Igualdad sin retrocesos
Igualdad sin retrocesos 8M en Atacama: 0 E n el Día Internacional de la Mujer conviene resistir dos tentaciones que suelen aparecer con fuerza en esta fecha: la autocomplacencia y el pesimismo. La primera invita a pensar que ya avanzamos lo suficiente; la segunda, a creer que nada cambia. Un balance serio obliga a reconocer que los progresos en materia de género existen, pero también que la igualdad real entre hombres y mujeres ha tardado demasiado. De hecho, el Global Gender Gap Report (2025) estima que, al ritmo actual, cerrar la brecha global de género tomaría 123 años. Ese dato no es un mero número: es una advertencia política y democrática. Y la advertencia se vuelve más urgente cuando crecen las democracias iliberales. Esto es, regímenes que conservan elecciones, pero erosionan el Estado de Derecho mediante la captura de los poderes de control, la concentración del poder y la restricción selectiva de derechos. En esos escenarios, los derechos de las mujeres quedan particularmente expuestos a regresiones súbitas. Chile combina logros concretos y tareas pendientes, y el 8M es una ocasión para medirlos, mirando cuatro ámbitos clave. Un primer ámbito es la autonomía económica. En Chile, un avance concreto es la Ley 21.645 (2024), que fortalece la conciliación de la vida laboral, familiar y personal y reconoce, en ciertos casos, el derecho al teletrabajo. Es un paso crucial, especialmente para quienes enfrentan trayectos largos, responsabilidades de cuidado o labores compatibles con modalidades flexibles. Sin embargo, en materia económica, la brecha salarial de género sigue siendo significativa. Según datos del INE, en 2024 las mujeres recibieron, en promedio, 24,4% menos ingresos que los hombres entre las personas ocupadas. En Atacama, la brecha es aún más grave y se empina en el 30,5%. Un segundo ámbito es la participación en espacios de decisión.
La Ley 21.356 (2021), que establece cuotas de representación de género en directorios de empresas públicas y sociedades del Estado, corrige una tendencia histórica a excluir a las mujeres de los espacios donde se toman decisiones con impacto económico y social relevante. Sin embargo, el desafío pendiente es más exigente que "llegar". Se trata de permanecer, incidir y liderar, con condiciones que no conviertan la participación en una excepción frágil o simbólica.
En Atacama, donde la minería estructura la economía regional, el dato es elocuente: solo el 13,7% de quienes trabajan en ese sector son mujeres, y su presencia en cargos directivos no supera el 12% a nivel nacional (Cochilco, 2024). Un tercer ámbito, decisivo, es el cuidado. La igualdad se esconde tras el tiempo y la carga que las mujeres destinan desmedidamente a tareas de cuidado. En esa línea, la Ley 21.805 (2026) reconoce el cuidado como derecho y como una política pública, y crea el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados. Se trata de un giro significativo porque desplaza el cuidado desde la esfera estrictamente privada o familiar hacia una lógica de corresponsabilidad social, donde el Estado debe garantizar servicios, coordinar instituciones y fijar estándares mínimos. En términos de implementación, su prueba más exigente será a nivel territorial. El sentido de la ley exige que el sistema opere con criterios de suficiencia y acceso, de modo que la distribución territorial de la oferta no profundice las brechas que precisamente busca corregir. Un cuarto ámbito es la violencia y la seguridad. La Ley 21.675 (2024) fija un marco para prevenir, sancionar y erradicar la violencia por razones de género. Su prueba decisiva no está en su texto, sino en su eficacia: persecución penal oportuna, medidas de protección que se cumplan y redes de apoyo que funcionen de manera real y coordinada. Por su parte, la ley 21.643 o Karin (2024) busca prevenir, investigar y sancionar el acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el trabajo. Según el Dossier 2024-2025 de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, Atacama registra la tercera tasa más alta del país en denuncias bajo dicha ley, 24,23 denuncias por cada 100.000 habitantes. El 8 de marzo no exige unanimidad ideológica. Exige convicción y compromiso democrático. La igualdad entre hombres y mujeres no es una agenda sectorial, ni un tema de nicho; es una condición de legitimidad del Estado democrático de Derecho.
Y en un tiempo donde las regresiones son posibles, y a veces vertiginosas, el criterio fundamental es proteger lo avanzado, corregir lo pendiente y no retroceder.. MIRIAM HENRÍQUEZ VIÑAS DECANA FACULTAD DE DERECHO UNIVERSIDAD ALBERTO HURTADO