La escuela como prueba de autoridad
La escuela como prueba de autoridad Reportaje Esa pregunta, incómoda pero directa, ayuda a ordenar una discusión que en Chile suele aparecer fragmentada: vioderechos de los estudiantes, atribuciones de los docentes, rol de las familias, presencia policial, sanciones y límites lencia escolar, convivencia, a la conducta dentro de los, colegios.
Vista así, el debate sobre la seguridad escolar nos da señales relevantes para discusiones que trascienden el ámbito tiRole. ¿Quién debe hacerlos cumplir? ¿ Hasta dónde debe llegar la institución escolar? ¿ qué ocurre cuando la protección de derechos entra en tensión con la demanda por orden? Con estas ideas en mente, quisimos preguntarles a las personas sobre sus visiones en la intersección de los temas de educación y seguridad a raíz de los recientes acontecimien tos en varios establecimientos escolares y las medidas que el gobierno ha sugerido promover sobre la materia.
Los resultados muestran una señal difícil de ignorar: cuando se plantea la disyuntiva entre, por un lado, privilegiar más control y seguridad, aunque nas libertades estudiantiles y, por otro, proteger derechos y libertades aunque 1 haya menos control, la mayoría de los encuestados se inclina sectorial y nos hablan sobre con claridad por la primera alternativa. una inquietud más extendida Un 83,5% declara que hoy es más importante aumentar el que existe en el Chile actual sobre la legítima autoridad: ¿ Quién puede poner límites? control y la seguridad en los VAMO A firm VA meA molotov MAÑANA 7/4 establecimientos educacionales, aunque eso restrinja algunas libertades y sólo un 16,3% prioriza proteger derechos y libertades aun cuando haya menos control. Ocho de cada diez encuestados parece percibir que el principal problema actual no es el exceso de control, sino su falta. Y sólo dos de cada diez considera que lo más importante debería ser proteger los derechos y las libertades en los establecimientos escolares. Esta diferencia es importante para entender el clima en que se reciben las propuestas de política pública sobre convivencia y seguridad escolar. En esa misma dirección, cuando se pregunta por medidas específicas, el patrón se mantiene.
De las seis medidas sancionatorias contempladas, las dos con menor nivel de acuerdo (prohibir accesorios que impidan la identificación facial y quitar la gratuidad en la educación superior para quienes tengan condenas graves) igual alcanzan a prácticamente 8 de. ¿Hasta dónde está dispuesta la ciudadanía a restringir ciertas libertades ello implique restringir alguestudiantiles si eso permite aumentar el control y la seguridad en los establecimientos educacionales? GPS ciudadano de DATAVOZ: La escuela como prueba de autoridad cada 10 personas.
Por su parte, la medida con mayor respaldo es aumentar las penas por delitos contra personas o bienes en contextos educativos con 87,6% de acuerdo total (90,6% en hogares con escolares y 84,3% en hogares sin escolares). Le sigue dar nuevas 2 atribuciones a los docentes para resguardar el orden y la convivencia escolar, con 87% (por igual en hogares con y sin escolares); luego aparecen prohibir vestimenta o accesorios que hagan apología de la violencia, las drogas o delitos con 81,1% en general, pero superior en familias con escolares (85%) que sin ellos (76,9% ), y revisar mochilas y pertenencias al ingreso del establecimiento, con 80,8%, con valores muy similares entre familias con y sin escolares a su interior. Es decir, actualmente, la demanda por seguridad no se concentra en una sola medida ni se limita a una respuesta punitiva. La interpretación más apropiada parece ser que, dadas las circunstancias, la ciudadanía parece estar dispuesta a aceptar un repertorio amplio de intervención.
Ahora bien, ese acuerdo generalizado está más al nivel del deseo que de la ejecución porque a la hora de delegar autoridad en esta materia, las diferencias aparecen: ¿ quién debe hacerse cargo?, por ejemplo frente a una medida como la revisión de mochilas, el 33,7% señala que debería ser responsabilidad de personal de orden y seguridad, un 32,4% cree que deberían hacerlo los profesores o el personal de cada establecimiento y un 26,2% opina que deben ser los padres o apoderados los responsables.
Esto es interesante a dos niveles, primero porque a la hora de delegar la responsabilidad en alguna figura de autoridad, las opiniones se dispersan; y segundo, porque en el discurso público, la familia suele ocupar un lugar central cuando se habla de disciplina, convivencia y formación, pero en este contexto, 3 los padres o apoderados no aparecen en el imaginario de los encuestados como los principales responsables o depositarios de la autoridad para este tipo de situaciones. Lo anterior sugiere que la demanda por orden en el ámbito escolar no se está expresando sólo como un llamado moral hacia las familias, sino en una expectativa de autoridad externa a ella.
