Editorial: Fin a la impunidad
Editorial: Fin a la impunidad En la tercera incursión policial de las últimas dos semanas a Temucuicui, fue arrestado el prófugo Jorge Huenchullan, en un operativo en el que intervinieron las policías y las Fuerzas Armadas, en conjunto con el Ministerio Público. El vocero de la “comunidad autónoma”, también señalado como líder del grupo violentista Resistencia Mapuche Malleco (RMM), fue arrestado de madrugada junto a su pareja, después de huir de la justicia por casi cinco años. Un trabajo de inteligencia y el uso de drones de vigilancia permitieron ubicarlo y detenerlo en su casa. Huenchullan está formalizado por tráfico de drogas, porte ilegal de armas y municiones, y usurpación, hechos por los que, de ser condenado, podría enfrentar penas de 18 años de presidio. Se atribuyen al movimiento RMM los recurrentes atentados incendiarios que asuelan la zona de Malleco, especialmente en Ercilla. De allí que la detención de su cabecilla podría significar una cierta desarticulación o al menos descabezamiento de una organización horizontal que pareciera no tener una estructura muy definida.
Con todo, no cabe descartar que, como reacción a la aprehensión de su líder, miembros del grupo intenten nuevas acciones de represalia, con atentados incendiarios como el registrado ayer en Curacautín, lo que exige multiplicar el trabajo preventivo en el área.
El prolijo operativo policial del martes en Temucuicui, donde no hubo enfrentamientos y los detenidos fueron extraídos en un helicóptero militar, implica una acción de la máxima relevancia por la recuperación del control de ese territorio, el fin de la impunidad y el imperio del Estado de derecho, de cuya vulneración esta comunidad ha constituido un caso extremo y sostenido en el tiempo.
Al respecto, cómo no recordar, por ejemplo, la fracasada visita a la localidad que realizara, a pocos días de asumir la administración Boric, la entonces ministra del Interior, Izkia Siches, quien debió huir tras ser repelida a balazos, constatando en terreno que el hecho de que las entonces nuevas autoridades se refirieran a la zona como Wallmapu no constituía un salvoconducto de entrada. Un año antes, en una incursión masiva al área que buscaba hacer efectivas órdenes de detención y de registro, había resultado muerto un miembro de la policía, frustrando la operación.
Hasta hace dos semanas, la comunidad, conformada por alrededor de 200 familias y mil personas, parecía haberse constituido en un enclave vedado a la autoridad del Estado, desde donde se organizaban acciones terroristas y encontraban refugio delincuentes, pero al cual no podían ingresar ni siquiera los censistas del INE.
La detención de Huenchullan es una demostración tanto de la efectividad del estado de excepción, que permitió un contundente despliegue policial y de las fuerzas armadas, como de la voluntad de todas las instituciones por hacer valer el Estado de derecho. Es lamentable, en este sentido, que se observen polémicas mezquinas respecto de a quién asignar el mérito de estas operaciones.
Ellas son el resultado del trabajo profesional del Ministerio Público, de los organismos policiales y de las fuerzas armadas, en un contexto donde el respaldo de la autoridad política a la acción de los efectivos uniformados juega un papel fundamental.
Al respecto, cabe preguntarse cuál habría sido la actitud si el operativo del martes no hubiera sido exitoso. ¿Acaso no se habrían levantado múltiples voces demandando la responsabilidad política del Gobierno en ello? Hacia adelante, la decisión de terminar con la violencia debiera traducirse en un círculo virtuoso que beneficie a las comunidades vulnerables de esas regiones, afectadas largamente por actos de violencia que comprometen sus fuentes de trabajo y su seguridad. Restablecer el orden y el Estado de derecho implica un trabajo mancomunado de todos los poderes del Estado y, también, un discurso transversal de rechazo a toda forma de violencia e impunidad. El país ha pagado un alto costo por la ambigüedad que se ha demostrado al respecto. Llevar la presencia del Estado allí donde su actuar está siendo reemplazado por el crimen y la fuerza delictual es una tarea urgente, compleja y de largo aliento. Por ello, debe ser prioritaria.
La detención de Huenchullan es una señal contundente de la voluntad de todas las instituciones por hacer valer el Estado de derecho.. La detención de Huenchullan es una señal contundente de la voluntad de todas las instituciones por hacer valer el Estado de derecho.