Lo que se espera de las nuevas leyes De pesca y acuicultura
DIVERSOS ACTORES SEÑALAN QUE LAS LEYES DEBEN ENTREGAR CERTEZA A TODOS. TANTO A LA INDUSTRIA, LOS ARTESANALES Y A QUIENES VIVEN O DEPENDEN DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA. INCLUSO ESPERAN QUE TAMBIÉN DÉ SEGURIDAD A QUIENES MANTIENEN UNA ESPECIAL PREOCUPACIÓN POR EL MEDIOAMBIENTE. Hile posee más de seis mil kilómetros de costa, donde las actividades pesqueras y acuícolas son altamente productivas y contribuyen directamente con la seguridad alimentaria nacional y mundial.
En este contexto, el actual Gobierno busca restablecer la confianza en la normativa que rige el sector a través de una Nueva Ley de Pesca (NLP). Pero también en un carril separado implementar una nueva Ley General de Acuicultura. Para ello, el Ejecutivo presentará el primer proyecto durante el primer semestre de 2023 y el segundo durante el cuarto trimestre del año.
PESCA INDUSTRIAL Al respecto, la presidenta de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), Macarena Cepeda, recuerda que en enero el subsecretario de Pesca visitó la región del Biobío con una buena disposición a conocer la industria.
“El sector se había sumado a la petición de un diálogo amplio para recoger la realidad y diversidad de la actividad, por lo que esperamos que eso permita construir propuestas para un mejor cuerpo regulatorio, que considere e incluya a todos los actores de este ecosistema pesquero”. Macarena Cepeda enfatiza que para la pesca industrial es prioritario mantener la certeza jurídica que permite estabilidad, y proyectarse en el tiempo como una industria productora de alimentos, y seguir siendo motor de desarrollo en las comunas donde están presentes. “Es fundamental tener esa tranquilidad para seguir desarrollándonos junto a las más de 6 mil 500 familias que dependen de esta actividad”, apunta.
Afirma que la nueva Ley de Pesca no puede partir desde una hoja en blanco, y tiene que reconocer el aporte de la pesca industrial; las buenas prácticas en pesca responsable que los ubican hoy como una actividad sostenible. Los encadenamientos productivos con la pesca artesanal y el desarrollo que tiene la actividad en las distintas regiones del país. “Es necesario tener certeza jurídica, necesitamos estabilidad, y esa certeza está dada hoy por las Licencias Transables de Pesca que tienen las empresas y que tienen una vigencia hasta el 2033 y consideran una renovación. Asimismo, tenemos un fraccionamiento, es decir, la participación entre los sectores artesanal e industrial en algunas pesquerías que debe respetarse también”, detalla Cepeda.
Consultada si temen que se repitan los efectos de la Ley de La Jibia donde, por ejemplo, en la región del Biobío, unos 2 mil trabajadores perdieron sus puestos por esta normativa, Macarena Cepeda es enfática: “Esperamos que esto no ocurra, porque precisamente por desconocer las realidades de las disBuque pesquero en Chile.
“La nueva Ley de Pesca no puede partir desde una hoja en blanco, y tiene que reconocer el aporte de la pesca industrial”, Asipes. tintas zonas pesqueras y por no poner al centro de la discusión las opiniones científicas, es que hoy estamos lamentando la peor política pública pesquera, que no solo terminó con dos mil empleos formales en Biobío, sino que el sector artesanal actualmente captura menos del 50% de la cuota establecida y las exportaciones bajaron considerablemente.
En resumen: perdió el país”. Detalla, además, que la pesca industrial del Biobío ha realizado grandes esfuerzos e inversiones para poder destinar hoy más del 85% de sus capturas a la producción de alimentos del mar.
Adicionalmente, el presidente de Sonapesca, Osciel Velásquez, afirma que siempre valoran que se puedan discutir los temas a través del camino del diálogo, “es por ello, que tenemos toda la disposición a construir una Nueva Ley de Pesca, en la que deben estar todos los actores presentes; pesca artesanal, industrial, trabajadores, academia y ciencia”. El presidente de Sonapesca aclara que después de diez años de arduo trabajo de todos los estamentos, basado en la gobernanza que tiene la Ley de Pesca vigente, 14 de las 16 pesquerías industriales han logrado una recuperación y diez (dos tercios) se encuentran en el rendimiento máximo sostenible. Además enfatiza que ante cualquier decisión, “es fundamental que se reconozca la existencia de los cuatro países pesqueros y sus distintas realidades, norte, centro, centro sur y sur.
