Cómo LA CRISIS EN GENDARMERÍA podría dificultar el plan de cárceles de Kast
Cómo LA CRISIS EN GENDARMERÍA podría dificultar el plan de cárceles de Kast Mientras en Chile una persona privada de libertad puede tener hasta nueve horas semanales de salida al patio y seis horas de visita, en países como Italia o Australia ese régimen se reduce drásticamente: cuatro horas de visita al mes, recreos segmentados y sin grandes patios colectivos. Mientras en Chile los internos pueden recibir encomiendas periódicas y mantener visitas conyugales, en esos sistemas esas prerrogativas no existen o están severamente restringidas. Allá dicen quienes han estudiado el modelo comparado la cárcel no reproduce condiciones de la vida en libertad; administra mínimos. El contraste no es solo normativo, es estratégico.
En Europa y en algunos países de Oceanía, el concepto rector no es únicamente la condena, sino el régimen: cuánto control efectivo ejerce el Estado sobre quien ha sido considerado un riesgo para la seguridad pública. En Chile, en cambio, el diseño penitenciario mantiene beneficios incluso para perfiles de alta peligrosidad, en un contexto donde el crimen organizado ha demostrado capacidad de coordinación desde el interior de los recintos. A juicio de quienes promueven un giro en esta materia, el endurecimiento del régimen penitenciario puede tener efectos directos sobre la delincuencia. “Las personas lo pensarían antes de reincidir en un sistema que los controla efectivamente”, afirma el exdirector de Gendarmería y consultor internacional Christian Alveal, quien ha asesorado a gobiernos de la región en reformas penitenciarias. Pero esa es solo una parte del problema.
Porque mientras se discute cuánto debe endurecerse el régimen intramuros, que fue una de las propuestas centrales de la campaña que llevó a la elección de José Antonio Kast como futuro Presidente, en las últimas semanas han quedado en evidencia las fragilidades de la propia institución encargada de aplicarlo. Liberaciones erróneas, investigaciones por eventuales redes de corrupción interna, homicidios en recintos penales y la muerte de una funcionaria en servicio volvieron a situar a Gendarmería en el centro del debate público.
Y ese escenario no es neutro para el gobierno entrante: el éxito de su plan en la materia dependerá, en buena medida, de la capacidad de la institución para ejecutar un régimen más exigente, con mayor control y mayores atribuciones. Si la institución aparece debilitada, cuestionada o eventualmente infiltrada, el desafío no es solo endurecer el sistema, sino reconstruir primero la capacidad de ejercer autoridad dentro de él.
La crisis no es solo operativa, tiene una dimensión política e institucional: una reforma que busca incorporar a Gendarmería a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública se discute actualmente en el Congreso, mientras el gobierno entrante prepara una batería de medidas para modificar de manera sustantiva el sistema de custodia y el régimen carcelario en el país. LOS DETALLES DEL PLAN DE KAST Estas ideas están contenidas en el “Plan Cancerbero”, la propuesta penitenciaria de Kast en materia de seguridad pública.
Elaborado por su equipo programático en el área de justicia y seguridad, parte de una premisa central: el sistema carcelario debe dejar de ser un espacio periférico dentro de la política criminal y pasar a ocupar un rol estratégico en el combate contra el crimen organizado. Su diagnóstico es que las cárceles no solo contienen delincuentes, sino que, bajo determinadas condiciones, pueden transformarse en plataformas de coordinación delictual si el Estado no ejerce un control efectivo. Desde esa perspectiva, el problema no es únicamente de infraestructura o de dotación, sino de régimen.
El plan propone pasar de un modelo relativamente uniforme, que combina seguridad y reinserción bajo la lógica de un servicio público tradicional, a uno que distingue con mayor nitidez entre perfiles de peligrosidad y establece regímenes diferenciados, especialmente para quienes lideran estructuras criminales.
