Encendido debate previsional entre la propuesta del oficialismo y la oposición
UNA DE LAS MAYORES PREOCUPACIONES DE LA POBLACIÓN Encendido debate previsional entre la propuesta del oficialismo y la oposición El destino del 6% de la cotización del empleador, el fin de las AFP y la administración de los fondos de pensiones por el Estado o privados son los puntos que concitan mayor desacuerdo entre los parlamentarios. los parlamentarios. Marcos Sepúlveda L. / La Serena W) Qeldia_cl W) Qeldia_cl W) Qeldia_cl W) Qeldia_cl Han pasado cinco gobiernos y los políticos aún no logran ponerse de acuerdo en reformar el sistema previsional. Se han presentado tres reformas de distinto corte ideológico, en los últimos tres años. Ninguna ha pasado el primer trámite en la cámara de diputados.
La situación de las pensiones en Chile es dramática: el 72% de las pensiones son inferiores al salario mínimo y uno de cada cuatro jubilados recibe una pensión que está por debajo de la línea de la pobreza, que en Chile se calcula bajo los $206 mil pesos al mes, menos de la mitad cotiza por más de 20 años y sólo el 54% logra EL DÍA Irreconciliables se han mostrado hasta ahora, las posturas de los diferentes sectores políticos para llegar a un acuerdo en el tema previsional. recibir una pensión financiada con sus ahorros. La ley previsional es una de las prioridades del actual gobierno. Según la encuesta CEP las pensiones son el tercer tema que más preocupa a los chilenos y diversos analistas señalan como una de las causa del estallido social las bajas rentas que reciben los jubilados. En materia previsional se debaten dos ideas: un sistema mixto de pensiones propuesto por el gobierno y la ley corta de pensiones propuesta por la UDI.
La propuesta de Boric pretende crear un sistema mixto compuesto de tres pilares: capitalización individual mediante aportes obligatorios que pertenecen a cada trabajador (actual 10%), el aporte proveniente del seguro social de 6% a cargo de los empleadores, y el aporte del Estado mediante la PGU.
Mientras que, la UDI ofrece los votos de sus 23 parlamentarios para aprobar una ley corta de pensiones para aumentar la Pensión Garantizada Universal (PGU) a 250 mil pesos por medio de impuestos generales, destinar el 6% de cotización adicional a las cuentas de capitalización individual y un cambio en el cobro de comisiones de parte de las Administradoras de los Fondos.
El ministro de Hacienda Mario Marcel fue el primero en echar por tierra esta propuesta a la que catalogó de "inviable". PRIVADO V/S PÚBLICO "Las AFP en esta reforma se terminan, existirán nuevos gestores de inversión privados con el objeto exclusivo de invertir fondos previsionales, y además existirá una alternativa pública, que permitirá aumentar la competencia con nuevos actores", anunció el mandatario el noviembre de 2022. El proyecto terminaría con las AFP en un plazo de 24 meses y darían paso a los Inversores de Pensiones Privados (IPP), el que tendría como única función invertir los fondos previsionales. En el nuevo sistema, los IPP competirán con el Inversor de Pensiones Público y Autónomo (IPPA) por la administración de la capitalización individual. El IPPA gestionaría de forma exclusiva el Seguro Social, al que se destinarán los aportes del 6% que haga el empleador. La recaudación de las cotizaciones, la atención al cliente, pago de pensiones, cobranza y otros ítems administrativos estarían centralizados en el IPPA. Esto reabrió un acalorado debate sobre si el sistema previsional debe ser administrado por un privado o el Estado.
Encendido debate previsional entre la propuesta del oficialismo y la oposición. "No estoy de acuerdo con que sea un ente público el que administre el 6%. Me gustaría que se licitará como el seguro de cesantía", indica Rafael Sánchez, economista de la Universidad Diego Portales y asesor previsional del ex presidente Sebastián Piñera.
Mientras que, Ricardo Cifuentes, presidente de la Cámara de Diputados y parlamentario DC, encuentra que esta reforma es más positiva que negativa, pero considera que "los cotizantes deben tener libertad de elección entre un ente público o privado". EL DESTINO DEL 6% Un acalorado debate ha provocado la propuesta del gobierno de destinar el 6% de la cotización de los empleadores aun fondo común para aumentar las pensiones de los actuales jubilados.
El ministerio del trabajo está abierto a destinar un porcentaje a las cuentas individuales y el resto a un fondo común. "Creo que podríamos llegar a un acuerdo de 3% a la capitalización individual y 3% a la solidaridad", señala el diputado Cifuentes. Tras el estallido social esta propuesta contaba con bastante apoyo tanto en la derecha como en la izquierda.
A tres años Chile Vamos cambió de postura y plantean que el 6% pagado por el empleador debe ir a una cuenta individual, ser heredable y las empresas deben tener 12 años para implementar el aumento.
Por año aumentaría a razón de 0,5 puntos. "La UDI endureció la postura en esta materia, ya que su electorado ha migrado hacia el Partido Republicano", analiza la académica de la Universidad Diego Portales, Nerea Palma. "Los fondos de pensiones no son del Estado, no son de las AFP, son de los trabajadores que año a año se esfuerzan en ahorrarlos, como fruto de su trabajo y previsión para la vejez", señala la propuesta de reforma previsional realizada por la UDI. "Hace cinco años estaban de acuerdo en que parte de una de las cotizaciones de los empleadores, de las empresas fuera a solidaridad para mejorar las pensiones de los actuales jubilados y hoy día se niegan a eso", critica Alberto Undurraga, presidente de la DC. La otra propuesta que circula por los pasillos del congreso nacional es destinar un 4% a la capitalización individual y 2% a la solidaridad. Esta idea se entrampa en quien administra ese 2%, las AFP o el Estado.