Es por ello, que cobra mayor importancia el trabajo en los territorios, siempre es bueno escuchar lo relevante que son las empresas y el aporte que tienen en el desarrollo económico y comunitario en sus localidades”. Respecto de no repetir los efectos de la Ley de la Jibia, Osciel Velásquez recuerda que el problema con esta ley fue que al momento de legislar no se escuchó al sector.
“Ello porque tras legislar esta ley aprendimos que la pesca artesanal no tiene la capacidad de abastecer la producción de una planta por los volúmenes de recursos que se necesitan (... ) Para ello, es fundamental contar con embarcaciones más preparadas, pero lo más importante no es bueno excluir a un sector que es parte del ecosistema y pueden coexistir sin problemas”. SALMÓN Y NUEVA LEY GENERAL DE ACUICULTURA Pero otra área importante de los futuros proyectos de ley es el ámbito acuícola.
Durante el último encuentro Aqua Forum, en noviembre pasado, el subsecretario de Pesca, Julio Salas, también anunció que se presentará el proyecto para una nueva Ley General de Acuicultura, iniciativa que el Ejecutivo espera ingresar el cuarto trimestre de 2023. Esta nueva normativa se trabajará por un camino distinto a la Nueva Ley de Pesca: Irán separadas.
“La razón —precisó el subsecretario Salas-, es de indole técnica, ya que se trata de ámbitos que presentan problemáticas y realidades diferentes, pero también tiene que ver con los cuestionamientos éticos que genera la actual legislación en materia de pesca extractiva, donde se ha puesto en duda su legitimidad debido Subsecretario Julio Salas en visita al Biobío junto con la presidente de Asipes, Macarena Cepeda.
“Tenemos toda la disposición a construir una Nueva Ley de Pesca, en la que deben estar todos los actores presentes”, Sonapesca. a la intervención indebida de los intereses particulares en la deliberación pública”. “Este cuestionamiento no afecta a la normativa acuícola, donde los cambios y disposiciones que se adicionen o modifiquen, no guardan relación con los cuestionamientos por situaciones de cohecho o soborno”, afirmó el subsecretario.
Al respecto, la directora ejecutiva del Consejo del Salmón, Loreto Seguel, señala que “el marco regulatorio que rige la actividad salmonicultora ha sido, en gran medida, reactivo al crecimiento y también a la ocurrencia de crisis en la industria como, por ejemplo, el virus ISA en 2007.
Por ende, la legislación actual es producto de fuertes procesos de ajustes y aprendizajes tanto del sector público como del sector privado y que han significado la incorporación de nuevas regulaciones, normas, facultades a los órganos reguladores y fiscalizadores.
Así como nuevas obligaciones y responsabilidades para las empresas productoras, que van desde el bienestar animal, las concesiones, la seguridad, el medio ambiente, la producción, la inocuidad, por citar solo algunos ejemplos”. Recuerda que hoy la salmonicultura chilena es muy distinta a la industria de hace 20 años, ha incorporado más tecnología, más innovación y procesos más sustentables. “Es muy importante que exista una política pública que se haga cargo de reconocer la importancia que tiene la acuicultura a nivel nacional, tal como existe en Noruega, por ejemplo.
No solo en el ámbito sectorial, sino que todo el Estado pueda actuar en forma única y no ver a cada institución que regula O fiscaliza con miradas divergentes, o sin considerar a las otras en sus decisiones”, comenta Seguel.
Destaca que existen varios espacios de mejora en: la legislación (... ) Por ejemplo, mejoras en temas como régimen de acceso, regulación de bancos naturales, los Informes Ambientales (INFA), la varianza del 2%, relocalizaciones, operaciones mínimas, coordinación de las diversas autoridades intervinientes, entre otros aspectos.
“A nivel de relacionamiento con las comunidades vemos necesario analizar en profundidad los efectos de las solicitudes de Ecmpo en la renovación de los permisos ya otorgados, como es el caso de las concesiones marítimas que se requieren para instalar estructuras de apoyo al desarrollo de la acuicultura.