La inspiración reconocida es el modelo 41bis italiano, aplicado contra la mafia, que establece condiciones de aislamiento severo para cabecillas: restricción estricta de comunicaciones, control riguroso de visitas y separación total respecto del resto de la población penal.
En la práctica, ello implicaría reagrupar a internos con liderazgo criminal en módulos especiales, reducir los espacios colectivos masivos, limitar de manera significativa las visitas presenciales y reforzar el control de cualquier forma de comunicación con el exterior.
La lógica es cortar el vínculo entre quien dirige la organización y quienes ejecutan delitos en la calle, bajo el supuesto de que, si se rompe esa cadena de mando desde la cárcel, se reduce la capacidad operativa del crimen fuera de ella.
Para Pablo Urquízar, coordinador del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo de la UNAB, “estas medidas colaboran, pero requieren ciertas reformas sustantivas y esas reformas sustantivas están vinculadas, cierto, con aquello que efectivamente permite tener el control territorial de las cárceles. Y para eso se necesita una reforma profunda en inteligencia y contrainteligencia penitenciaria. Sin eso, hay un ámbito de la crisis penitenciaria que resultaría no solucionada”. Ese punto conecta directamente con la crisis reciente.
Porque si el diagnóstico es que falta inteligencia y contrainteligencia penitenciaria, la eventual penetración del crimen organizado en eslabones internos de Gendarmería no solo es un problema coyuntural: se transforma en una amenaza estructural para la implementación del propio plan. Endurecer el régimen sin asegurar primero control institucional podría generar resistencias internas, litigios judiciales e incluso reacciones externas de las organizaciones criminales afectadas. Por eso el plan se apoya además en la modernización tecnológica intensiva.
La instalación de body scanners, inhibidores de señal, cámaras térmicas y sensores de movimiento busca disminuir de forma sustantiva el ingreso de teléfonos, armas y drogas, elementos que hoy permiten sostener economías ilícitas dentro de los penales. Las miles de incautaciones de celulares en los últimos años son leídas por sus impulsores como evidencia del volumen del problema y de la permeabilidad actual del sistema. Todo esto, acompañado de la creación de nuevas cárceles, lo que para el exfiscal Luis Toledo es una apuesta que debe ser acompañada por otras. “La construcción de más cárceles y el aumento de dotación son medidas estructurales necesarias, pero no las únicas. Sin estándares estrictos de selección, control y protección del personal, ampliar la infraestructura puede también ampliar espacios de captura por parte del crimen organizado”, explica.
El presidente de la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, el republicano Cristián Araya, defiende el plan asegurando que el gobierno irá más allá de lo que se cree, ya que “no se trata solo de endurecer el régimen, sino de ordenar, modernizar y fortalecer institucionalmente el sistema penitenciario como una prioridad nacional y como una verdadera política de Estado”. LOS CAMBIOS EN GENDARMERÍA Según quienes conocen el “Plan Cancerbero”, este propone reforzar la dotación de Gendarmería con la incorporación de 5.000 funcionarios en un plazo de cinco años. Sin embargo, el diseño no se limita al mecanismo tradicional de reclutamiento y formación.
Considera aumentar la capacidad anual de egreso de la escuela institucional, redistribuir funciones internas trasladando labores administrativas a personal civil especializado para que funcionarios formados en vigilancia puedan volver a tareas operativas, y evaluar ajustes normativos que permitan aprovechar la experiencia de personal jubilado que aún se encuentra en plena etapa laboral. La apuesta es combinar crecimiento, reingeniería de procesos y cambios legales para acelerar el fortalecimiento operativo. En este esquema, la distinción entre seguridad y reinserción adquiere un nuevo énfasis. Si bien la reforma constitucional en trámite ya propone separar ambas funciones, el Plan Cancerbero profundiza esa lógica al establecer regímenes claramente diferenciados según perfil criminal. La reinserción no desaparece, pero en casos de alta peligrosidad queda subordinada a la prioridad de seguridad. El régimen dejaría de ser uniforme y pasaría a ser escalonado.
