Autor: DR. JOSÉ SANDOVAL DÍAZ CENTRO DE ESTUDIOS ÑUBLE UBB
Columnas de Opinión: ¿Gobernar o solo gestionar la contaminación en Ñuble?
Columnas de Opinión: ¿ Gobernar o solo gestionar la contaminación en Ñuble? C on la llegada de los días fríos vuelve también una escena conocida: calefacción a leña, humo suspendido y contaminación atmosférica. El 1 de abril, además, se dio inició a la Gestión de Episodios Críticos (GEC), orientada a monitorear la calidad del aire y activar medidas frente a jornadas de alta contaminación.
Pero la cuestión de fondo es otra: ¿ cuánto puede avanzar una política de control si, al mismo tiempo, se debilitan las normas que deberían sostenerla? La preocupación aumenta si se considera el retiro de 43 decretos ambientales desde Contraloría por parte del gobierno. No se trata solo de un ajuste administrativo, sino de una definición política que afectó normas, planes y reglamentos en tramitación. Entre ellos se encontraba el instrumento que actualizaba la Norma Primaria de Calidad del Aire para Material Particulado Fino MP2,5. Su retiro implica frenar una herramienta clave frente a uno de los contaminantes más dañinos para la salud en Ñuble. La relevancia de esta decisión se aclara al mirar su relación con la GEC. La norma fija el umbral sanitario aceptable y la GEC actúa cuando ese umbral está en riesgo o ya fue superado. Por eso, mantener un estándar rezagado también limita la capacidad Estatal de proteger la salud de la población. No se trataba de una norma improvisada. Su revisión se discutía desde 2021 para actualizar el estándar vigente desde 2011. La propuesta endurecia la regulación al fijar un límite anual de 15 microgramos por metro cúbico y uno diario de 38. Según sus antecedentes, 126 comunas superarían el nuevo límite anual y su implementación podría evitar 14.660 muertes en 10 años, además de reducir hospitalizaciones por causas cardiovasculares y respiratorias. Aunque aún no alcanzaba los estándares de la OMS, sí reducía de manera importante esa brecha. Y esta problemática adquiere una expresión especialmente crítica en la conurbación Chillán-Chillán Viejo, donde la combustión residencial de leña explica cerca del 93% de las emisiones anuales de MP2,5 y el 86% de MP10. Así, el deterioro de la calidad del aire no puede explicarse solo por decisiones individuales, sino por pobreza energética, deficiente acondicionamien to térmico de las viviendas, desigualdad territorial y falta de alternativas de calefacción accesibles. En ese contexto, la exposición a contaminantes atmosféricos expresa también una forma de desigualdad socioambiental con efectos reales sobre la salud de la población. Retirar esta norma no reduce las emisiones ni la exposición de la población; debilita la respuesta regulatoria y mitigadora del Estado y transmite que Ñuble puede seguir esperando.
Por eso, cuando desde el gobierno se insiste en que el medio ambiente "no es urgente hoy" o se caricaturiza la discusión contraponiendo a las personas con los árboles, las ranitas, los pingüinos o un "nido de arácnidos", lo mínimo esperable sería fortalecer la protección sanitaria de esas mismas personas a las que invoca. Pero eso no está ocurriendo. Y eso también es gobernar: decidir cuánta contaminación se tolera y quiénes deben seguir respirándola. El deterioro de la calidad del aire no puede explicarse solo por decisiones individuales, sino por pobreza energética, deficiente acondicionamiento térmico de las viviendas, desigualdad territorial y falta de alternativas de calefacción accesibles. En ese contexto, la exposición a contaminantes atmosféricos expresa también una forma de desigualdad socioambiental con efectos reales sobre la salud de la población. Autor: DR. JOSÉ SANDOVAL DÍAZ CENTRO DE ESTUDIOS ÑUBLE UBB. El deterioro de la calidad del aire no puede explicarse solo por decisiones individuales, sino por pobreza energética, deficiente acondicionamiento térmico de las viviendas, desigualdad territorial y falta de alternativas de calefacción accesibles. En ese contexto, la exposición a contaminantes atmosféricos expresa también una forma de desigualdad socioambiental con efectos reales sobre la salud de la población.