El punto es delicado para los colegios, pues, si se espera que profesores o personal del establecimiento asuman tareas de control, la discusión no puede reducirse a entregar más atribuciones, sino que se debe expresar en protocolos, respaldo institucional, formación, límites legales y protección frente a conflictos con estudiantes o apoderados. Todas ellas, medidas que de no tomarse pueden terminar debilitando a quienes se supone que debe fortalecer. Ahora bien, al mirar con mayor detención las diferencias que se producen en estas visiones por grupos sociodemográficos, los efectos más fuertes y significativos se dan por grupo socioeconómico. Específicamente, al observar el apoyo a la revisión de mochilas el acuerdo es mayor en los grupos socioeconómicos bajo y medio que en el grupo alto. En términos de acuerdo total, el apoyo se acerca al 89% en el grupo bajo, bordea el 80% en el grupo medio y baja a cerca del 60% en el grupo alto. Como puede verse, la discusión sobre seguridad escolar se vive de manera distinta según la posición social.
Para los sectores socioeconómicos que están menos expuestos a los problemas de seguridad en los establecimientos escolares, medidas como la revisión de mochilas son vistas relativamente con más recelo, pero para quienes están más expuestos parecen ser interpretadas como respuestas concretas a sus actuales contextos. Si esta interpretación es correcta, no estaríamos frente a una preferencia abstracta por control, orden y seguridad, sino ante una demanda contingente frente a la exposición a conflictos, desorden o amenazas dentro del entorno escolar. Esta visión parece reforzarse si comparamos los resultados en otra de las respuestas.
Como se muestra en la medida que en términos relativos tenía menos apoyo fue quitar la gratuidad en la educación superior a quienes tengan condenas graves (77,3% ). No obstante, si miramos ese dato en forma separada entre quienes tienen personas en edad escolar en el hogar y quienes no, el primer grupo eleva su nivel de apoyo al 84,1%, y el segundo lo reduce al 70,1%. Es decir, entre quienes viven en hogares con personas en edad escolar y, por ende, experimentan de forma más cercana el fenómeno el apoyo a medidas sancionatorias aumenta respeto de quienes 5 no tienen esa experiencia directa porque en sus hogares no hay menores en edad escolar.
Es decir, a priori, podría esperarse que los hogares con estudiantes fueran más sensibles respecto de los derechos asociados al acceso a educación y reticentes, por ende, a establecer sanciones severas que no tuviesen una inspiración correctiva de conductas como parte de un proceso de formación y aprendizaje, pero los datos muestran lo contrario: quienes conviven más directamente con la vida escolar apoyan con más fuerza una medida dura y definitiva.
Eso no permite inferir por sí solo una causa, pero sí es consistente con la hipótesis que es la cercanía con el problema lo que está aumentando la disposición a respaldar sanciones más fuertes, que no es lo mismo que Reportaje Tiroteo! sostener que existe una preferencia por sanciones fuertes en abstracto. Hay aquí una pista para el debate público sobre autoridad más allá del ámbito escolar. Muchas discusiones sobre seguridad en general y sobre la seguridad escolar en particular se dan desde posiciones normativas generales: derechos, autoridad, castigo, convivencia, prevención. Todas esas dimensiones importan, pero la forma en que las personas ordenan esas prioridades parece depender también de su ubicación concreta frente al problema. No es lo mismo hablar de seguridad escolar como principio que vivirla como preocupación cotidiana. Ése es el desafío para la política pública. Una respuesta que sólo prometa mano dura puede leer bien el malestar, pero mal el problema. Una respuesta que sólo invoque derechos puede sonar insuficiente para quienes sienten que el orden básico ya se perdió. Entre ambos polos, sin caer en ninguno de ellos, parece recaer el desafío de construir autoridad legítima dentro de la escuela. Lo que se discute bajo la imagen de una mochila revisada es algo más amplio que una medida de control escolar o una restricción de derechos educacionales. Lo que está ocurriendo en las escuelas en materia de seguridad es hoy una prueba de autoridad para el país.
No porque en ella se resuelvan todos los problemas de seguridad, sino porque allí se vuelven visibles varias tensiones que tienen alcances más generales en la sociedad chilena actual: la tensión entre derechos y control, sanción y convivencia, experiencia directa y opinión general. Quizás, encontrar el camino de solución de los problemas de seguridad para las escuelas, ilumine el camino para desarrollar la capacidad de volver a poner reglas donde muchos perciben que las reglas dejaron de ordenar..