Editorial: Una ley que llega tarde y apunta mal
Editorial: Una ley que llega tarde y apunta mal Chile vuelve a discutir cómo enfrentar los incendios forestales después de tragedias que dejaron cicatrices profundas.
El daño más grande, sin lugar a duda, es la pérdida humana: irrecuperable y lo que nos debe movilizar con mayor fuerza para hacer todos los esfuerzos para que situaciones como las vividas en las últimas semanas en nuestro país no vuelvan a repetirse.
Junto con ello, cientos de miles de hectáreas arrasadas por el fuego siguen sin recuperarse, en su mayoría pertenecientes a pequeños y medianos propietarios que no cuentan con la espalda financiera para asumir procesos largos y costosos. Esa realidad debiera ser un punto para considerar en cualquier legislación.
Sin embargo, el reciente despacho por parte del Senado del proyecto de ley de prevención y mitigación de incendios forestales presenta falencias que ya han advertido gremios, expertos y asociaciones del sector forestal que han señalado que la norma avanza por la senda de la regulación reactiva, descargando responsabilidades y costos en quienes cuidan y producen en el territorio, sin fortalecer de manera decisiva la prevención ni la persecución penal de los verdaderos responsables.
Si bien las agrupaciones valoran que se esté discutiendo una ley -y nadie niega su importancia para el país, especialmente para ayudar a prevenir episodios tan graves como los vividos este año-gremios como Corma, Pymemad y Aprobosque han señalado que la ley aprobada por el Senado impone una carga burocrática y exigencias que, sin financiamiento ni acompañamiento técnico, terminan siendo letra muerta para quienes viven del bosque, castigando la actividad productiva en lugar de incentivar su resiliencia. Las agrupaciones han sido enfáticas: mientras las grandes empresas podrían absorber de mejor forma los costos de recuperación y prevención, los pequeños y medianos productores simplemente no pueden. Aun así, la ley les impone nuevas obligaciones, restricciones al uso del suelo y medidas preventivas de alto costo, bajo la premisa subyacente de que los propietarios serían, por definición, parte del problema. Ese supuesto contradice, por cierto, la evidencia, ya que la mayoría de los incendios forestales en Chile son de origen intencional o producto de negligencia, y es allí donde debiera concentrarse el esfuerzo del Estado. No hay discusión respecto de que el país necesita una legislación moderna, técnica y territorialmente consciente. Una ley que entienda que el desarrollo forestal es un pilar económico regional, intensivo en empleo y clave para la sostenibilidad, y que no se construye desde la sospecha ni el castigo indiscriminado. Pero legislar de espaldas a la ruralidad es un error que ya se ha cometido antes. Persistir en él, en medio de una crisis climática y de seguridad cada vez más compleja, es un error que el país no puede permitirse..