LA TESIS DE LA PENETRACIÓN DEL NARCO EN GENDARMERÍA El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, abrió una arista que elevó aún más la tensión política: tras las liberaciones erróneas registradas en tribunales, señaló que no podía descartarse intencionalidad, corrupción o incluso sabotaje al interior de la institución. La afirmación generó reacciones inmediatas. Para algunos sectores, la hipótesis apuntaba a la eventual penetración del crimen organizado en eslabones sensibles de la cadena de custodia. Para otros, instalar la palabra “sabotaje” sin pruebas concluyentes implicaba trasladar la discusión desde la responsabilidad administrativa hacia una lógica más cercana a la infiltración institucional. Christian Alveal, exdirector de Gendarmería, evita descartar de plano esa posibilidad, pero tampoco la convierte en el centro del análisis. “Yo no descarto ninguna hipótesis”, sostiene. “Pero tampoco centraría la discusión en eso”. A su juicio, el riesgo está en perder de vista el problema estructural: incluso si no hubiera sabotaje, el sistema presenta vulnerabilidades que el crimen organizado puede explotar. Alveal advierte que la experiencia comparada en la región muestra que las cárceles se han convertido en espacios estratégicos para las estructuras criminales. El punto, dice, no es si hubo o no una mano deliberada detrás de un error puntual, sino si el Estado tiene hoy el control efectivo de sus recintos penitenciarios. La discusión, entonces, trasciende el episodio específico. Si las fallas obedecen a negligencia, sobrecarga operativa o protocolos frágiles, el problema sigue siendo grave. Si, en cambio, existiera infiltración o presión externa sobre funcionarios, el diagnóstico sería aún más delicado. En ambos casos, la conclusión es similar: antes de endurecer el régimen penitenciario, el gobierno entrante deberá asegurar que la institución encargada de aplicarlo esté en condiciones de ejercer control real.
Porque el “Plan Cancerbero” parte de una premisa ambiciosa recuperar el dominio del Estado sobre las cárceles, pero su viabilidad dependerá de algo previo: que Gendarmería logre superar la crisis que hoy la mantiene bajo cuestionamiento. n O N A C I L B U P E R O D I T R A P “Se necesita una reforma profunda en inteligencia y contrainteligencia penitenciaria. Sin eso, hay un ámbito de la crisis penitenciaria que resultaría no solucionada”, dice Pablo Urquízar, del Observatorio del Crimen Organizado de la UNAB.
“No se trata solo de endurecer el régimen, sino de ordenar, modernizar y fortalecer institucionalmente el sistema penitenciario como una prioridad nacional”, dice el diputado republicano Cristián Araya.. La ofensiva carcelaria del gobierno entrante parte de una premisa clara: recuperar el control del Estado sobre los penales.
Pero las liberaciones erróneas, la discusión sobre posible infiltración del crimen organizado y las fragilidades internas de Gendarmería abren una interrogante incómoda: ¿ puede implementarse un régimen más severo cuando la institución que debe aplicarlo atraviesa su propia crisis? | R. OLIVARES y R. GONZÁLEZ DETALLES DE LOS CAMBIOS EN EL SISTEMA QUE PROPONE EL FUTURO GOBERNANTE: “Se necesita una reforma profunda en inteligencia y contrainteligencia penitenciaria. Sin eso, hay un ámbito de la crisis penitenciaria que resultaría no solucionada”, dice Pablo Urquízar, del Observatorio del Crimen Organizado de la UNAB. “No se trata solo de endurecer el régimen, sino de ordenar, modernizar y fortalecer institucionalmente el sistema penitenciario como una prioridad nacional”, dice el diputado republicano Cristián Araya. El Presidente electo y parte del grupo que lo asesoró en materias de seguridad, durante la presentación del “Plan Cancerbero”, en julio pasado.