Autor: Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal, P. U. Católica de Chile

Evaluación ambiental
Señor Director: La ministra de Medio Ambiente anuncia que se va a modificar la ley de evaluación de impacto ambiental. Invita a ONG y el mundo empresarial a hacer sus aportes, pero poco y nada invita a los ecólogos y académicos que pueden contribuir. La discusión se centra en la forma de litigar y no en el fondo, como debiera ser. La razón de hacer una evaluación de impacto ambiental pasa por evitar que una nueva actividad productiva produzca perjuicios ambientales y daño a las comunidades locales en forma irreparable. El sistema actual ha demostrado ser inadecuado. Los métodos de evaluación no cumplen con el rigor científico apropiado. La responsabilidad asignada a la empresa para que contrate a las consultoras ambientales resta transparencia y objetividad al proceso. Por último, la capacidad técnica de los organismos del Estado sectoriales no ha mejorado sustancialmente en los últimos 30 años, aunque la complejidad de los proyectos y las tecnologías si han mejorado sustancialmente. El sistema de evaluación de impacto ambiental actual no le entrega garantías a la sociedad, menos a los inversionistas, y genera un descrédito a la clase política y el gobierno de turno. Esto se puede constatar con la gran cantidad de proyectos rechazados o que terminan en litigios por años. Un país no se puede alegrar del fracaso de los proyectos de inversión ni de la desconfianza que generan las aprobaciones con el sistema actual. Por ello, más rigor científico y mejores estándares, y menos entelequia legal que ha probado ser muy ineficiente.