En resumen, existen oportunidades de mejoras normativas y de una regulación más integral”, recalca Loreto Seguel, señalando que son optimistas y esperan contribuir en el diseño técnico y normativo que permita la creación de una normativa moderna y eficaz.
En tanto desde Salmon Chile, principal gremio salmonicultor a nivel nacional, señalan que están disponibles para participar activamente en este proceso y, a través del diálogo, establecer un acuerdo amplio que permita desarrollar una normativa para la acuicultura del futuro.
“El salmón es el tercer producto de exportación del país, después del cobre y el litio, superando las exportaciones de la industria de la celulosa y del vino; a nivel mundial, somos el segundo productor de salmónidos tras Noruega, concentrando el 25% de la producción mundial”, destacan desde Salmon Chile. “Valoramos que este proceso sea de carácter participativo.
Por lo mismo, creemos que en este marco es necesario tomarse el tiempo de escuchar y tener a la vista el conocimiento y la experiencia de nuestro sector productivo, así como de las más de 4 mil pymes que forman parte de nuestra cadena productiva, a nuestros más de 70 mil colaboradores y a todas las comunidades con las que nos vinculamos”, afirman desde el gremio.
COMISIÓN DEL SENADO Los senadores integrantes de la Comisión de Intereses Marítimos Pesca y Acuicultura, Iván Moreira y Fidel Espinoza, apuntan que el objetivo del nuevo marco legal debe enfocarse en la certeza jurídica, sustentabilidad y transparencia. “El objetivo de contar con una nueva, pero buena, ley de pesca, es subsanar todas las imperfecciones, vicios y vacíos que contempla la actual legislación. Sabemos que existen altas expectativas, principalmente en los pescadores artesanales y por ello es que uno de los puntos fundamentales es avanzar en las demandas históricas”, afirma el senador UDI, Iván Moreira.
Añade que una nueva ley de pesca tiene que ser eficiente y ágil, “que pueda hacerse cargo de los desafíos que enfrentará la industria en el futuro, en el que se necesitará de un cuerpo legal que deje atrás la burocracia y se coloque a la vanguardia de las necesidades del sector”. Recuerda, además, que el tema de las relocalizaciones es muy necesario para avanzar no solo en ordenamiento, sino que también en sustentabilidad y mitigar episodios críticos, como florecimientos de algas nocivas, “por lo que la nueva ley debe contar con elementos de favorezcan las relocalizaciones.
Un tema fundamental, es avanzar en regularizar la Ley Lafquenche”. “Aquí nadie quiere entregar menos facultades a las comuniPlanta de proceso de pesca “Es muy importante que exista una política pública que se haga cargo de reconocer la importancia que tiene la acuicultura a nivel nacional, tal como existe en Noruega”, Loreto Seguel.
Centro de cultivo de salmones. dades indígenas ni restringirlos de su derecho consuetudinario, sino que buscamos establecer reglas claras que permitan entregar certezas y evitar los abusos que unos pocos están haciendo de esta ley, solicitando miles de hectáreas de borde costero, que abarcan prácticamente la totalidad del mar interior de nuestra región”, comenta Moreira. En tanto, su par socialista, el senador Fidel Espinoza, manifiesta su confianza en el compromiso del Ejecutivo de que a mitad del presente año presentará la nueva Ley de Pesca.
Agrega que no se debe olvidar que la sustentabilidad es clave para poder preservar una actividad “que le da trabajo a miles y miles de familias, que le da ingresos para sortear el día a día a miles de pescadores artesanales, que de Arica a Magallanes desarrollas esta tan importante actividad”. “Por lo tanto, una nueva Ley tiene que tener la premisa, primero, de la sustentabilidad pero también de que es una actividad que genera empleo, que no podemos descuidar aquello.
Y que es una actividad que también tiene que mejorar el acceso a las cuotas en algunas especies que hoy día están muy por debajo de las reales expectativas que tienen los pescadores artesanales”. “Así que, comprometiéndose con esos tres aspectos esenciales creo que podemos tener una buena discusión que no va a ser una discusión menor de menos de un año o año y medio como fue la del 2013, con la diferencia de que en esta ocasión vamos a tener a todo un país encima de nosotros, y así debe ser, por la Transparencia. Porque la Ley anterior todos sabemos cómo se gestó”, concluye el senador Espinoza. [1