Inmigración y opinión pública
A mayoría de los mandatarios de la región suscribieron la semana pasada la “Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección”; es el resultado más tangible de la IX Cumbre de las Américas que se desarrolló en esa ciudad de California. La reunión estuvo marcada por la decisión del Presidente Joe Biden de no invitar a los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela, debido a que no cumplen con mínimos estándares democráticos. La exclusión causó previamente un efecto en cadena, restándose de la cita los jefes de Estado de México, Bolivia y Honduras, entre otros.
La ausencia de Andrés Manuel López Obrador y Nicolás Maduro, cuyos países son piezas clave —por diferentes razones— del fenómeno migratorio en el continente, introduce un margen de dudas respecto de la eficacia de los acuerdos adoptados.
El pacto postula la coordinación regional y facilitar la movilidad a través de vías como mejorías de los mecanismos de visado, trabajos temporales, la aceptación de personas asiladas o refugiadas, mayores controles limítrofes, expulsiones de quienes “Existe consenso en que una migración reglada, planificada e instrumentada por un Estado responsable es un aporte para los países receptores”. no cumplan con los requisitos y planes de desarrollo para mitigar la pobreza.
Según aseguró Biden, ningún país puede enfrentar por sí solo los efectos de la crisis migratoria; a su juicio, “la migración segura y ordenada es buena para nuestras economías, pero las formas ilegales no son aceptables”. Diversos analistas han manifestado su escepticismo acerca de las resoluciones de la cumbre, tanto por la profundidad histórica del problema de la migración, agudizado por la pandemia, como por las raíces económicas estructurales que la explican y la endémica debilidad institucional de los estados de la región.
A nivel local, la firma del acuerdo ha coincidido con la publicación de la encuesta de abril-mayo del Centro de Estudios Públicos (CEP) que ha evidenciado un inquietante deterioro del respaldo de la sociedad a la inmigración: 61% de los entrevistados se inclina, con matices, por prohibirla, y solo 8% apoya la completa liberación de la entrada de extranjeros.
La coordinadora del área de opinión pública del CEP, Carmen Le Foulon, destacó que se observa “un sentimiento contra la inmigración muy fuerte”. Citando la Encuesta Bicentenario2021 de la UC, el Servicio Jesuita a Migrantes (SIM) ha planteado que la sensación de que existe “un gran conflicto entre chilenos y migrantes” pasó de 48% a 64% entre 2019 y 2021. Una impresión similar ha detectado el SJM entre los propios inmigrantes.
El estudio de la UC también mostró que 78% de los consultados evalúa que la cantidad de inmigrantes es excesiva, aunque 85% indicó que nunca o casi nunca había tenido una mala experiencia con un extranjero. El jefe de estudios del SIM, Pablo Roessler, advirtió que el ingreso sin precedentes de inmigrantes ilegales ha afectado la “cohesión social” entre personas chilenas y migrantes.
Los datos del CEP sugieren —al igual que otras encuestas— una posición más crítica de la población frente al fenómeno de la inmigración, que comienza a asociarse con temas de acceso al mercado laboral, presión sobre los servicios públicos, integración urbana y comunitaria e inseguridad; los debates públicos, en sus distintas formas y plataformas, recogen un cierto desasosiego y un potencial riesgo de conflictividad.
Desde luego no es el escenario más cómodo para el Gobierno; el programa del Presidente Boric postula una estrategia más bien flexible y abierta a los flujos migratorios bajo el concepto de “acción afirmativa” y “fenómeno constitutivo” de la sociedad; la opinión pública parece orientarse en una dirección más restrictiva. Por lo mismo, es probable que la autoridad se obligue a ajustar sus planes a los imperativos de una realidad más áspera y compleja.
Existe consenso en que una migración reglada, planificada e instrumentada por un Estado responsable, activo y con autoridad, es un aporte a la economía y al crecimiento de los países receptores; hay experiencias comparadas, como la de Alemania en 2015, o las de Colombia y Ecuador, que ofrecen luces y sombras que examinar.