Presidente anuncia proyecto de ley de test de drogas para funcionarios públicos y parlamentarios
Presidente anuncia proyecto de ley de test de drogas para funcionarios públicos y parlamentarios El presidente José Antonio Kast se realizó este miércoles, a las 10:00 horas, el test de drogas capilar que tenía programado en la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), donde anunció un proyecto de ley que busca ampliar la exigencia de su aplicación a diputados, senadores, dirigentes de partidos políticos e incluso a autoridades regionales. Esta política busca reforzar los estándares de probidad en la función pública y se enmarca en una serie de exigencias impulsadas por el Ejecutivo desde el inicio de la administración Kast.
Tras someterse al examen, el mandatario señaló que el costo fue cubierto con recursos propios y de manera voluntaria, conforme a la normativa aprobada en febrero, y advirtió que existe un problema presupuestario. "No se dejó presupuesto para la toma de análisis de pelo que busca el consumo de drogas, que es bastante más caro que el examen de orina", dijo y preciso que este procedimiento supera los $300.000. Posteriormente, anunció una serie de medidas y modificaciones en esta materia.
Anuncio de proyecto de ley En este contexto, Kast indicó que enviará un proyecto de ley para ampliar la exigencia a quienes ejercen funciones públicas, incluyendo al presidente de la República-ya que actualmente no está contempladoy a quienes ocupen altos cargos públicos. "Esperamos que en esto el Congreso nos apoye para incluir a quienes ejercen cargos de alta responsabilidad pública, como gobernadores, alcaldes, cores y concejales", indicó.
Asimismo, señaló que se planteará al poder legislativo incorporarse a esta medida. "Si van a ejercer el mandato popular para legislar, al menos una vez al año, cada senador y diputado que esté dispuesto a hacerse el examen de pelo y que sea administrado y dirigido por la Contraloría", sostuvo. La normativa también pretende incluir a presidentes y directivas de partidos políticos, así como a candidatos a cargos de elección popular, con el objetivo de acreditar que no mantienen dependencia de estas sustancias..