AUMENTAR LA PGU "La PGU se legisló en enero de 2022, en los últimos días del gobierno anterior y quedó sin financiamiento (... ) tuvimos que generar el financiamiento", dijo el titular de Hacienda Mario Marcel en su última aparición de Mesa Central abogando por la necesidad de un pacto fiscal que aumente la recaudación del Fisco.
La frase encendió la pradera y desató un cúmulo de reacciones del mundo político. "Nos incomoda Hace cinco años (la UDI) estaban de acuerdo en que parte de una de las cotizaciones de los empleadores, de las empresas fuera a solidaridad para mejorar las pensiones de los actuales jubilados y hoy día se niegan a eso" ALBERTO UNDURRAGA PRESIDENTE DE LA DC conversar con un ministro y con un Gobierno que sostiene sus posturas através de declaraciones que no son ciertas", protestó el diputado RN Frank Sauerbaum. El ministro tuvo que salir a aclarar y explicar que el proyecto no tenía financiamiento tributario durante 2022 y que se financió con recursos del Tesoro Público. La Pensión Garantizada Universal llegó a reemplazar y reforzar el Pilar Solidario creado por la Presidenta Michelle Bachelet en su primer mandato. Esta definió que todas las personas mayores de 65 años tienen derecho a postular y recibir $206 mil pesos, en caso de no tener cotizaciones y sumar este monto a las personas jubiladas.
No es primera vez que el jefe de la billetera nacional pone en tela de juicio el financiamiento de la PGU, pues en marzo, tras el rechazo de la idea de legislar la reforma tributaria del gobierno, acusó a los parlamentarios que votaron en contra de dejar sin financiamiento el incremento de la pensión garantizada a $250 mil pesos prometido por el Presidente Gabriel Boric, quien confía en llegar a un acuerdo con la oposición para aprobar un Pacto Fiscal que en la derecha no entusiasma mucho.
Tras congelar su participación de la mesa la técnica convocada por el Gobierno para la reforma previsional, el presidente de la UDI, Javier Macaya, junto a parlamentarios de la colectividad propusieron aumentar la PGU a 250 mil pesos por medio de impuestos generales.
Según el gremialismo, el incremento tendría un costo de poco más de $1.735 millones de dólares, un 0,61% del PIB, y se financiaría con la recaudación del royalty minero y la reducción del gasto público con la implementación del presupuesto base O, idea que permitió ahorrar y reasignar cerca de 0,6% del PIB en 2021. "Me da la impresión de que esa propuesta no leyó el proyecto de royalty minero, que lo vamos a promulgar esta semana, así que ahí habrá la oportunidad de verlo en limpio", advierte Marcel, quien explicó que un tercio de los mayores ingresos por el litio va a ir a regiones y municipios, mientras que el resto será destinado a seguridad ciudadana y en inversiones en el norte del país. en el norte del país. EN BÚSQUEDA DE UN ACUERDO El parlamento lleva ocho años discutiendo la reforma previsional. Se han presentado tres proyectos de ley, de distinto corte ideológico, y ninguno concita el apoyo para ser aprobado.
Oficialismo y oposición se tiran la pelota de un lado y otro, se acusan de mezquino e irresponsable por no llegar a consenso en uno de los temas que más preocupan a la ciudadanía y una de las causas del estallido social de octubre. Este tipo de reforma requiere el apoyo de 78 diputados y 26 senadores. El actual gobierno cuenta con 25 senadores y 69 diputados, considerando a los independientes y democratacristianos. La propiedad de los fondos, el destino del 6% y la obtención de recursos para financiar la PGU son los puntos que izquierda y derecha no logran llegar a un acuerdo.
Desde la UDI, principal Verifica la fuente y distingue entre una información verdadera o falsa partido de oposición al gobierno, acusan al ejecutivo insistir "en una reforma amplia y maximalista, que priva a los afiliados de elementos tan básicos como la propiedad sobre sus fondos, su heredabilidad y la libertad de elección". Hasta el minuto los únicos puntos en los que existe un consenso son que el sistema previsional no puede transitar hacia uno de reparto, en el cual la población económicamente activa contribuye a un fondo común con el que se paga las jubilaciones a los pensionados. "En todo el mundo el reparto está en retirada porque los números demográficos no dan", señala Rafael Sánchez, economista de la Universidad Diego Portales y asesor previsional del ex presidente Sebastián Piñera. Según el académico, "en Chile por cada cuatro trabajadores hay un jubilado, antes eran diez". El otro punto compartido es la necesidad de realizar modificaciones al sistema de AFP. El gobierno propone cambios profundos como dividir la industria de gestión de fondos y la administración de cuentas de capitalización individual.
Mientras que los gremialistas, plantean cambiar la forma en la que se cobran las comisiones, pasando de un sistema de comisión por sueldo a comisión por saldo; disminuir las comisiones en caso de que los fondos tengan rentabilidades negativas por un periodo sostenido de tiempo; y eliminar las barreras de entrada para nuevas administradoras de fondos. "Hasta ayer la UDI se oponía a todo, hoy la tenemos conversando.
Es un triunfo de la apertura al diálogo", dice Ricardo Cifuentes, diputado DC y presidente de la Cámara Baja, quien sueña con que durante su presidencia el proyecto previsional vea la luz. "Nosotros vamos a estar disponibles para el aumento de las pensiones de hambre que recibe la gente", sentencia el parlamentario por Coquimbo. elDía comprometido y confiable. Encendido debate previsional entre la propuesta del oficialismo y la oposición. - - - - - - - -