.
El subsecretario del Interior, Máximo Pávez, sostuvo que la propuesta busca facilitar datos de contacto para notificaciones migratorias específicas, pero aseguró que hospitales y establecimientos educacionales no estarán obligados a reportar ni denunciar a personas extranjeras en situación irregular.. El subsecretario del Interior, Máximo Pávez, sostuvo que la propuesta busca facilitar datos de contacto para notificaciones migratorias específicas, pero aseguró que hospitales y establecimientos educacionales no estarán obligados a reportar ni denunciar a personas extranjeras en situación irregular.